Se confirmaron los rumores de cambios en la Policía: se marchan la subjefa comisaria general Claudia Salgado; el jefe de la Dirección de Unidades Departamentales Sur, comisario mayor Gustavo Della Mea, y la titular del Tribunal de Conducta Policial, comisaria mayor María Angélica Paredes.
El comisario general Marcelo Alejandro Marín, es el único de los subjefes que quedará en el cargo, tras la remoción de Alejandro Mercado -detenido e imputado por asociación ilícita- y el reitro de Salgado.
El triángulo de subjefes se rearmará con el comisario mayor Federico Cisnero en el área administrativa y el comisario general Antonio Urquiza en Interior.
Cisnero es abogado, como Alberto Bietti, quien continuará al frente de la estratégica Dirección General de Investigaciones Criminales.
En Seguridad Capital, el comisario general Iván Rey releva al saliente Cristian Maza, acusado de un presunto acoso sexual y en situación pasiva tras esa denuncia.
Las dos departamentales del interior cambian de jefe: el comisario general Cristian Gómez reemplaza al saliente Della Mea y el comisario general Ariel Vargas al promovido Urquiza.
En la Policía Caminera, el comisario mayor -y abogado- Maximiliano Ochoa asciende de ser secretario del jefe de Policía y ocupa el lugar que deja Rey.
El comisario mayor René Villegas toma la Dirección General de Control de conducta, en lugar de Paredes.
La Dirección General de Policía Territorial pasa a manos del comisario mayor y abogado Ismael Yabour, que reemplaza a Gomez.
En la Dirección General de Recursos Humanos, el comisario mayor Cristian Murialdo releva al comisario general Roberto Orentani.
Se sostiene en la Dirección General de Tecnología el comisario general Andrés Cambronero. Es licenciado en Informática y máster en Ciberdelito.
No hay cambios en la Patrulla Rural, a cargo de Jorge Funes, ni en la Dirección de Gestión Administrativa, a cargo del comisario general Daniel Bolloli.
Para el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, “en este nuevo Estado Mayor de 13 miembros (incluidos jefe y subjefes) todos son licenciados en seguridad y cinco tienen otro título de grado. No tengo dudas de que tengo la cúpula de fuerzas de seguridad más profesional del país”.
Si bien reconoce que esto no ofrece garantías de resultados, “deja claro el rumbo que tenemos en el Gobierno respecto a la formación policial”, según Quinteros.
Tensiones y movimientos
A lo largo de estos 12 meses, la Policía cordobesa se ha visto sacudida por varios escándalos con uniformados de distintos rangos, involucrados en supuestos hechos delictivos.
En rigor de verdad, nada sobresaliente si se tienen en cuenta los graves episodios delictivos de años anteriores de la fuerza de azules como los casos de “gatillos fáciles”.
La caída y detención de Mercado, a mediados de 2024, fue el terremoto máximo.
Significó un duro tropiezo para Quinteros y un fuerte temblor para toda la cúpula policial. El “golpe” se sintió y mucho en el Panal.
A poco de la caída de Mercado, la subjefa Salgado también anunció su partida.
Quinteros, Gutiérrez y otros jefes la convencieron para que siguiera en su puesto. Ella aceptó y tomó una licencia de pocos días.
Sin embargo, la comisaria (fiel ladera de la exjefa Zárate) ahora ha puesto punto final a su cargo. Y se va.
“Ciclo cumplido”, explicaron desde su entorno.
La misma decisión tomaron la comisaria general Paredes, quien trabaja en Conducta Policial, y el comisario general Della Mea, quien supo trabajar por años, largos años, en la Policía de Río Cuarto.
Por ahora, no quedan mujeres en cargos jerárquicos de importancia en la Policía.
¿Y en la FPA?
Hay versiones insistentes sobre partidas y cambios en la Fuerza Policial Antinarcotráfico, cuyo jefe es el comisario Adrián Salcedo (un ex-Eter de la Policía).
Salcedo está al frente de la FPA desde su creación, allá por 2014, luego del “narcoescándalo” que significó que desapareciera la división Drogas Peligrosas de la Policía provincial.
No hay buenos tiempos mucho menos en la FPA. Hay una investigación judicial seria y grave por supuesta corrupción en esa dependencia: el robo de droga secuestrada para el pago de informantes en el norte de Córdoba. Pago a buchones para lograr operativos “exitosos”.
En esa causa, hasta el fiscal antinarco Raúl Ramírez (un excomisario mayor y abogado) quedó sospechado y se encuentra contra las cuerdas.
La FPA se dedica al combate del narcomenudeo en Córdoba y depende del Ministerio Público Fiscal (MPF). El pasado miércoles, la Legislatura aprobó una ley que permite la incorporación de militares a esa fuerza de seguridad.
Este jueves, se inauguró una base de la FPA en Marcos Juárez. El acto fue presidido por el gobernador Martín Llaryora, quien estuvo acompañado por el fiscal General, Juan Manuel Delgado, y por el comisario Salcedo.
“Agradezco a la Jefatura de la FPA, a Francisco Salcedo y a su equipo por el trabajo, la dedicación, por la voluntad de combatir el narcotráfico y por llevar a la fuerza a ser una de las más valoradas del país”, dijo el gobernador.
No son pocos los que ven esta frase como una despedida.
