En la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, se dictó el pasado viernes sentencia condenatoria a quien hasta mediados de 2022 fue jefa de Contaduría de la Municipalidad de Mendiolaza (departamento Colón), Dayana Stefanía Roldán (37), quien durante 25 meses realizó una gran cantidad de transferencias a su cuenta bancaria y a la de su marido, Marcos Darío Farías (38), cabo primero de la Fuerza Aérea.
Por un perjuicio total de $ 10.316.496 al municipio, a valores de 2022, ambos fueron condenados por “defraudación agravada en perjuicio de la administración pública continuada”, ella como autora y su marido como partícipe necesario para concretar la maniobra.
Ella recibió una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos administrativos en el ámbito estatal (municipal, provincial o nacional), según el veredicto dictado por el vocal Carlos Palacio Laje y a partir de los pedidos de pena del fiscal de cámara Gustavo Arocena.
En tanto, él accedió a una probation (suspensión del juicio a prueba) a cambio de trabajos comunitarios y del pago a modo de resarcimiento al municipio de $ 1 millón, en 10 cuotas de $ 100 mil mensuales cada una.
En el debate, la sentencia condenatoria a Roldán –que renunció apenas le abrieron sumario administrativo– señala que se da por “desistida” la acción civil que había interpuesto la Municipalidad de Mendiolaza.
También se indica que el embargo que se había trabado a un automóvil particular, del cual se había obtenido en subasta unos $ 6,35 millones, quedó cancelado. En consecuencia, ese dinero que estaba resguardado en una cuenta de una sucursal de Bancor queda a disposición de la condenada Roldán cuando la sentencia quede firme.

Además de abonar una tasa de justicia de $ 1,4 millón, Roldán deberá “realizar tareas comunitarias no remuneradas en esta Provincia, por lo menos a razón de 12 horas por mes calendario (con libre distribución horaria)” a favor de una entidad pública, o privada de bien público.
Se descubre el escándalo
Al menos hasta el año pasado, Roldán estaba trabajando como contable en una empresa autopartista de Los Boulevares.
Dejó su cargo de jefa de Contaduría de Mendiolaza a partir de lo que se gestó por las denuncias en primer término efectuadas por la tribuna de Cuentas municipal Ángela Alessio, con el patrocinio del abogado penalista Juan Pablo Ruiz.
Entre las presentaciones que formularon Alessio y su equipo, daban parte de transferencias realizadas por Roldán a ambas cuentas bancarias, además de muestras del patrimonio y nivel de gastos del matrimonio Farías-Roldán que no se correspondían con sus salarios: viajes fastuosos, vehículos adquiridos y una vivienda en construcción.
Corría septiembre de 2022 y el municipio comandado en ese entonces por el intendente Daniel Salibi abrió sumario administrativo en contra de la funcionaria que tenía acceso a todas las claves bancarias de la comuna y que se hacía cargo de los movimientos bancarios y del pago de gastos. En la respuesta que se hizo el 19 de ese mes a las denuncias por “irregularidades en Hacienda”, se indica que la jefa de Contaduría había renunciado.

Como parte de esos giros bancarios indebidos, señala la instrucción, a cargo del fiscal Anticorrupción del 1° Turno de Córdoba, Matías Bornancini, que Roldán efectuó continuadas transferencias –varias veces por semana– durante 25 meses, entre el 1º de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2022. Los volúmenes oscilaban entre montos pequeños, como $ 7 mil, hasta cantidades mayores, registrándose alguna transferencia de $ 100 mil.
Según comentó Alessio a La Voz, todo se descubrió por un contador “suplente” que reemplazó a Roldán durante una licencia por vacaciones. Allí se dio con las transferencias que no se correspondían con movimientos inherentes a pagos o a necesidades de la comuna y, en cambio, se dirigían a dos cuentas que luego se comprobaron que pertenecían a ella y a su marido.
Luego del sumario, la Municipalidad hizo su denuncia penal, que llegó al fuero Anticorrupción y terminó en el juicio que finalizó este viernes en la Cámara 10ª del Crimen.
La acusación
En el expediente que labró Bornancini hasta mayo de 2024, el fiscal Anticorrupción acusa a Dayana Roldán señalando que violó “los deberes inherentes a su función” y que “habría diseñado junto con su esposo Marcos Farías un plan para procurar un lucro indebido a su favor y al de su marido, toda vez que, simulando efectuar transferencias a proveedores del municipio, habría desviado fondos de las arcas municipales hacia sus cuentas personales, generando con esta maniobra defraudatoria un perjuicio para el municipio que asciende aproximadamente a la suma de $ 10.316.496”.

El fiscal investigador sostuvo en la elevación a juicio que “surge de manera concluyente que la imputada Dayana Roldán, con la cooperación indispensable de su marido, aprovechando maliciosamente el uso de las claves bancarias que le habían confiado en razón del cargo que detentaba, realizó múltiples transferencias fraudulentas desde la cuenta bancaria N° 980/09 (de Banco Roela), que el municipio destinaba para el pago de proveedores, hacia dos cuentas particulares, una a su nombre (Dayana Roldán) y la otra a nombre del imputado Marcos Darío Farías, su marido".
El juicio
El debate oral se desarrolló la semana pasada en Tribunales 2 y terminó con dos sentencias acotadas a los protagonistas de esta historia.
El fiscal de cámara Gustavo Arocena planteó la pena de ejecución condicional y la inhabilitacón perpetua para Roldán y acordó una probation para su marido, cabo primero de la Fuerza Área.
Él también deberá realizar tareas comunitarias –ocho horas por mes–, según se lee en la resolución 87 que resolvió la situación de Farías.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 31 de julio.