En un fallo cuestionado, la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba condenó a Marcelo Javier Marieschi (46) a cinco años de cárcel por haber montado y liderado una banda delictiva que estafó a inversores inmobiliarios. A la vez, se confirmó su prisión preventiva en el tramo de las defraudaciones por valores millonarios.
En un juicio abreviado acordado entre el fiscal de cámara, Gustavo Dalma, y las defensas de Marieschi y los demás imputados, la cámara –integrada por María de los Ángeles Palacio de Arato, Gustavo Ispani y Leandro Quijada– sentenció a Marieschi a cinco años de prisión efectiva como organizador de la banda criminal.
Tres años para los otros delincuentes
El escribano Adrián Benelbas, los inmobiliarios Fernando José Civalero y Diego Martín Díaz, el ingeniero Claudio Telésforo Ubios, Jorge Benelbas (hermano del escribano) y la arquitecta Constanza Daniela Peláez (exesposa de Marieschi) recibieron tres años de cárcel de ejecución condicional (no irán presos).
“La prueba, por su abundancia, me permite acreditar con certeza que los imputados (…) y posiblemente otros sujetos no individualizados (…), movidos por un ánimo de lucro excesivo e ilegítimo, se asociaron con la finalidad de consumar una serie indeterminada de delitos contra la propiedad de numerosas víctimas”, indicó el fiscal Dalma.
“No tengo duda alguna de que, para lograr los distintos desapoderamientos con distintos engaños”, se requirió “una necesaria planificación previa, además de una meticulosa distribución de tareas entre los encartados, la cual estuvo siempre signada por la codicia, el fraude y la vanidad”, agregó.
Los elementos probatorios, indicó, permitieron “acreditar con certeza la constitución previa de una banda para desarrollar las maniobras delictivas hábilmente programadas, desarrolladas y dirigidas –en las distintas etapas de su evolución– por los prevenidos para lograr los supuestos fraudes cometidos (…). Los confabulados asumieron distintos roles perfectamente determinados”.
De esta forma, Javier Marieschi “asumió el papel formal de empresario desarrollista, fiduciario o administrador de las sociedades civiles y del fideicomiso” con los cuales ”se inducía a las víctimas a acceder a las unidades falsamente prometidas”.
Adrián Benelbas, como escribano, confeccionó la documentación legal vinculada a las personas jurídicas involucradas y los contratos, “convenciendo a las víctimas de acceder a las unidades falsamente prometidas”.
Civalero y Díaz, como corredores inmobiliarios, vendieron diversos emprendimientos. Jorge Benelbas –hermano del escribano– se desempeñó alternadamente como apoderado, “secretario” o colaborador de Javier Marieschi y, desde esta posición, “contribuyó con las acciones fraudulentas vinculadas a la venta de las unidades habitacionales ofrecidas ‘en pozo’”.
Peláez –entonces esposa de Marieschi– se mostró como la arquitecta y directora de uno de los emprendimientos, confeccionó los planos y formó parte como fiduciante, arrogándose el papel de “proyectista” de otro complejo, “contribuyendo a generar con su aporte profesional una imagen de seriedad, formalidad profesionalidad y solidez que permitiría mantener engañadas a las víctimas”.
“Los imputados se pusieron de acuerdo para continuar ofreciendo y comercializando las viviendas, para así obtener un beneficio económico ilícito. Cada uno de los integrantes de la organización conocía perfectamente de las irregularidades y de los problemas por los que atravesaban los negocios de Marieschi”, agregó.
“De esta manera, la agrupación criminal colocó deliberadamente a las víctimas en una situación absolutamente insólita y desfavorable, exponiéndolas a las acciones civiles que, eventualmente, pudieran articular otros damnificados por los disparates que hacía la banda”.
La camarista Palacio de Arato aludió a las maniobras delictivas de la banda para consumar los engaños, “cometiendo un número indeterminado de estafas”. Así, sostuvo, “indujeron a las víctimas para que erogaran grandes sumas de dinero, en pos de comprar departamentos o viviendas ‘en pozo’, los que finalmente nunca se entregaron”. Con la adhesión de los demás vocales, la cámara dictó las condenas.
Cuestionamientos
Tras el fallo, el abogado de varios de los damnificados, Rubén Sánchez Quinteros, cuestionó en duros términos el acuerdo entre el instructor y las defensas.
“Es una aberración jurídica que se haya hecho un juicio abreviado de este tipo. Es una burla hacia el fiscal de instrucción (el fiscal de Delitos Complejos Enrique) Gavier. Su trabajo ha sido menospreciado, porque jamás pudo haberse llegado a una pena tan mínima y tan leve”, señaló el letrado a La Voz.
“No se puede permitir que en un delito tan grave, como lo es la asociación ilícita, cuyo mínimo de la pena son tres años, se haya dado una pena de cumplimento condicional cuando debe ser de cumplimiento efectivo. Es inentendible que se acepte y se haya hecho lugar a eso”, expresó con indignación.
“La magnitud del perjuicio por la figura de la asociación ilícita es de millones de dólares. ¿Qué nos queda, entonces, para las defraudaciones?”, señaló Quinteros, quien no fue admitido como querellante en el tramo de la asociación ilícita (por considerarse que el bien jurídico protegido fue la administración pública), pero sí en el de las estafas.
No es el único revés judicial para Marieschi, quien en diciembre pasado había sido detenido por otro hecho de estafa, en una nueva causa penal.
Confirmaron la preventiva en otra causa
En paralelo, y respecto del tramo de las estafas, tanto Javier Marieschi como Enrique Modesto “Quique” Marabian (54), el “tapado” que apareció más recientemente en la causa, recibieron la confirmación de la prisión preventiva de ambos por supuesta asociación ilícita y defraudaciones, respectivamente, vinculadas a propiedades dictada en abril por Gavier, pero avalada ahora por la jueza de Control N° 9 de Córdoba, María Celeste Ferreyra.
En el tramo estafas, el fiscal profundizó la investigación sobre otros eventuales responsables. Entre los nombres sospechosos, emergió uno con mayor fuerza en constantes operaciones inmobiliarias denunciadas: el “tapado” Marabián. Gavier dictó la preventiva para Marabian (por asociación ilícita y tres hechos de estafas) y para Marieschi (por tres hechos de estafa).
Marabián fue detenido en marzo y negó cualquier participación delictiva en la compleja y profusa causa. Este supuesto segundo “jefe” de la banda, juntamente con Marieschi, y coautor de las supuestas defraudaciones, habría estado “movido por un afán de lucro desmedido” para “delinquir con los demás”. Así, Marabian habría integrado la organización desde 2015 y hasta marzo de 2019. Su rol, para el fiscal, también habría consistido en ser el “financista” de la banda para presuntamente simular avances en las obras y captar así a posibles nuevas víctimas.
No obstante, “lo hizo con tal astucia –indicó Gavier– que consiguió quedar, al menos en lo formal, al margen de los negocios fraudulentos que realizó”.
“Pareciera que Marabian no fue parte de los contratos utilizados como pantalla por la banda. No es parte de los ‘consorcios’ ni de los ‘fideicomisos’ para embaucar a las víctimas y moverlas a concretar las operaciones fraudulentas. No es parte de los negocios plasmados en los papeles suscriptos por Marieschi, como representante de ellos”, indicó.
Sin embargo, según la prueba y los testimonios, todo apunta a que “fue el principal protagonista de las maniobras” y el “principal beneficiario, echando a las víctimas a la suerte exclusiva de los designios de la banda y de los instrumentos que a la gran mayoría se le hizo suscribir como forma concreta para materializar estos negocios espurios”.
Marabian habría brindado “respaldo” a la organización, aportando “un marco de confianza y aparente solvencia para el desarrollo de los ardides” de la banda. Su “discurso” persuasivo, según algunas damnificadas, habría sido tal que las habría llevado a que realizaran entregas de dinero para adquirir inmuebles “en pozo”.
Marieschi negó que Marabian fuera su “socio” y dijo que este no tenía vinculación con el resto de los imputados. “Quique” Marabian, a su turno, negó haber sido “socio” de Marieschi, con quien lo uniría una estrecha amistad.
Para el fiscal, ambas declaraciones fueron “guionadas” y Marabian era “socio” en la organización y “jefe” juntamente con Marieschi. Eso le habría permitido tener un vasto conocimiento del estado y avance de las obras y un constante trato y relación con los demás acusados y con las víctimas.
“Se exhibía frente a estas como socio e inversor de Marieschi, aportaba capital para contribuir a exhibir una apariencia de avance en las obras y, sobre todo, daba directivas al resto de los miembros de la banda, participando con un rol protagónico también en las decisiones”, según Gavier.
Preventivas del fiscal, confirmación de la jueza
El fiscal les dictó la preventiva en abril. Las defensas apelaron y la jueza Ferreyra confirmó la medida. Para sostenerla indicó que Marabián no registra actividad declarada ni trabajo estable, lo que denotaba su falta de arraigo.
También remarcó que está imputado por intento de estafa procesal en otra causa (iniciada por su esposa), sumado al presunto perjuicio económico ocasionado en la causa actual y a las supuestas intimidaciones contra una de las damnificadas. Así, consideró la jueza, existen indicios serios y graves que permiten sostener que si Marabián recuperaba su libertad, podría entorpecer la investigación.
Respecto a Marieschi, la magistrada tuvo en cuenta que el imputado, como el resto de sus acusados, no cesaron en su actividad luego de conocer que fueron denunciados penalmente.
Y recordó que cuando Marieschi recuperó la libertad -por el cese de prisión dispuesto por el fiscal Gavier-. fue detenido nuevamente (en diciembre pasado) en el marco del otro expediente, por tentativa de estafa. Para la jueza eso demostró su “obstinación delictiva” por la “existencia de una ambición y fin de lucro desmedido”.
También mencionó que en un intercambio de mensajes con otro imputado en la causa de diciembre, Marieschi reconoció tener una billetera virtual en Dubái -ciudad conocida por ser un paraíso fiscal- y alardeó sobre las ventajas de las e-billeteras al mencionar que algunas “no se rastrean, y no tenés quien las controle”.
“No están controladas por el Banco Central; o sea que podés operar tranquilo en cualquier parte del mundo que no te van a romper los huevos”, le dijo.
