“Los estafadores no han parado en todo este tiempo y no van a parar. Es increíble. Siempre se las ingenian para seguir jorobando a la gente, sacándole plata y hasta lo que no tienen. Incluso, les roban los sueños. Lo peor es cuando terminan robándole a los pobres. Cuando le sacan lo que no tienen”.
Así se refirió un alto investigador al accionar de una supuesta banda que ha sido desbaratada en las últimas horas en Córdoba. El grupo estafaba a personas de escasos recursos económicos con la venta de planes para acceder a motos 0 kilómetro, según la Justicia. Motos que, por cierto, nunca eran entregadas. Motos que, según se insiste desde la causa, ni siquiera existían para la venta.
Lo increíble es que la “concesionaria” funcionaba en las narices de la Policía. El local central se encontraba ubicado sobre avenida Santa Fe, a metros de la Jefatura, en la ciudad de Córdoba.
Así y todo, hay al menos 45 damnificados, tanto mujeres como hombres, que denunciaron (y lo demostraron) haber puerto dinero para comprar un medio de movilidad que nunca les llegó.
El perjuicio económico trepa a una cifra millonaria en pesos. No hay un monto exacto.
Son ya 11 las personas detenidas por los pesquisas del Departamento Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Córdoba. Es casi un hecho que habrá más arrestos.
La causa está radicada en la fiscalía del Distrito 1 Turno 3, a cargo de José Mana, quien imputó a los acusados por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas.
No se descarta que, conforme avance la investigación, puedan surgir nuevos delitos para imputar.
Engañar al que poco y nada tiene
La operatoria del grupo era simple, básica y ruin: se ofrecían motocicletas a la venta, y en planes de ahorro, a personas de bajo recursos e ingresos.
Algunas no tenían trabajo fijo, otras cobraban en negro, otras directamente hacían changas.
Mediante un complejo ardid, siempre según la sospecha de la Justicia, se lograba que el cliente abonara cuotas con ahorros de toda su vida o con dinero que, en muchos casos, había sido prestado.
“Las víctimas nunca llegaban a la moto. Nunca se entregaba la moto. Siempre había un ‘pero’ o se inventaban excusas o aparecían nuevos gastos de tramitación, se cambiaba el contrato y la gente tenía que poner más plata y más plata. Al final, no veían nunca la moto”, resaltó una alta fuente de la pesquisa.
“Hubo casos de damnificados que dijeron que iban a denunciar todo y en la concesionaria, alguien les dijo: ‘Si denuncian, no van a ver nunca la moto’. Eso es una cuasi-extorsión”, añadió otro informante.
Desde el seno de la pesquisa se remarcó el perfil vulnerable de las personas damnificadas.
“Se abusaron de muchas personas de escasos recursos. Hay aproximadamente 45 damnificados, pero sabemos que van a surgir más. Siempre surgen más damnificados en las causas por estafas”, contó una fuente de la causa.
Protesta callejera, denuncia judicial
El expediente se inició aquella tarde de fines del año pasado, cuando una docena de personas comenzó a protestar en la puerta de la concesionaria, a metros de la Jefatura de Policía, en el barrio Alberdi de Córdoba.
Con cánticos, aplausos y carteles, las personas reclamaban la entrega de las motos abonadas y aseguraban sentirse estafadas.
La protesta fue aumentando en intensidad, por lo que un grupo de policías se acercó hasta los manifestantes y los invitó a radicar la denuncia en la mismísima central policial.
La presentación se hizo en la Unidad Judicial de Delitos Económicos, una oficina que, en los últimos años, ha visto sus muebles atiborrados de denuncias y causas por toda clase de estafas en Córdoba.
La causa de la concesionaria recayó en la fiscalía de turno, desde donde se ordenaron las primeras diligencias investigativas.
No tardaron mucho los sabuesos policiales de Delitos Económicos, al mando del comisario inspector Diego Martinelli, a comenzar a recolectar pruebas, testimonios, copias de contratos y numerosos datos. La concesionaria llevaba largo tiempo operando.
Publicidad agresiva y un ejército de vendedores
Desde el seno de la pesquisa se indicó que la banda llevaba adelante una “agresiva y masiva publicidad” difundida en medios de comunicación y con folletería callejero. Además, se reclutaban vendedores de manera constante para atraer a “cientos de “clientes”.
“La concesionaria Noah le brindaba a los interesados múltiples y diversas facilidades de pago –pago en cuotas, entrega de dinero inicial mínima- y bonificaciones, exigiéndoles mínimos requisitos para acceder a los vehículos prometidos”, señaló desde la Justicia. “A los clientes se les habría prometido, mediante ardides y engaños, que la entrega de los vehículos pretendidos se concretaría tras abonar escasas cuotas, lo que nunca ocurrió”, se precisó.
En los últimos tiempos hubo distintos allanamientos en el valle de Punilla y en Córdoba en torno a esta causa. “Parece mentira pero, pese a tener ya las oficinas cerradas porque estaban siendo investigados, seguían ofreciendo motos a la venta, con el mismo ardid, en Facebook”, indicó otro vocero de la causa.
Finalmente, en las últimas horas se concretaron 15 allanamientos de manera simultánea. Los procedimientos terminaron con 11 detenidos.
Fuentes judiciales señalaron que los acusados son: Dante Daniel Martino, su esposa Andrea Verónica Luque, David Ezequiel González, Dimas Leonardo Serrano, Mauro Martín Martino, Gonzalo Abel Montes, Rodrigo Agustín Montes, Analía Soledad Torres, Ana Lía del Rosario Khairallah, Abril Agustín Silva y Raúl Edgardo Acosta.
Todavía no se conocen las posiciones exculpatorias de los acusados.
Se espera que los imputados puedan dar su versión de los hechos a la hora de las indagatorias.
Qué pasará con los vendedores
Fuentes con acceso a la causa señalaron que varias de las personas detenidas eran vendedores de las motos. Es muy probable que la discusión, cuando la causa avance, se centre en el rol y la eventual responsabilidad que habrían tenido las personas que se dedicaban a ofrecer los planes de ahorro para la venta de las motocicletas a los aportantes.
