“Necesito su firma. Es un acta. Va a tener que ir al Juzgado de Faltas. Es como si fuera una multa de la Caminera”. Caía la noche del domingo y el jefe del operativo policial le informaba al dueño de casa en un country, en la zona noroeste de la Capital, los pasos por seguir tras la sanción por haber realizado una fiesta clandestina en ese hogar. Los policías llegaron al domicilio tras denuncias de residentes. En la vivienda había al menos 30 personas, quienes fueron invitadas a irse, y rápido.
El operativo del domingo fue el último de este nuevo trabajo que está saturando a la Policía de Córdoba: desarticular las clandestinas. Se trata de fiestas o encuentros masivos que se realizan sin autorización, en locales, bares, clubes, casaquintas, viviendas de alquiler y, sobre todo, casas particulares.
En 2020, el trabajo policial fue frenar a los rompecuarentena, aunque muchos trabajadores cayeran en la volteada. Hoy son las fiestas.
El fenómeno crece de manera sostenida en la provincia, sobre todo en Capital.
Sólo en el fin de semana, la Policía labró 330 infracciones en la provincia; 132 fueron en Capital. El 24 por ciento de esas actas fueron por fiestas.
Desde julio de 2020, el número de actas en la provincia trepó a casi 53 mil (el 17 por ciento fue por fiestas). Capital lidera el ranking; le siguen Río Cuarto y San Justo.
Además del trabajo diario contra el delito, la violencia urbana, los choques, hay patrullas, uniformados y uniformadas que deben trabajar en algo extra. Móviles que eran para atrapar ladrones hoy cierran clandestinas.
Esa realidad impacta, pega en la cara, interpela como sociedad. Sobre todo en esta segunda ola que hace trepar los números de contagios como si estuviéramos frente a un muro.
Sobre todo, con una crisis en la salud que aún no muestra lo peor. Sobre todo, porque aún no hemos visto hasta dónde llegará la crisis económica.
Mientras, cada vez en más puntos de Capital y del interior, Córdoba sigue como si nada ocurriera. Es esa Córdoba del reviente y “el no me importa”. Es la Córdoba de la bobada “a todo ritmo” (ATR).
La Municipalidad de Córdoba dice que hace. Manda a un puñado de inspectores los fines de semana a cerrar las “clandes” importantes, las de los inescrupulosos que las arman a gran escala y mandan las ubicaciones por WhatsApp a último momento, para no avivar a la ley. Unas vivas y vivos bárbaros. Pagan las multas y arman nuevas “clandes”.
Luego, están las otras, las más improvisadas, las que se hacen cuando “pintan” la oportunidad y lugar. Es reventarse en pandemia, con un sistema de salud que pide tregua a los gritos.
“Estamos saturados. A los robos, los choques, las broncas barriales, se suma que ahora... hay que controlar fiestas”, insisten en la Policía y mandan la pelota a la Justicia. “Mientras nadie impute…”, repiten oficiales.
Desde la Justicia, señalan que las clandestinas constituyen una contravención, una infracción al Código de Convivencia y todo debe ser resuelto en un Juzgado de Faltas. Multa y a la bolsa. Hay fiscales que señalan estar atados con la ley provincial 10.702 y dicen que hay que actuar si se comete un delito serio. Las imputaciones por “clandes” son las menos.
“Las clandestinas violan el 205”, recordó un funcionario del Panal, en referencia al artículo del Código Penal, muy usado en 2020, que castiga con penas de seis meses hasta dos años (delito excarcelable) a quien viole las medidas de las autoridades ante una pandemia.
Desde la Justicia, insisten en que hay que aplicar la ley más benévola: el Código de Convivencia. Además, llaman a la conciencia social, sobre todo de madres y de padres.
La realidad indica que las “clandes” llegaron para quedarse. En los barrios, ya generan fricciones entre vecinos. Unos porque las hacen, otros porque las denuncian. Sabemos lo que las fricciones hacen en épocas de violencia.
