En un golpe contundente contra una presunta actividad fraudulenta, la Justicia cordobesa ordenó el allanamiento y la posterior clausura de una concesionaria ubicada en el centro de la Capital, así como el domicilio particular de uno de sus representantes legales.
La medida se llevó a cabo en el marco de una investigación generada a raíz de numerosas denuncias por supuestas estafas en la venta de automóviles usados y motocicletas.
Personal del Departamento de Delitos Económicos fue el encargado de llevar a cabo los procedimientos, en los cuales se procedió al secuestro de una considerable cantidad de elementos.
Entre ellos, se incautaron 30 teléfonos celulares, diversos dispositivos electrónicos y documentación que se considera crucial para la causa en curso.
La maniobra fraudulenta consistía, según las denuncias, en ofrecer la atractiva posibilidad de adquirir vehículos “a sola firma”.
Sin embargo, la promesa se desvanecía rápidamente para los clientes, ya que en la mayoría de los casos denunciados, los vehículos nunca eran entregados. Peor aún, cuando los damnificados intentaban desistir de la operación ante modificaciones unilaterales de las condiciones iniciales, la concesionaria se negaba a devolver el dinero abonado.
Durante el operativo en la agencia, se constató la presencia de un centenar de personas, incluyendo vendedores, supervisores, gerentes y dueños del establecimiento, lo que da una pauta de la magnitud de la operación comercial que se investigaba.
Además de la intervención policial, el operativo contó con la participación activa de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Córdoba, así como del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba.
Fue este último organismo el que, tras detectar graves irregularidades, dispuso finalmente la clausura del establecimiento. La investigación y las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 turno 6, a cargo de José Bringas.
