Otra vez, la Cárcel de Bouwer, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, fue escenario de un importante operativo que terminó con el secuestro de elementos prohibidos en los pabellones. En los procedimientos se hallaron 39 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos que presuntamente eran utilizados por los internos para comunicarse con el exterior y continuar con actividades delictivas.
Junto a los celulares, se encontraron 17 chips, 11 plaquetas de cargadores, varias fichas y cables USB, 10 baterías de litio, nueve fuentes de alimentación y nueve auriculares.
A la vez, la fiscalía también secuestró aproximadamente 200 gramos de picadura de marihuana y 100 gramos de cocaína, lo que refuerza la sospecha de que dentro del pabellón operaba una red de distribución de estupefacientes.
También se hallaron armas tumberas del tipo “púas”.
No hay imputados por el momento y todo está siendo investigado en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 3, a cargo de José Mana.
El procedimiento fue llevado a cabo el martes por efectivos de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba, quienes, tras una orden fiscal, allanaron un pabellón de la unidad penitenciaria, con estos resultados que sorprendieron a las autoridades.
Colaboraron cuerpos especiales.
Denuncia anónima
El operativo fue ordenado por la fiscalía luego de que un interno del establecimiento realizara una denuncia anónima.
El recluso manifestó que en uno de los pabellones se utilizaban teléfonos celulares para coordinar actividades ilícitas, además de la presencia de armas blancas y drogas dentro de las celdas.
Las supuestas actividades ilícitas dentro de la prisión, aparentemente ligadas con maniobras de estafa a la ciudadanía a través de llamadas y mensajes por celular, no fue el único objetivo que persiguió Mana durante el operativo que ordenó.
Además del material electrónico, los efectivos encontraron siete armas blancas, entre ellas puntas y facas de fabricación casera.
Los investigadores especulan con que estos instrumentos son comúnmente empleadas en riñas internas o como herramientas de intimidación.
El procedimiento fue supervisado por personal especializado de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes trabajaron en conjunto con las brigadas civiles para garantizar una intervención segura y eficaz. Colaboró además el Servicio Penitenciario de Córdoba.
Todos los elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa que ahora investiga los delitos de tenencia de estupefacientes, facilitación de medios para la comunicación delictiva y portación de armas blancas dentro de un establecimiento penitenciario.
Investigación abierta
El comisario Walter Casas, de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía, destacó la importancia de la colaboración entre las distintas unidades operativas y remarcó que “la información proporcionada de manera anónima fue clave para desarticular una organización interna que violaba sistemáticamente las normas de seguridad del penal”, según destacó.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se están analizando los celulares incautados para determinar con qué frecuencia eran utilizados, a quiénes llamaban los internos y si existe una red de complicidad tanto dentro como fuera del penal.
Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba no brindaron declaraciones oficiales al respecto, aunque trascendió que los procedimientos de vigilancia y requisas dentro de la cárcel son regulares.
