La búsqueda de trabajo como personal de casas de familia se transformó, inesperadamente, en una condena penal y reparación millonaria en Córdoba. Una mujer y su madre fueron condenadas por promoción y facilitación de la prostitución ajena gracias a una denuncia anónima que develó la trama delictiva detrás del rentable “negocio” sexual.
En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo de Julián Falcucci, condenó a Valeria Andrea Fernández (47) y a su madre, María Rosa Tapia (66), a cuatro años y medio de prisión domiciliaria y a abonar a 17 víctimas $ 25 millones en total.
El aviso clasificado que desencadenó la causa en Córdoba
Una denunciante anónima, a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, fue clave. La mujer relató que vio un aviso en el que se ofrecía trabajo como personal de casas de familia y acordó conocer las condiciones.
La contratante se presentó como Valeria Fernández, una mujer corpulenta y rubia, que vivía en un departamento en La Rioja al 900 junto con su hijo de 6 años.
Contó que, durante los días que trabajó en ese domicilio, observó y escuchó situaciones que la hicieron sentir incómoda. Le llamó la atención que Fernández utilizara cinco teléfonos celulares para promocionar a mujeres de Salta y de Mendoza, así como del extranjero, con fines de explotación sexual en “privados” en la ciudad de Córdoba.
También dijo que Fernández “manejaba” tres lugares en Córdoba capital para el comercio sexual, y que las mujeres eran transportadas a despedidas de solteros en un inmueble en Nueva Córdoba.
La denunciante también observó que la madre de Fernández, Tapia, visitaba el departamento y atendía el teléfono en ausencia de su hija. Agregó que Fernández manejaba un costoso auto nuevo y que, aterrorizada de ser captada para ser explotada sexualmente, renunció como empleada de casas de familia.
A partir de su denuncia, el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, ordenó a la División de Protección de Personas y Trata de Personas de la Policía de Córdoba que investigara los hechos.
El organismo confirmó los datos de la denuncia y estableció que Fernández había sido detenida en 2009 por promoción y facilitación de la prostitución, que manejaba un Fiat 500 y que era hija de Tapia, con antecedentes por infracción al Código de Faltas, en 2013.
En paralelo a la causa federal, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de la ciudad de Córdoba abrió un expediente tras una denuncia a la línea 145. En esta denuncia, se indicaba que Fernández y Tapia, mediante una web, ofrecían mujeres para servicios sexuales y que retenían el 50% del dinero.
A esas denuncias se agregaron otras. De acuerdo con la investigación, varias mujeres ejercían la prostitución en diversos domicilios; entre ellos, uno de Mitre al 200 (barrio Centro). Allí, incluso, Fernández fue observada cuando se retiraba en su Fiat 500, lo que aumentó las sospechas de que comandaba el lugar.
En la web denunciada, en la que figuraban los teléfonos de contacto y los 11 nombres de mujeres con sus torsos desnudos y semidesnudos, se mencionaban los días y horarios de prestación de los “servicios” de “promotoras, modelos y masajistas”. “NO somos agencia de acompañantes. No guardamos relación contractual ni de dependencia con las personas presentadas”, advertía el mensaje.
Vigilancias, apodos y un “negocio” rentable en Córdoba
Los pesquisas montaron una vigilancia en Mitre al 200 y observaron que la mecánica siempre era la misma: los “clientes” tocaban el portero del edificio, ingresaban al departamento y al cabo de 30 minutos, se retiraban. Los vecinos dijeron que desde hacía tres años allí funcionaba un prostíbulo con turnos rotativos.
Pero fue particularmente llamativa la presencia de una mujer muy corpulenta que manejaba un Fiat 500 y que terminó siendo, efectivamente, Fernández. A través de las escuchas, se comprobó que se hacía llamar “Lola”, mientras que su madre se presentaba ante los “clientes” como “Rosa”.
Receptaban las consultas que les llegaban mediante ese sitio web y otro y se encargaban de promocionar a las mujeres, coordinar los “turnos”, informar los precios y las direcciones de los “pases”.
Una vez concretados los “turnos”, coordinaban con las mujeres los detalles para atender a los “clientes”. Sin embargo, cuando los “clientes” les preguntaban si ellas también “trabajaban”, Fernández y Tapia respondían que sólo eran telefonistas y encargadas de los “turnos”.
Los efectivos descubrieron otros prostíbulos, más “clientes” y un “negocio” muy rentable para madre e hija. A medida que la investigación se profundizó, Fernández sumó otro auto a su nombre.
En uno de los allanamientos, tanto ella como su madre fueron descubiertas en los locales junto a varias mujeres, aunque no se comprobaron indicadores vinculados a trata. Hallaron un cuaderno con anotaciones de los “pases”, una factura de gas a nombre de Fernández y seis posnets con los que facturaban los “servicios”.
Las mujeres declararon que ejercían en forma voluntaria, sin coacción o amenaza, en departamentos alquilados (con algunos servicios domiciliarios a nombre de Fernández). Contaron que si bien cada mujer fijaba sus horarios, valores y condiciones de atención, existía una coordinación entre ellas para compartir gastos y “turnos”.
Todas coincidieron que la publicidad de los “servicios” se realizaba mediante las páginas web o a través de celulares personales y apuntaron a Tapia como proveedora de sábanas, toallas y elementos de limpieza para los prostíbulos.
Otras meretrices dijeron desconocer a Tapia y Fernández, “lo cual podría interpretarse como un intento de desvinculación, aunque lo relevante es que sí reconocieron la existencia de una intermediación para acceder a los departamentos y la modalidad conjunta del pago del alquiler”, estableció el juez Falcucci.
Las pruebas obtenidas por las vigilancias, escuchas y declaraciones, agregó el magistrado, pusieron en evidencia “el funcionamiento de una estructura sostenida en el tiempo” (entre 2019 y 2022) “destinada a promover y facilitar encuentros sexuales entre mujeres y clientes masculinos” a través de las múltiples webs lideradas por las jefas de los prostíbulos.
“A partir de las intervenciones telefónicas, se confirmó que tanto Fernández (bajo el seudónimo ‘Lola’) como Tapia (‘Rita’), que se presentaban como las ‘telefonistas’ y ‘doy los turnitos, nomás’, respondían a los llamados de los clientes, brindaban información sobre los servicios, los precios, las direcciones y las mujeres disponibles”, dijo Falcucci.
“Se pudo establecer que si bien las mujeres actuaban con cierto grado de autonomía respecto de la fijación de sus condiciones laborales y la percepción del dinero, Fernández y Tapia ayudaron al ejercicio conjunto de la actividad sexual, a través de la disposición o el acondicionamiento exclusivo de los departamentos, la coordinación interna entre las mujeres, el acceso a la locación por medio de terceras personas, la publicación de avisos y la atención a múltiples clientes”, sostuvo.
Las imputadas admitieron los hechos y su participación en el delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena durante el juicio abreviado acordado con el fiscal general Carlos Gonella.
“Fernández facilitaba el acceso a los departamentos mediante documentación a su nombre, mientras que Tapia estaba a cargo de la gestión de la publicidad, difusión de los servicios sexuales, incluso negociando el costo de los anuncios. Brindaban asistencia logística, organizativa y material para el desarrollo del comercio sexual ajeno”, indicó el juez.
Fueron condenadas a cuatro años y medio de prisión domiciliaria (por afecciones de salud). Deberán abonar 25 millones de pesos en total para 17 víctimas.
