Un total de 39 integrantes del clan Ming fueron condenados en China, con 11 de ellos sentenciados a la pena de muerte. El Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, dictó la sentencia el pasado lunes contra los principales miembros del clan, acusados de liderar un vasto imperio delictivo transfronterizo en la frontera con Myanmar.
Esta dura condena se enmarca en la campaña activa de Pekín para desmantelar las redes de fraude transfronterizo que proliferaron en la zona limítrofe con Myanmar.
Las condenas y el imperio criminal
La sentencia recaída sobre los 11 condenados a muerte forma parte de un fallo más amplio que también incluyó cinco penas de muerte suspendidas y condenas de prisión de entre cinco y 24 años para otros doce acusados. Los once sentenciados a la pena capital deberán esperar la revisión obligatoria de sus casos por parte del máximo tribunal de justicia de China, un requisito previo a la ejecución de la pena.
La familia Ming, identificada como una de las llamadas “cuatro familias” mafiosas del norte de Myanmar, fue la responsable de construir un complejo entramado de actividades ilícitas que incluían estafas en línea, narcotráfico y casinos ilegales. Estas operaciones se desarrollaban a través de grandes complejos de fraude en la región autónoma de Kokang, cuya capital, Laukkaing, se había convertido en el epicentro del crimen organizado regional.
Trata de personas y diez víctimas mortales
Entre los delitos probados contra el clan figuran el fraude masivo en línea, la trata de personas y los asesinatos de aquellos que intentaron escapar de los complejos.
Las investigaciones señalan que la organización generó miles de millones de dólares mediante el fraude en línea, dinero que utilizaron para financiar grupos armados y expandir prostíbulos y casinos. Para sostener estas actividades, víctimas eran traficadas y obligadas a trabajar bajo amenazas y vigilancia armada. En el punto máximo de su operación, la organización llegó a controlar a más de 10.000 personas en los parques de estafas, según la cadena estatal china CCTV.
El tribunal responsabilizó directamente a la organización por la muerte de al menos diez víctimas. Entre los incidentes violentos, se comprobó que cuatro víctimas fueron acribilladas durante un traslado forzoso ocurrido en octubre de 2023.
La presión de Pekín y el suicidio del líder
La presión ejercida por Pekín contra estos recintos fraudulentos se intensificó notablemente en 2023. El impulso provino de denuncias internacionales y, crucialmente, del reclamo de familias chinas que buscaban a sus parientes desaparecidos. Las autoridades chinas llegaron a ofrecer recompensas de hasta 70.000 dólares por los líderes del clan para acelerar su desmantelamiento.
En medio de la ofensiva, el jefe de familia, Ming Xuechang, se suicidó mientras se encontraba bajo custodia. Sus hijos y nietos fueron arrestados poco después, llevando a la reciente condena.
