Un suboficial de la Policía de Córdoba fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras ser responsabilizado por haber herido gravemente en un ojo a un hincha en el ingreso al Estadio Kempes, en abril de 2017.
La víctima fue Diego Frydman (26), quien terminó con una grave lesión en el globo ocular derecho tras recibir una posta (bolita) de pintura.
El joven quedó con el 80 por ciento de la visión afectada en ese ojo.
El cabo primero Cristian Leonardo Miranda fue juzgado y condenado por el delito de lesiones calificadas agravadas por dos motivos: por un lado, porque se cometieron en un espectáculo deportivo; segundo, por su condición de policía.
El fallo fue dictado por la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba.
Miranda llegó y se fue del juicio oral en libertad.
Se espera que el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario resuelva su situación ahora, a fin de determinar si es o no exonerado.
El violento episodio ocurrió en la siesta del 15 de abril de 2017 en el ingreso sur al Estadio Kempes. Ese día se enfrentaban Belgrano y Talleres por la liga de la AFA.
Ese sábado quedó en la memoria de tantas y de tantos porque, en el entretiempo del clásico, el hincha Emanuel Balbo fue asesinado en una tribuna del estadio, tras ser golpeado y lanzado al vacío.
Por el crimen de Balbo, cinco hinchas serían condenados.
El penoso episodio sufrido por Frydman quedó en el olvido mediático, pero en la Justicia avanzó.
Cuatro años después, finalmente hubo en parte justicia.
Cómo fue todo
El policía Cristian Miranda formaba parte de un supuesto escuadrón especial: el “Seom”. Su sigla significa “Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas”.
Puertas adentro de la Policía, se considera a ese grupo como una suerte de Guardia de Infantería motorizada.
Se los suele ver por las calles y avenidas a bordo de motos de alta cilindrada, van de a dos y todos vestidos de negro, con cascos y pertrechos. Uno maneja. El otro anda atrás armado con escopeta.
Siempre andan en grupo.
Esta división fue copiada a la Policía Federal Argentina.
De hecho, esta fuerza de seguridad nacional tiene esa brigada y ya actuó en varios represiones, como en el Obelisco, la Plaza de Mayo, la zona del Congreso.
En Córdoba, el Seom es usado para entrar a reprimir en villas o barrios “complejos” y para “custodia” de personalidades o equipos deportivos.
Esta división ya lleva varios años de funcionamiento.
En aquel 2017, el Seom empezó a utilizar pistolas de paintball.
Según voceros de aquel entonces, era armamento no letal y servía para “marcar” a ciudadanos que protagonizaban disturbios.
La bola impacta en el cuerpo, queda la mancha de pintura azul (o roja) y posteriormente algún policía de alguna patrulla llega y detiene.
Esas armas utilizó el Seom, aquel sábado de abril, al custodiar el colectivo en donde iba el plantel del Club Atlético Talleres.
Cuando el ómnibus y las motos policiales arribaban al ingreso sur del Estadio, se reunieron hinchas de Belgrano. Hubo insultos, gritos y volaron algunas piedras.
En ese lugar justo se encontraba Diego Frydman, quien había ido a la cancha para alentar a Belgrano.
El muchacho, según explicaría su padre (quien también había ido al estadio), justo se dirigía al auto a buscar el DNI cuando sucedió todo.
Algunos policías del Seom hicieron disparos con esos dispositivos con bolas de pintura.
Una de las postas impactó en el ojo derecho del muchacho.
El disparo fue a quemarropa. El uniformado disparó a la cabeza, algo prohibido y temerario.
Tanto él como los demás uniformados nunca se detuvieron, según declararían los testigos.
Todo lo contrario. Siguieron de largo en sus motos negras. Nadie lo asistió. Ningún jefe dio la cara de manera oficial.
Juicio y condena
Finalmente, cuatro años después se concretó el juicio en la Cámara 7ª .
En un conmovedor testimonio, el propio Frydman relató los padecimientos que sufrió tras el disparo policial. Contó de qué manera esa lesión lo dejó con el 80 por ciento de la visión disminuida.
El fiscal Horacio Vázquez estuvo a cargo de la acusación. El funcionario fue quien solicitó la pena de 3 años de ejecución condicional, lo cual fue adoptado por la Cámara.
No hubo indemnización. La familia de la víctima desistió en reclamar.
