En la mayor investigación por narcotráfico en la última década en Córdoba, la Justicia federal condenó a la banda liderada por el narco Juan Carlos “Sieto” Brizuela (46), quien traficó 862 kilos de cocaína en complicidad con su familia y allegados.
El descubrimiento del enorme cargamento se produjo el 24 de marzo de 2024, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un camión que transportaba zapallos y calabacines en la ruta nacional 9, a la altura de la localidad salteña de El Durazno.
Allí incautaron el más importante cargamento de cocaína en una década, en el marco de una investigación federal iniciada en Córdoba.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba impuso 10 años de prisión a “Sieto” (47); cuatro años a Sergio Ariel Brizuela (49); seis años a Rodrigo Carlos Emanuel “Goqui” Brizuela (25); tres años a Facundo Carlos Gabriel Brizuela (21); tres años a Romina Margarita Brizuela (25); seis años a Ramiro Félix Tapia (43); tres años a Paola Beatriz Guerrero (35); tres años José María Astorga (24); cuatro años a Rosa Margarita Espinoza (53); tres años a Jazmín Ayelén Choque (24); cuatro años a Javier Luis “Casco” Humacata (43), y tres años a Fátima del Valle Brizuela (28 ).
Si bien se investiga su participación delictiva, no fueron enviados a juicio el supuesto proveedor narco boliviano Roberto Zacarías Acuña (también conocido como Roberto Acuña Magne), que deberá ser extraditado desde su país a la Argentina, y Juan Carlos Ariel “Cacalo” Brizuela y Luciano Benigno Ordoñez (este último cayó detenido en Córdoba tras intentar hacerse pasar por su gemelo). Tanto “Cacalao” como Ordoñez serán enjuiciados por otro tribunal federal (el Nº 3 de Córdoba).
De un nombre a una narcobanda
El disparador clave de la investigación del fiscal federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, fue un nombre: Rosa María “Mery” Espinoza aparecía en la nómina de contactos del condenado narco Eugenio Andrés Cavas (falsamente autoproclamado “Javier Cañete”).
También instructor en la causa de Cavas, Hairabedian recordó que el traficante contaba con una lista de proveedores de drogas para su negocio de 300 kilos de marihuana, que ocultaba bajo la fachada de una concesionaria de autos de lujo en Villa Carlos Paz.
De esta forma, el acusador puso el foco en Espinoza –una exenfermera de una reconocida clínica de Córdoba y vendedora de juguetes- como una de las supuestas abastecedoras de droga “bajada” desde el norte del país. El nombre de la mujer no surgió, sin embargo, de la investigación por la que Cavas fue condenado, sino de otra derivada, que luego perdió impulso.
A partir de ciertas sospechas, el instructor fue reuniendo una serie de indicios sobre presuntas actividades vinculadas al tráfico de drogas procedentes desde Bolivia con destino hacia Salta y Jujuy, zonas muy permeables al contrabando de sustancias ilícitas.
Durante el debate, en el que Hairabedian actuó como fiscal de juicio, el Tribunal Oral 2 comprobó que durante al menos dos años y un mes (entre febrero de 2022 y el 24 de marzo de 2024), “Sieto”, con la ayuda de otros implicados, organizó y financió el almacenamiento, el transporte y la distribución de cocaína desde Salta y Jujuy hacia Córdoba y Buenos Aires.
A partir de la gran cantidad de escuchas telefónicas ordenadas por el Juzgado Federal N° 1, por entonces a cargo del subrogante Alejandro Sánchez Freytes, los investigadores pudieron hilvanar la red narco de “Sieto”, a quien llamaban “Jefe”, “Don” o “Doncito”, incluso con cierto temor. “Era quien conducía el negocio ilegal, impartiendo órdenes, coordinando las actividades y proveyendo los medios”, sostuvo la jueza Carolina Prado, con la adhesión de los vocales Noel Costa y José Asís.
Así, los estupefacientes habrían sido vendidos por Zacarías Acuña (o Acuña Magne) e ingresados desde Bolivia a Jujuy y Salta, burlando los controles aduaneros. “Meri” Espinoza –también conocida como “La Señora” o “Cami”- “intermediaba en la compra, el transporte y la venta del estupefaciente que proveía Zacarías Acuña, de su íntima confianza”, con quien mantenía asiduo contacto, según afirmaron los jueces en su fallo.
La mujer era, en definitiva, el “nexo” entre proveedores y compradores de los estupefacientes, y cumplía además tareas de coordinación del transporte de la droga en Córdoba, y el posterior pago. Fue captada en una llamada telefónica cuando Espinoza consultó a otro sospechoso sobre mover kilos de drogas a Córdoba, estableciendo su preferencia por el “verde del delfín” respecto del “plateado”, porque era más difícil de comercializar.
“Delfín” es el sello de varios cargamentos de cocaína secuestrados en Córdoba y otras zonas del país, un punto mencionado por el fiscal en el juicio. La comunicación reveló además el precio de un kilo de esa sustancia, 3.800 dólares, como así también su consistencia y calidad (“cristal laja”).
Aunque registraba residencia en barrio Alta Córdoba, ese domicilio funcionaba como “búnker” para el almacenamiento de las drogas que la organización narco “bajaba” del norte. A pesar de que Espinoza negó conocer a “Sieto”, las evidencias comprobaron lo contrario, porque ambos y el boliviano compartieron tiempo y espacio en Córdoba y Buenos Aires, de acuerdo con sus geolocalizaciones.
“Sieto” y su hijo “Cacalao” mantenían tal vinculación con Zacarías Acuña que, incluso, le decían “el Bro” o “Brother”.
Desde su liderazgo en la estructura, “Sieto” se valió de su entonces pareja, Guerrero, para que fuera la intermediaria con Espinoza, acordando el pago de cocaína y el traslado a lugares de acopio provisorios. Hasta la animó a cobrar más presencia en las maniobras, bajo la promesa de enseñarle el negocio.
Ordoñez (criado por “Sieto”, pero sin vínculo sanguíneo con él) y otro de los hijos del líder, Facundo Brizuela, protegieron la droga ante el riesgo de que fueran descubiertas las operaciones de tráfico. Por orden de su padre, Facundo realizó tratativas para comprar galpones en Jujuy por U$S 180 mil para guardar la gran cantidad de camionetas de lujo y autos que “Sieto” recibía como parte de pago por los estupefacientes.
Parte de estos vehículos eran luego utilizados, como es habitual en muchos casos, para el “barrido” durante el transporte, a fin de no ser detectados por los “milicos” (efectivos de las fuerzas de seguridad) con los cargamentos de droga “bajados” al centro del país.
Ordoñez y Facundo Brizuela, además, tuvieron un despliegue más amplio en la banda, ya que actuaron como “punteros”, para que “Sieto″ pudiera trasladar las sustancias con éxito en ocho ocasiones.
En esa tarea, también intervinieron Sergio Ariel Brizuela (hermano de “Sieto” y su “mano derecha”), quien controlaba la carga, Romina Brizuela (hija de Sergio y sobrina de “Sieto”) y Choque y “Gogui” Brizuela (hijo de “Sieto”), oriundos de Jujuy y Salta.
Siempre subordinado a su padre, “Gogui” hacía las veces de “mensajero” de las consultas de Espinoza dirigidas al jefe de la banda y cobrador de los cargamentos junto a su novia, Jazmín Choque (en su caso, el tribunal evaluó, con perspectiva de género, que estuvo subordinada a su pareja).
Fátima Brizuela (otra hija de “Sieto”) participó en menor medida, ya que se limitó a recibir mensajes de su padre y trasmitirlos, comprar pasajes de avión y trasladar una camioneta (también se tuvo en cuenta el acatamiento de las órdenes de sus familiares varones, al igual que Guerrero, por entonces pareja del jefe narco).
Respecto de tales cargamentos, en ocasiones “Sieto″ (con una condena previa por drogas en Salta) trasladó personalmente la droga, mientras que otras veces la organización se valió de camiones o “remises”, en un lenguaje elusivo pero lo suficientemente claro de las maniobras.
Así, entró a la estructura Astorga, un comisionista de frutas y verduras y gestor del transporte de cargas generales legales, a través de Ordoñez. Astorga fungió como intermediario con camioneros de máxima confianza, como Tapia, para esconder la droga y transportarla.
Los investigadores pudieron determinar también que “Casco” Humacata, un delincuente doblemente condenado en Salta, recibió órdenes del jefe narco para entregar droga en Buenos Aires y buscar una “guarida” para esconder sustancias.
De esta manera, la droga era “bajada” desde el norte hacia Córdoba y Buenos Aires y alrededores como destinos finales. Una vez que la recibía, Espinoza y otros sospechosos se encargaron de distribuirla y venderla para cerrar el círculo ilícito.
Cocaína a gran escala
En el juicio, casi todos los imputados, con excepción de Espinoza, admitieron su participación en las maniobras y el fiscal Hairabedian solicitó una modificación en el primer hecho imputado y pidió que fueran condenados por asociación ilícita.
Al respecto, dio razones para el cambio y notificó previamente a las defensas, sin que se violara el principio de congruencia. El tribunal impuso casi las mismas penas a los imputados, con excepción de Astorga, para quien el fiscal había solicitado cuatro años y recibió finalmente tres.
