El Juzgado de Control 5 de la ciudad de Córdoba confirmó las prisiones preventivas dictadas por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 3 en contra de 10 acusados de integrar una banda que supuestamente estafaba con la venta de motocicletas en la provincia. Según la investigación, las víctimas pagaban cuotas para adquirir motovehículos que finalmente nunca eran entregados.
Son 10 las personas imputadas bajo las figura de presuntas asociación ilícita y estafa.
Hay al menos 50 damnificados, tanto mujeres como hombres, que denunciaron (y lo demostraron) haber puerto dinero para comprar un medio de movilidad que nunca les llegó. El perjuicio económico trepa a una cifra millonaria en pesos.
Las víctimas eran personas de bajos recursos e ingresos.
De acuerdo a la investigación del fiscal José Mana, la presunta banda operaba bajo la pantalla de una sociedad llamada “Noah S.A.S.” que se utilizaba como ropaje para engañar y persuadir a las futuras víctimas, de realizar desembolsos de dinero para adquirir vehículos, acompañando esa pantalla de publicidad engañosa en los medios masivos de comunicación (radio y televisión) folletería y redes sociales, siempre de acuerdo a la sospecha judicial.
Luego de atraer la atención de las víctimas, se las convencía de adquirir motos 0km con escasas condiciones, solamente con el DNI, en cuotas sin interés y prácticamente de forma inmediata, se indicó desde la fiscalía.
El presunto engaño consistía en prometer bonificaciones y el pago de cuotas fijas sin intervención de bancos, garantías o recibos de sueldo ni la necesidad de demostrar capacidad crediticia.
Con el pago de la tercera cuota, la empresa se comprometía a entregar la motocicleta seleccionada en un plazo muy corto y para mayor credibilidad se utilizaban contratos preformulados que contenían cláusulas abusivas y diferentes a lo pactado en el momento de la venta.
A su vez, la banda montó un local ubicado en avenida Santa Fé 275 del barrio Alberdi de Córdoba, cerca de la Central de Policía de la Provincia, para ganar visibilidad y generarle tranquilidad a sus futuros “clientes”, como así también dar de esa manera el aspecto de ser una empresa seria, según la Justicia.
En el local se exhibía una flota de motocicletas destinada a la supuesta venta y entrega, en el que diariamente trabajaba un plantel de vendedores entrenados con un discurso programado para excusar a la “empresa” de cualquier incumplimiento posterior. Incumplimiento que, evidentemente, iba a suceder.
Excusas y engaños
Las excusas que se brindaban a los clientes por la demora en la entrega del vehículo se encontraban ensayadas minuciosamente: desde culpar a la situación económica o cuestiones de logística, hasta hacer creer a los estafados que ellos cometían errores en la interpretación con respecto a los contratos firmados o a la propuesta en general.
Todo se encaminaba directamente hacia el engaño para que las víctimas continuaran abonando cuotas de un plan que jamás iba a tener su debida contraprestación, de acuerdo a la investigación.
Desde la Justicia se indicó que a algunos clientes les entregaban su vehículo, pero solamente para otorgar mayor credibilidad a la supuesta empresa y cuando la persona ya había reclamado en reiteradas oportunidades.
Riesgo de fuga
Una vez comprobada la operatoria, la fiscalía solicitó las prisiones preventivas para los imputados, por considerar que existen indicios suficientes de posible peligro de fuga o entorpecimiento del proceso en caso de habilitar a estas personas a esperar el juicio en libertad.
El juez de Control Carlos Lezcano, coincidiendo con la Fiscalía, determinó adecuada la medida cautelar y rechazó las impugnaciones planteadas por las defensas de los imputados.
Entre las razones para no aceptar los argumentos de la defensa, que afirman que la prisión preventiva atenta contra los derechos humanos de los imputados, existen pruebas claras de la intención de fuga como mensajes incriminadores y la orden de captura que se libró para encontrar a algunos de ellos que buscaron sustraerse del accionar de la justicia.
