Varios usuarios de tarjetas de crédito y de débito comenzaron a presentar sus quejas a los bancos debido a una extraña situación: recibían los plásticos nuevos en su domicilio, pero en el primer resumen de cuenta les rendían gastos antes de la fecha en que el correo privado les había entregado la tarjeta.
“Recibí la tarjeta el 10 de abril y me llegó un consumo del 6 de abril; imposible”, comentaban los damnificados.
Una prolija investigación del fiscal de Ciberdelitos de Córdoba Franco Pilnik Erramouspe permitió detectar de qué manera los 35 usuarios habían sido defraudados por un monto global que se aproxima a los 100 millones de pesos, a valores de 2021, cuando se produjeron los hechos.
La clave estaba en que un empleado infiel del correo privado Andreani había ideado una forma de “gastar” con la tarjeta antes de que el dueño la reciba. ¿De qué manera? Acercándoles un postnet al sobre cerrado en cuyo interior estaba el o los plásticos que el banco enviaba a los clientes.
El sistema contactless, o de “pago sin contacto”, posibilita transferir dinero o efectuar compras acercando la tarjeta de débito o de crédito a una terminal de pago (posnet).
Por eso, por más que la tarjeta estaba dentro del sobre del correo y era imposible verla o tocarla, su proximidad al posnet le permitía hacer el pago sin inconveniente.
Hay que aclarar que esa modalidad aprovechó una contingencia “única” que planteó la pandemia, porque había tarjetas que estaban “preactivadas”, según comentaron en la Fiscalía de Ciberdelitos.
A partir de esta “ingeniosa” idea, quien está acusado de liderar la banda, el empleado del correo privado Jorge Luis Bustamante diseñó una logística que se convirtió en una formidable maquinaria estafatoria, según la instrucción de la causa elevada a juicio con 30 acusados.
El primer paso, además del conocimiento de la “posibilidad” que otorgaba el sistema, fue crear empresas “fantasma” para solicitar a Mercado Libre los posnets que comenzaron a manejar antes de distribuir la correspondencia con los plásticos a los domicilios.
Lo que tenían que hacer, según sostiene la investigación de Pilnik, era acercar el sobre (con el plástico adentro) a la máquina lectora y “facturarle” un consumo para una empresa que no existía.
En ocasiones, realizaron varios consumos por cada tarjeta, por lo que el número de estafas es superior a los 35 damnificados.
Luego, el monto recaudado se dirigía a diferentes cuentas de “mulas” que prestaban su nombre para hacer pasar el dinero antes de derivarlo al recaudador.
Además del líder, la banda de 30 integrantes que fueron imputados se distribuía en dos grupos: los titulares de comercios falsos y los “muleros” que aportaban sus cuentas para “tapar” el destinatario final de las operaciones fraudulentas.
Juicio, condenas y resarcimientos
El fiscal Pilnik Erramouspe imputó a Bustamante como jefe de la asociación ilícita y a otros 29 integrantes de esa agrupación delictiva, todos con la acusación de “estafas reiteradas”.
Bustamante resiste la acusación, lo mismo que el grueso de la banda. Sin embargo, el fiscal logró acuerdos con los defensores de 11 acusados para ir a un juicio abreviado inicial que se celebró el pasado martes.
Ante el juez de Control José Milton Peralta, los 11 imputados admitieron su culpabilidad, confesaron los hechos, se mostraron arrepentidos y pidieron disculpas por el daño cometido.
A pedido de Pilnik Erramouspe, el juez Peralta aplicó para los 11 imputados una pena de 3 años de prisión efectiva, más el decomiso de sus celulares.
Pero, a su vez, los condenados ofrecieron resarcimientos por la totalidad del daño ocasionado en cada una de los hechos. Los valores actualizados se multiplican aproximadamente por 10 por haber sido cometidos durante la pandemia.
Hay que aclarar que las entidades bancarias, conscientes de la maniobra dolosa ajena a sus clientes, restituyeron el dinero de los consumos que no correspondían al titular de la tarjeta.
Por eso, se estima que lo que han pagado los condenados se dirigirá a las entidades crediticias.
Van a juicio
Por otra parte, Bustamante y los otros 18 acusados resisten la acusación del fiscal Pilnik Erramouspe y decidieron entrar a un juicio “abierto” en una cámara del crimen, para discutir la prueba.
Sin considerar las estafas reiteradas, la pena como integrante de asociación ilícita tiene un mínimo de tres años, en tanto que la de líder u organizador del agrupamiento delictivo conlleva un castigo de un mínimo de 5 años de prisión.
La apuesta de los acusados es arriesgada, si se considera que la prueba recolectada -según comentan en Tribunales 2- es sólida y abundante.
