El 2020 quedará en la memoria de Córdoba como uno de los peores años de la Policía provincial en cuatro décadas de democracia.
En aquel año, tres personas fueron asesinadas a balazos en procedimientos policiales callejeros.
Los “gatillos fáciles” tuvieron denominadores comunes: a la violencia desmedida de los uniformados le siguieron maniobras de encubrimiento para ocultar la verdad.
Las víctimas fueron José Ávila, ultimado por una “dupla” de uniformados motorizados en barrio Villa El Libertador de la Capital; Valentino Blas Correas, muerto de un balazo por la espalda al sobrepasar un retén policial en barrio Parque Vélez Sársfield, y Joaquín Paredes, ejecutado de un disparo por la espalda durante una feroz represión de uniformados en la plaza de Paso Viejo, población ubicada en el noroeste de la provincia.
Por el asesinato policial de Joaquín, sólo un suboficial fue condenado este miércoles por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que contó con la participación de jurados populares.
Mientras el autor material del crimen (el agente Maykel Mercedes López) recibió la pena máxima de prisión perpetua, los restantes uniformados que estaban en el banquillo de los acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda, según lo resuelto por el tribunal.
Cuatro estaban acusados por homicidio y otro, por amenazas.
Con esa única sola condena, que generó una fuerte reacción en contra por parte de los familiares, amigos y allegados de los familiares de la víctima, suman 14 los uniformados que terminaron sentenciados a prisión por los tres “gatillos fáciles” cometidos en 2020 en Córdoba.
Más allá del controvertido fallo por el caso Joaquín Paredes, visto en perspectiva la cifra impacta: 14 uniformados que debían cumplir con la ley terminaron condenados.
Una realidad que no sólo impacta, sino que interpela a las autoridades por el personal al que se le dio un arma y se le permitió salir a trabajar.
El caso Blas Correas
A fines de marzo de este año, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, y con la participación de jurados populares, sentenció a 11 efectivos de la Policía por el crimen de Blas. Dos de esos uniformados recibieron la pena de prisión perpetua.
Se trataba de Lucas Gómez y de Javier Alarcón, los suboficiales que abrieron fuego con sus pistolas contra el auto en el que iba Blas aquella madrugada del 6 de agosto de 2020.
Blas iba en un auto con amigos y se asustaron ante un control policial frente al complejo Pablo Pizzurno.
Nada justificaba a los policías abrir fuego. De hecho, ni Alarcón ni Gómez debían haber estado trabajando, ya que tenían causas pendientes con la Justicia.
Tras matar a Blas, otros policías le plantaron un arma para hacerlo pasar como un delincuente.
En el juicio por Blas (realizado en 2022 y finalizado en 2023), quedó en evidencia la oscura y tenebrosa maniobra de encubrimiento y de mentiras tras el asesinato de Blas.
Si bien el policía Gómez fue el autor material del disparo mortal, su “dupla” Alarcón también fue condenado a prisión perpetua. Para los jueces, la acción de ambos se conjugó para el resultado final.
Los jueces los condenaron por homicidio calificado y por tentativa de homicidio (es que podrían haber ultimado a los amigos de Blas).
En paralelo a esas condenas, otros nueve uniformados recibieron penas de entre dos años y seis meses, y cuatro años y 10 meses por otros delitos, como encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los condenados, hubo tres comisarios. Dos policías resultaron absueltos de culpa y cargo.
A investigar funcionarios
No todo terminó allí. Además de dictar condena, los jueces de la Cámara 8ª mandaron a investigar a funcionarios y a exfuncionarios, como Alfonso Mosquera, Gonzalo Cumplido, Lucas Mezzano y Liliana Zárate, entre otros.
Esa causa actualmente se tramita en el fuero Penal y Económico. No hay resoluciones importantes.
Además, los magistrados definieron el crimen de Blas como un caso de violencia institucional y enviaron copia del fallo al Gobierno provincial para que arbitrara los mecanismos para mejorar la preparación policial.
De hecho, los jueces manifestaron que ya habían enviado anteriores notas al Gobierno por otras condenas contra policías por crímenes.
Nunca hubo respuestas por parte de las autoridades políticas o policiales sobre ese fallo.
El caso “Beco” Ávila
José Antonio Ávila (35) era un vendedor ambulante que vivía en Villa El Libertador. El 4 de julio de 2020, “Beco”, como lo conocían, iba en moto con un amigo y se asustaron ante un control policial en esa barriada. Los hombres no se detuvieron y se metieron en un domicilio. Al cerrar la puerta, uno de los dos policías abrió fuego con su pistola y ultimó a Ávila.
Acto seguido, los dos policías se marcharon del lugar en sus respectivas motocicletas y no alertaron a nadie, mucho menos a sus superiores o a la central del 911.
Por ese crimen, la Cámara 3ª del Crimen condenó al suboficial Lucas Gonzalo Navarro a 11 años de cárcel por homicidio calificado, mientras que a Sebastián Gabriel Juárez se le impuso una pena de tres años por encubrimiento agravado.
La fiscalía y la querella presentaron casaciones por esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hasta el momento, no se conoce la resolución del alto cuerpo.
