Sigue avanzando la causa que instruyó la fiscal Silvana Páez por el robo de viviendas de countries mediante el uso de tecnología de punta para engañar a las guardias. A la elevación a juicio dispuesta por la investigadora de Villa Carlos Paz, se le sumó ahora el aval del juez de Control de esa ciudad, Daniel Strassorier.
Están citadas a juicio por numerosos delitos siete personas sindicadas como presuntas integrantes de una banda acusada de ingresar a varios barrios cerrados del Gran Córdoba para saquear viviendas que en ese momento estaban desocupadas.
Con varios integrantes de un grupo familiar, el grupo está supuestamente conducido por Valeria Andrea Britos (45) y su hermano Ramiro Nicolás “Nico” Britos (28). Este último habría ingresado supuestamente al interior de los countries con el hijo de Valeria, Ángel Rodrigo “Oreja” Benavídez (21); con Alan Leonel “Tumbado” Sariago (28), y con Marcos Agustín “Cuca” Escudero (23), siempre según la sospecha fiscal.
Luego se agregó entre los acusados a Fernando Adrián “Chiri” Britos como supuesto miembro del grupo que pasaba las guardias de los barrios cerrados sin problemas, como si fueran propietarios, porque tenían tarjetas clonadas.
Además, entre los imputados, se encuentra un subcomisario de la Policía que habría brindado datos clave a Valeria Britos. Se trata de Maximiliano David Merlo, quien es el único de los acusados que sigue en libertad.
La acusación de la fiscal Páez, validada por el juez Strassorier, es por un rosario de delitos graves: asociación ilícita, robo calificado por escalamiento, robo calificado en poblado y en banda y violación de domicilio, 26 hechos.
Los hechos perpetrados, según la acusación, fueron en diversos countries de los alrededores de la ciudad de Córdoba: Las Cañitas (Malagueño, siete); Bella Vista (Río Ceballos, cinco); Villa Catalina (Río Ceballos, tres); Tejas 4 (Malagueño, cuatro); Causana (Malagueño, tres), y Cuatro Hojas (Mendiolaza, cuatro).
Llegaron a cometer golpes grandes robando en una vivienda U$S 100 mil a una familia, en otra U$S 50 mil, y a una casa le llevaron objetos valiosos y un automóvil VW Taos.
Se estima que el perjuicio global ocasionado en estos 26 robos ascendería a más de U$S 200 mil.
De última generación
Según el expediente, los acusados usaban tecnología de avanzada para poder ingresar “como Pancho por su casa”. Para esto, utilizaban en los puestos de control tarjetas clonadas, pasando por el carril de propietarios cuyas barreras les abrían el acceso sin problemas.
¿Cómo obtenían las tarjetas? Utilizaban dos dispositivos de avanzada: primero seguían a un propietario y, cuando se estacionaba, con un dispositivo Pandora le inhibían la alarma y el cierre centralizado del vehículo. Una vez que el propietario se alejaba, entraban al auto y buscaban la tarjeta original de pase. En ese mismo lugar, se valían de un “Flipper”, otro mecanismo electrónico que copiaba la tarjeta original a un plástico nuevo.
Luego, dejaban la tarjeta original en el vehículo del dueño y, más tarde, se dirigían a su country, donde podían ingresar a numerosas casas sin despertar sospechas.
Tras receptar las denuncias, la fiscal Páez fue rápida en su accionar: comisionó a los técnicos de la DIO (Dirección de Investigaciones Operativas) de la Policía Judicial y les pidió un doble trabajo: el análisis de las cámaras de seguridad de los countries y de los peajes, más el entrecruzamiento de teléfonos celulares de los miembros de la banda.
En uno de los robos, resultó víctima el abogado penalista Carlos María Cardeilhac, quien se ha constituido como querellante, actor civil y representante de otro damnificado. El letrado se mostró satisfecho con el avance que está generando el expediente y confía en los resultados de un juicio.
Como lo hizo al comenzar la investigación, Cardeilhac destacó la investigación realizada por la fiscal Páez, que consiguió identificar y detener a los presuntos responsables.
Recurso
Más allá de este avance decisivo, el policía que no está detenido viene resistiendo la elevación a juicio. El subcomisario Merlo está acusado de proporcionar datos a Valeria Britos para facilitar su tarea. Según el expediente, le informaba si alguno de los vehículos que usaba la banda tenía pedido de secuestro (por haber sido visto como sospechoso) o si alguno de los miembros del clan tenía pedido de captura.
Hace unos días, el abogado defensor de Merlo, Jorge Sánchez Del Bianco, interpuso apelación a la decisión del juez Strassorier. Ahora, se espera, para comienzos del año que viene, la decisión final de la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.
Los otros acusados, todos los “civiles” que pertenecerían a la banda, no resistieron la medida y están dispuestos de ir a juicio.
A raíz de estos hechos, hoy estos countries han cambiado su tecnología de acceso y ya cuentan con mecanismos de lectura biométrica, en su mayoría con lectura de rostro o de reconocimiento facial. Como se aprecia, el permanente avance de los métodos del hampa obliga a una constante actualización de la tecnología para evitar robos que pueden causar severos perjuicios.
