En medio de la preocupación por la sobrepoblación de presos en la cárcel de Bouwer, entre otros establecimientos penitenciarios de Córdoba, y de los constantes hallazgos de celulares y drogas en celdas, la Provincia anunció este lunes un ambicioso proyecto carcelario. Se trata del Centro de Máxima Seguridad (Cemax), una cárcel para presidiarios de mayor peligrosidad que funcionará en el mismo predio de Bouwer, aunque por fuera del complejo para varones.
El presidio, que ya está siendo construido, estará listo en 2026 y alojará a mil presos en alrededor de 500 celdas, según el anuncio oficial. La unidad estará destinada a presos de “alto perfil de riesgo”, quienes usarán uniformes obligatorios como en los presidios de Estados Unidos.
El régimen será riguroso: los internos no podrán recibir provisiones externas y las visitas se limitarán a una sola y cada 15 días bajo supervisión estricta. Esta medida ya despertó miradas en el Poder Judicial.
Estas medidas buscan cortar vínculos con el exterior y reducir la influencia de los internos de alto perfil en actividades delictivas desde la cárcel, se indicó.
El anuncio fue realizado por el gobernador Martín Llaryora, en un acto al que asistieron autoridades del poder político y judicial, además de autoridades del Ministerio Público Fiscal. “El miedo lo deben tener los delincuentes y no la gente”, manifestó el mandatario en un acto desarrollado en el Centro Cívico.
El penal Cemax, según la Provincia, se destaca por “tecnología de punta y un enfoque integral en seguridad”. Incorporará cámaras con inteligencia artificial y analítica, escáneres de máxima seguridad para bultos y personas, inhibidores de celulares y un sistema de radar perimetral para detectar movimientos sospechosos.
Además, contará con un sistema antidrones y cámaras adosadas al cuerpo de los guardias.
Estas medidas buscan impedir el ingreso de elementos prohibidos y cortar comunicaciones no autorizadas, un problema recurrente en cárceles tradicionales. Desde hace décadas, las cárceles de Córdoba funcionan como verdaderos “call centers” tumberos.
Desde sus celdas, numerosos presos han tenido acceso y lo siguen teniendo a celulares con los que cometen toda clase de estafas, tanto en la provincia como en otros puntos del país.
En paralelo, la cárcel de Bouwer ha sido escenario de graves hechos de corrupción institucional, según lo demuestran importantes investigaciones contra ex altas autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que tienen a Juan María Bouvier entre los principales acusados; y la causa por el ingreso de drogas y celulares en camiones con raciones de comida, que ya tiene preso al empresario Alicio Dagatti.
Desde la Provincia se remarcó que el nuevo penal contará con tecnología avanzada y estrictas medidas de control y con “nuevo personal penitenciario” que usarán sus rostros tapados. Se llamará Grupo Táctico Especial y dependerá del SPC.
Nueva alcaidía para 2026
Por otro lado, el Gobierno anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) con capacidad para 500 personas. Complementará la alcaidía de barrio Cáceres: el Establecimiento Penitenciario Número 9. Allí van a parar los detenidos por la Policía. El centro es custodiado por el SPC.
“Es un lugar que ha quedado chico por el estrés que está sufriendo actualmente el Servicio Penitenciario debido a la gran cantidad de detenciones”, explicó Llaryora. La actual alcaidía también cuenta con condiciones de superpoblación de internos, como sucede en Bouwer, y ha sido escenario de graves peleas.
La anunciada nueva alcaidía se construirá en Bouwer. La situación de hacinamiento en la actual UCA es preocupante. Un habeas corpus presentado por un preso devino en un planteo colectivo que se tramita en el Juzgado de Control N°9.
“Buscamos trabajar en conjunto con la Justicia para resolverlo. Venimos contemplando un crecimiento de la población carcelaria del 10% cada año”, dijo el gobernador.
“Deterioro social”
Llaryora sostuvo que el deterioro social y la falta de empleo provocan que “el trabajo diario de todos para garantizar más seguridad sea cada vez más difícil”. También lamentó “la realidad de una situación de pobreza que no para y de una clase media que cada vez está peor”. Respecto a la futura nueva cárcel, dijo: “Este es un antes y un después para el sistema carcelario cordobés”, añadió.
Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, manifestó que “la Provincia promueve una política de seguridad férrea e inquebrantable”, y que “frente al avance de la delincuencia no va a titubear ni un segundo”.
Ante una consulta periodística sobre la situación carcelaria, López reconoció dificultades. Pero diferenció: “Hay personas que delinquen que tienen que ser el objetivo de este nuevo establecimiento. Hay otros que estudian, trabajan y buscan nueva oportunidad”.
Inhibidores
Por otra parte, el gobernador indicó que se presentó un proyecto de ley en la Legislatura, junto a un planteo judicial, para resolver el problema de los aparatos inhibidores de telefonía celular. Desde el gobierno señalaron que la controversia con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dificulta la tarea de control.
A raíz de las estafas y otros delitos cometidos desde la cárcel de Bouwer, años atrás se colocaron inhibidores de señal para celulares. Ante un reclamo de empresas telefónicas que aducían que pobladores de la vecina localidad de Bouwer se quedaban sin señal para sus celulares, el Enacom intercedió y los aparatos tuvieron que ser apagados o bien que funcionaran con menor potencia en el penal.
“Les pido que tengan sentido común y se pongan del lado de la gente. Los inhibidores no pueden ser apagados ni restringidos. Es mejor apagar una antena de telecomunicaciones común, que un inhibidor”, dijo el mandatario. Por otro lado, volvió a insistir con un viejo reclamo de la Provincia: que la Nación pague por los presos federales alojados en las cárceles provinciales.
