Por episodios delictivos de envergadura, desastres naturales, tragedias viales y hasta por crisis carcelarias, la provincia de Córdoba ha sufrido horas funestas durante los últimos años. Sin embargo, tanto por sus motivaciones como por sus implicancias y sus consecuencias sociales, penales y políticas, aquella noche quedó grabada a fuego en la mente de todos y de todas: fue cuando “nos dejaron solos”.
Fue aquella eterna noche-madrugada en que gran parte de la Policía de Córdoba, en el marco de un reclamo salarial, se acuarteló en democracia, dejó de patrullar las calles y dio pie a que miles de personas salieran a saquear comercios con impunidad.
Nunca se vio tanto ladrón suelto por los barrios de Córdoba atacando al mismo tiempo.
En paralelo, miles y miles de vecinos y comerciantes se sintieron desamparados y se organizaron para defenderse como pudieron. Eso sí, muchos de ellos decidieron hacer justicia por mano propia, a modo de pandillas tan delictivas como las de quienes saqueaban.
Sucedió aquel martes 3 de diciembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
La normalidad, o algo parecido, llegaría recién al finalizar el otro día. Se llamó popularmente “la noche en que nos dejaron solos” porque esa fue la sensación por parte de tantos y tantas que sintieron que los estados provincial y nacional, como responsables máximos, se habían esfumado.
De todos modos, las miradas estuvieron puestas en la Nación, en la figura de la por entonces presidenta Cristina Fernández, y su falta de ayuda y empatía con una provincia que se prendía fuego. Una provincia que no la había votado.
El por entonces gobernador José Manuel de la Sota, quien tuvo que soportar toda clase de crisis policiales y carcelarias en sus mandatos, nunca dudó en culpar a la Nación y decir que hubo “una mano negra”. Desde su entorno, siempre dijeron: “Dejaron que Córdoba se cocinara en su propia salsa, al no mandar a los gendarmes”.
A 10 años de aquellas desastrosas, infaustas y amargas horas de pánico y descontrol, no hay quién no recuerde lo que sufrió en carne propia ante tanto desamparo. Sobre todo, quienes vieron cómo sus comercios eran devastados.
La Justicia dio respuestas a medias.
Todo por un reclamo salarial
El acuartelamiento de 2013 tuvo su génesis en un justo reclamo salarial.
Los policías cobraban poco. Ya habían manifestado su reclamo ante los jefes, pero las solicitudes caían en saco roto. Por una ley impulsada por el delasotismo, los policías no podían tener sindicato ni hacer paros.
Ese malestar fue creciendo en las filas policiales y muchos jefes no supieron ni quisieran verla. Llama la atención que eso haya sucedido, si se tiene en cuenta que en 2005, otro reclamo policial no escuchado había derivado en acuartelamiento y saqueos en Córdoba.
Volviendo a 2013, la situación de la Policía de Córdoba era crítica.
A los graves hechos de inseguridad, se les sumaba una crisis de proporciones: el “narcoescándalo”.
Fue el descubrimiento de una red de uniformados de la División Drogas Peligrosas que, de manera subterránea, actuaban con narcos. En ese medio, un delincuente tenebroso como el informante Juan “el Francés” Viarnes terminó destapando el escándalo ante un animador de TV.
De la Sota desarticuló Drogas Peligrosas y, mientras la Justicia empezaba a investigar, impuso una purga para frenar el temblor.
El comisario Alejo Paredes, por entonces todopoderoso ministro de Seguridad, fue enviado a casa. Igual suerte corrió el comisario Ramón Frías, quien tuvo que dejar de ser jefe policial.
La Justicia nunca determinó nada en contra de ellos. Sin embargo, pagaron el costo político por el escándalo.
Alejandra Monteoliva llegó a Seguridad. Era una licenciada técnica, con ideas importadas de Colombia. A la Jefatura, en tanto, llegó el comisario César Almada. Era el cuarto jefe policial en dos años.
No sólo que la inseguridad no frenó, sino que los hechos de corrupción siguieron y el reclamo policial detonó.
Ya a fines de noviembre, todos sabían en la Policía y el Gobierno que algo iba a estallar. Nadie lo evitó.
El 3 de diciembre, los cuerpos orgánicos del Comando de Acción Preventiva de Capital pararon. Guardaron los móviles, desinflaron gomas y apagaron las radios.
Las órdenes de los jefes para que salieran a trabajar no sirvieron. Las esposas e hijos de los uniformados se sumaron a la protesta. Un abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, los asesoraba, al igual que en 2005.
El resto es conocido: sin policías, y con las noticias extendiéndose, comenzaron los saqueos en distintos puntos de la Capital. También sucedió en el interior. No hubo robo de comida, prácticamente.
Hordas de personas, muchas movilizadas en motos, saqueaban negocios para robar dinero, electrodomésticos, más motos, ropa y alcohol. Un cajero electrónico fue saqueado.
Con De la Sota de viaje fuera del país, las autoridades políticas (con el entonces ministro de Gobierno, Oscar González, al frente) comenzaron a buscar policías donde hubiere y a pedir gendarmes. Las fuerzas federales nunca llegaron.
La Jefatura de Policía convocó a bomberos, al Eter, a la Guardia de Infantería y a la Caminera. El jefe de esa división, Julio Suárez, sabría sacar tajada.
Los saqueos duraron el 3 y el 4 de diciembre. En el medio, hubo graves episodios de violencia en las calles, sobre todo de quienes se sentían desamparados. Hubo golpizas e intentos de linchamientos a todo aquel que generara “sospecha”. Muchos vecinos salieron armados. Muchos resultaron heridos.
Nunca en democracia había existido tanto caos, violencia y anomia en las calles.
Dos jóvenes murieron baleados en las afueras de la Capital. Nunca quedó claro qué pasó.
De la Sota volvió de urgencia del exterior y, tras negociar aumentos salariales y ninguna represalia con los policías, logró que la calma retornara a Córdoba.
A los pocos días, el gobernador desplazó a Monteoliva y a Almada. En Seguridad, llegaría Walter Saieg, un político sin conocimientos técnicos, que duraría poco tiempo. A la Jefatura de Policía, llegaría Julio Suárez, un personaje que dejaría su marca, para mal.
En su gestión, se robaron casi 100 pistolas de la sede policial, en 2014. En 2015, tendría que irse por la puerta trasera. Fue condenado por amenazar a un periodista.
Qué pasó con la Justicia
A nivel judicial provincial, “la noche que nos dejaron solos” terminó con medio centenar de policías de bajo rango condenados por delitos menores. Varios serían cesanteados tiempo después.
La investigación fue realizada por el fiscal Raúl Garzón, un funcionario que esperaba convertirse en fiscal General. Años después, llevaría adelante la compleja causa por las muertes de bebés en el Neonatal, en la que elevó a juicio a la cúpula de exfuncionarios de Salud provincial.
Volviendo al acuartelamiento, nadie fue preso.
Se impusieron condenas a 52 policías, por un año de prisión en suspenso. Ningún oficial jefe fue investigado. La Justicia nunca juzgó los saqueos, ni castigó a los delincuentes que robaron. Las golpizas tampoco se investigaron.
Como derivación de la causa, la Justicia federal de Córdoba comenzó a investigar a figuras políticas del Gobierno Nacional por no haber ayudado a Córdoba. Lo motorizó la por entonces fiscal Graciela López de Filoñuk.
Como los supuestos hechos sucedieron en Buenos Aires, hacia allí se giró la causa.
Se puso bajo la lupa a: Jorge Capitanich, en aquel tiempo jefe de Gabinete; Sergio Berni, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad; y Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad del gobierno de Cristina.
Esas causas no prosperaron y terminaron con sobreseimientos en 2021.
Para la Justicia federal, el Gobierno de Córdoba nunca pidió de manera formal los gendarmes.
De la Sota cumplió su tercer mandato y murió en un choque vial. Cristina Fernández sobrevivió a un atentado frente a su casa. Capitanich volvió a ser gobernador de Chaco y Berni es el ministro de Seguridad de Axel Kicilloff, en la provincia de Buenos Aires.
Oscar González enfrenta una causa penal en la Justicia provincial por un choque trágico en las Altas Cumbres y otra causa en la Justicia federal por mal uso de vehículos oficiales durante su mandato como legislador provincial.
Lo defiende el abogado Ortiz Pellegrini, el mismo que era el nexo con los policías acuartelados en 2013.
