La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Salvay, el exescribiente auxiliar de la Fiscalía Federal N° 1 de Enrique Senestrari acusado de haber sustraído un legajo “irregular” en el marco de la investigación de la causa de la financiera Cordubensis (CBI).
Los vocales Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos convalidaron así el fallo de primera instancia dictado por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, en junio de 2024.
La causa en Tribunales federales
La causa que dio origen a la denuncia de Senestrari contra Salvay se produjo cuando el escribiente trabajaba en la Fiscalía N° 1 (a cargo de Senestrari) y detectó, según su versión, presuntas irregularidades en la actuación de su jefe en el caso CBI.
El expediente de la financiera nació luego de que uno de los socios y directivos de CBI, Jorge Suau, fue hallado muerto en Alta Gracia, tras haber enviado una carta con detalles de las operaciones de la firma a la Justicia federal y a otras personas.
Salvay se presentó en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y denunció a Senestrari por presuntas irregularidades. Exhibió fotocopias de las actuaciones reservadas, presuntamente obtenidas de manera irregular por el fiscal, sin haber pedido autorización al entonces juez del caso, Ricardo Bustos Fierro (hoy jubilado).
Paralelamente, Bustos Fierro denunció a Senestrari por haber pedido a empresas de telefonía, sin su autorización, el listado de llamadas entrantes y salientes del empresario Euclides Bugliotti (luego investigado en el caso CBI y sobreseído en 2021 por lavado agravado e intermediación financiera agravada) entre el 1º de octubre de 2013 y el 28 de marzo de 2014.
Bustos Fierro denunció que el fiscal hizo ese pedido a pesar de que no se había investigado en CBI hechos vinculados a alguna privación ilegal de la libertad y secuestro extorsivo, que son los únicos supuestos que pueden facultar a un fiscal a pedir la “sábana” a las telefónicas.
El entonces juez señaló que esos registros no habían sido agregados a la investigación y que en 2014 Senestrari le había solicitado que se los requiriera a una empresa de telefonía, aunque no de aquel período, sino de otro.
A partir de una serie de denuncias contra Senestratri, el jefe de los fiscales, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ordenó en 2018 un “relevamiento” del rol del fiscal en la causa CBI, en cualquier investigación preliminar u otras complementarias.
Los auditores encontraron las “sábanas” de Bugliotti (registro telefónico pedido dos meses antes del comienzo formal de la causa) en el baño de hombres de uso público de la Secretaría Electoral, en Tribunales. Los listados finalmente no fueron incorporados al expediente CBI.
Denuncia de Senestrari
Senestrari denunció a Salvay, y el fiscal N° 2 de entonces, Gustavo Vidal Lascano (también hoy jubilado), imputó al escribiente por supuesta sustracción de medios de prueba (los oficios dirigidos a las telefónicas en los que se solicitaba información, como así los listados recibidos de tales compañías), cuyas fotocopias presentó ante la PGN para denunciar al fiscal.
Vidal Lascano sostuvo que, antes del 20 de julio de 2018, Salvay sustrajo esa información sin autorización ni conocimiento del secretario, de Senestrari o de otro superior. Indicó que Salvay integraba el grupo de trabajo “Criminalidad Económica”, juntamente con otros empleados de la Fiscalía N° 1, y se le había asignado la colaboración como instructor en la tramitación de la causa CBI.
Si bien el investigador principal era otro, Salvay tenía acceso directo a esa documentación (hallada en el baño), que, según la acusación, sustrajo para hacer copias y denunciar a Senestrari. Según dijo el fiscal a radio Universidad en 2022, Salvay había “hecho aparecer esos papeles, que fueron sustraídos y convertidos, con papeles que le agregaron, en una especie de expediente que no existe” en la fiscalía.
La causa recayó en el despacho del juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, quien se apartó. El expediente, por lo tanto, terminó en la oficina del juez N° 3, Vaca Narvaja, quien instruyó la causa y sobreseyó a Salvay.
El magistrado sostuvo que, si bien quedó acreditado que Salvay tuvo acceso al legajo y que tanto él como Senestrari tenían una mala relación, no se pudo probar quién dejó aquel legajo en el baño. Al respecto, afirmó que no existían medidas probatorias propuestas ni posibles que permitieran arribar a esa certeza, por lo que dio la investigación por completada y sobreseyó a Salvay por duda insalvable.
“La imputación se torna sumamente endeble, sólo sustentada en que efectuó copias del legajo que luego fueron encontradas en el baño, y en la mala relación con el fiscal. Para lo primero, el encartado brindó siempre una explicación atendible, lógica y verificada. Lo segundo no puede, de ninguna forma, ser basamento suficiente para un procesamiento”, dijo.
Apelación y fallo de la cámara
Como querellante, Senestrari apeló ante la cámara. Manifestó que le resultaba llamativo que Vaca Narvaja no hubiera rechazado el apartamiento del juez anterior (Sánchez Freytes) como lo hizo en otros casos por idénticas razones, lo que le generaba temor de parcialidad.
Consideró que el magistrado no arribó a la certeza negativa para sobreseer a Salvay y planteó que debió agotar las medidas de prueba que se pidieron, además de analizar debidamente las existentes. También señaló que el objetivo de la imputación no era hacer aparecer el legajo en un baño, sino la sustracción, y que no se pronunció sobre los indicios que, a su criterio, apuntaban sólo a Salvay.
En esa línea, dijo que Salvay era quien tramitaba el caso en el que se generó el legajo, por lo que era el único beneficiado con que la información apareciera durante la auditoría.
La Sala B de la cámara confirmó finalmente el sobreseimiento de Salvay, actual escribiente auxiliar en el área de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y excandidato como juez suplente en la cámara.
Tras rechazar el planteo sobre la intervención de Vaca Narvaja por haber omitido rechazar la inhibición de Sánchez Freytes, el camarista Sánchez Torres (autor del voto principal) sostuvo que el indicio de responsabilidad de Salvay (que hubiera tenido el legajo para realizar copias) “no resulta unívoco ni suficiente”.
“En otras palabras –agregó–, el argumento de la querella conduciría a suponer un comportamiento autoincriminatorio del nombrado, ya que no parece seguir las reglas de la experiencia y el sentido común que alguien reconozca que tuvo algo en su poder si su intención es hacerlo desaparecer, porque inmediatamente se lo vincularía con dicho accionar”.
“Ese solo indicio –aunque se le reconozca carácter incriminante sobre el imputado Salvay– no alcanza para conformar la probabilidad que requiere, en esta etapa del proceso, el dictado del procesamiento”, indicó, y remarcó que no hay pruebas que permitan precisar la ubicación del legajo entre el 20 de mayo de 2018 (la denuncia de Salvay en PGN) y el 25 de septiembre de ese año (cuando se encontró en el baño).
“De este modo, agotada la investigación, no puede afirmarse como probable que el legajo fue sustraído y que el autor fue el imputado”, afirmó.
Su par, la vocal Montesi, subrayó que había un estado de duda insuperable, sin que la continuidad de la investigación pudiera aportar algo nuevo para el esclarecimiento.
A su turno, el camarista Ávalos sostuvo que “Salvay no pudo sustraer del ámbito de custodia de terceros actuaciones que estaban en su propia órbita de resguardo, es decir, no es posible achacarle una conducta típicamente reprochable”.
“No visualizo prueba alguna que relacione a Salvay con haber arrojado el expediente”, al que calificó de “irregular”, en el sanitario, cerró.
