A cargo del Juzgado de Control N° 7 de la ciudad de Córdoba, Juan Manuel Ayán avaló la actuación del fiscal especializado en Cibercrimen Franco Pilnik Erramouspe y dispuso que debe realizarse el juicio en contra de una banda que realizaba estafas a particulares mediante la técnica del phishing.
Como lo había dispuesto el fiscal instructor, el juez Ayán dispone que deben ir a juicio como integrantes de asociación ilícita Gustavo Atilio Battigane, señalado como “jefe”, mientras que les adjudica el rol de “organizadores” a Gerardo Raúl Carrasco, Bernardo Enrique Roca y María José Barbieri, todos acusados además de 18 hechos de estafas.
También como partícipes de estafas, se envía juicio a otros “miembros” de la agrupación ilegal, Javier Oscar Catozzi, Matías Ezequiel Clavero de La Fuente, Ruth Noemí Díaz, Enzo Fernando Mansilla, Fernando Maximiliano Moreno y Sergio Andrés Trossero.
Sin acusación de estafas, a Carolina Verónica Argañaraz y Romina Alejandra Valdez se les imputa ser miembros de la asociación delictiva.
La agrupación contaba entre sus filas a un contador, dos hackers y varias “cibermulas” integraban una banda de estafadores que, a través de una página web trucha, pero similar en su estética a la de la Municipalidad de Córdoba, estafó a varios morosos con la tentadora oferta de un “descuento del 50 por ciento y 12 cuotas” para abonar impuestos atrasados.
La desarticulación de la banda ocurrió 10 meses después de que La Voz expusiera el caso, y tras una sistemática investigación de la Fiscalía de Delitos Informáticos que conduce Franco Pilnik.
Pilnik logró desarticular a la banda cuando sus miembros se disponían atacar bases de datos de bonaerenses, también con el gancho de un “descuento del 50 por ciento y 12 cuotas” para saldar impuestos. La página web tenía diseños prácticamente idénticos a los originales de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba).
En Córdoba, la maniobra era la siguiente: a través de un e-mail con el logo de la Municipalidad de Córdoba y la cara del intendente Martín Llaryora, enviados a bases de datos, interesaban a deudores de tasas municipales de un plan de pagos en cuotas y con una quita del 50 por ciento.
Al responder el contribuyente, ese correo redireccionaba hacia la página web ilegítima que copiaba la estética de la web oficial de la Municipalidad y que embebía el Portal Tributario de la Municipalidad, a través del cual se generan los cedulones de pago de las tasas de Automotores, Inmuebles y Comercio, entre otras.
Fundamentos del juez
Tras analizar las oposiciones de las defensas, el juez Ayán confirmó que está satisfecho el grado de probabilidad requerido para la instancia del juicio en lo relativo a la existencia de la actividad desplegada por la banda y la participación de los imputados.
La maniobra denunciada se valía del montaje de páginas web falsas, tales como “moramuni.info” o “municba.info” para inducir al error a contribuyentes cordobeses, haciéndoles creer que estaban en condiciones de acogerse a una moratoria municipal inexistente. De este modo, se les ofrecía la posibilidad de acceder a una condonación de un 50 por ciento de la deudas.
De acuerdo al expediente tramitado por Pilnik, los integrantes de esta organización enviaban mensajes de correos electrónicos simulados y, mediante distintas la técnica del phishing (pescar datos) captaron numerosas víctimas. En esos correos insertaban vínculos que dirigían a las páginas web apócrifas que fueron modificando para poder seguir engañando a los incautos.
De acuerdo al expediente, en una segunda etapa del engaño ardidoso se sumaron a la organización los demás imputados miembros de la banda, quienes proporcionaron sus cuentas bancarias, de proveedores de servicio de pago y de exchange de activos digitales, en particular de las plataformas brindadas por Mercado Pago y Ripio. Allí eran dirigidos los fondos de los contribuyentes engañados, los que, una vez extraídos, eran transferidos o convertidos en activos digitales –criptomonedas- para evitar o dificultar el rastreo del dinero de las estafas. Esos activos eran girados al jefe de la organización.
Rechazo de constitucionalidad
Ayán también rechazó los argumentos defensivos referidos a que la –falsa- página web, por medio de la cual las víctimas se registraban e ingresaban para realizar los pagos fraudulentos, era un espacio constitucionalmente protegido que requería una autorización judicial previa para poder ingresar y obtener así la información que fue aportada a la causa por el periodista de La Voz Juan Manuel González.
En este sentido, el juzgado consideró que “se trataba de una falsa página con la que se pretendía aparentar el carácter de un dominio estatal de acceso público, respecto del cual, justamente, su link fue enviado de forma masiva a un número indeterminado de personas para que, engañosamente, cayeran en el error y accedieran al sitio para realizar la disposición patrimonial fraudulenta”.
“Los únicos que sabían que la página efectivamente no pertenecía a una entidad estatal oficial eran los propios imputados”, se indicó en un comunicado tras la resolución de Ayán. Así, el magistrado dijo que “resulta absurdo que se alegue la necesidad de una previa autorización jurisdiccional para ingresar y obtener información de ella, cuando los propios imputados la crearon para que se pudiera acceder públicamente, como parte de la estratagema”. Luego, se añade: “No puede considerarse a la mentada página como un ‘espacio’ personal ni un medio de comunicación del imputado”, resguardados constitucionalmente”.
Asimismo, se señaló que si bien la defensa apuntó a que había que “registrarse” para ingresar al sitio, dicha registración era sólo parte del ardid pergeñado por los imputados. Por otra parte, no podría considerarse que la información allí contenida hubiera sido almacenada por sus creadores con el fin de “protegerla” de la divulgación o de su mal uso. Por el contrario, la información que allí ingresaban las víctimas mediante el engaño empleado, sólo se almacenaba con un fin claramente ilegal. También se indicó que no existió la “intrusión o hackeo” alegado por la defensa, ya que no se trató de un sistema o dato informático de acceso restringido que se vio “vulnerado”, ni tampoco la interceptación de una comunicación de ningún tipo.
Por último se indicó que también se encontraba acreditado que la organización se encontraba gestando similar maniobra para engañar a contribuyentes del Arba (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), actividad que fue evitada por la investigación del fiscal Pilnik.
