La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión domiciliaria del financista Fernando Elías Whpei, imputado por presunta extorsión y tráfico de influencias y como partícipe de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los fiscales le atribuyen haberse beneficiado con el desvío de fondos de una cooperativa portuaria, y haber impulsado una denuncia falsa para exigir dinero a dos empresarios, hechos coordinados con el titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, ya imputado por otros graves delitos funcionales y a quien se impuso una medida de coerción cuya ejecución depende de su desafuero.
Al resolver, el tribunal integrado por los jueces con funciones de revisión Aníbal Pineda y Fernando Barbará y la jueza Elida Vidal, advirtieron que existe peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, y que de probarse los graves delitos que se investigan “sería gravísimo” porque involucran a un juez federal y un empresario, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El tribunal dio a conocer este miércoles su decisión tras la audiencia en la que se trataron las impugnaciones de la defensa de Whpei respecto de las medidas de coerción que, a pedido de los fiscales, le impuso el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, cuando el 13 de mayo dio por formalizada la investigación en su contra, dictó la prisión preventiva por 90 días y ordenó la inhibición general por 1.500 millones de pesos.
De qué acusan a Whpei
Los fiscales le atribuyeron a Whpei haber exigido a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto la entrega de 160 mil dólares a cambio de influir en trámites administrativos y judiciales a partir de sus vínculos con el juez Bailaque y con el exfuncionario de la Afip (hoy, Arca), Carlos Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido y develó el entrelazamiento de graves hechos de corrupción.
En otro legajo penal le imputaron ejercer influencias sobre la intervención a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, expediente que tramitó el juzgado de Bailaque, con el posible beneficio de 260 millones de pesos que obtuvo cuando el juez dispuso el desbloqueo de los fondos de la cooperativa (1.000 millones de pesos), transferidos a la Mutual del Grupo Unión SA, que administraba el empresario.
