Una de las “industrias” delictivas que crecieron de manera ostensible en los últimos años en la provincia de Córdoba fue la de las estafas cometidas desde los establecimientos carcelarios. Burlando controles y normativas, distintos presos lograron hacerse de modernos celulares para cometer, desde los pabellones, toda clase de estafas, entre otros delitos, contra incautos muros afuera,
Los engaños tuvieron distintas formas: falsos secuestros, falsos premios o falsas llamadas de entidades gubernamentales o privadas.
La modalidad creció y pronto se formaron bandas mixtas: desde los pabellones, los presos cometían los engaños; mientras en la calle, sus cómplices se encargaban de buscar el dinero en los cajeros, hacer las transacciones, comprar y conseguir más celulares y chips.
Varias bandas fueron desarticuladas estos años. Aunque muchos de sus integrantes volvieron a hacer lo mismo con nuevos cómplices.
En las últimas horas, la Justicia cordobesa puso fin a otra banda.
El juicio empezó y terminó hace pocas horas en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba: un total de 22 personas fueron condenadas bajo los cargos de asociación ilícita y estafas reiteradas. Un acusado fue absuelto.
Entre los condenados sobresalen seis: se trata de los cabecillas del grupo, quienes desde prisión habían montado el “call center”.
Falsos premios y sorteos
Según la investigación que llevó adelante el fiscal Ernesto Gavier, del área de Delitos Complejos, este grupo operaba desde el Complejo Carcelario Andrés Abregú, más conocido como la Cárcel de Cruz del Eje.
La banda había aprendido a cometer un engaño que, por reiterado, no dejaba de darles ganancias lamentablemente: los falsos sorteos.
Bajo el ardid de hacerse pasar como representantes de empresas conocidas (lo cual era falso), los presos lograban entablar conversaciones telefónicas con incautos y lograban que estos terminaran haciendo transacciones de dinero, bajo concepto de impuestos u otros ardides.
En muchos casos, las víctimas tuvieron que hacer transferencias desde sus cuentas bancarias. En otros casos, tuvieron que hacer depósitos en empresas de transferencias monetarias como Wester Union, según la causa.
No sólo había llamadas.
En muchas oportunidades, los engaños se cometieron mediante el uso de WhatsApp, siempre desde las celdas de la cárcel.
Las maniobras, según la causa, fueron cometidas entre 2017 y 2019.
Las víctimas fueron numerosas. Hubo damnificados tanto de Córdoba como de otras provincias.
Juicio a dos salas
Por la envergadura del caso y el lote de imputados e imputadas, la Cámara 10ª del Crimen dispuso que el juicio se desarrollara en dos salas de audiencias al mismo tiempo bajo sistema de televisación.
Las penas más graves recayeron sobre los jefes del “call center” por los delitos de coautores de asociación ilícita y estafas reiteradas.
Estos seis acusados recibieron condenas que rondaban en promedio los cinco años de cárcel.
En algunos casos, como tenían condenas previas, todo se acumuló en penas de hasta seis años.
Los principales condenados fueron: José Daniel Córdoba, William Elías Córdoba, Lucas Alberto Sebastián Chiquilito, Carlos Javier Alderete, Nicolás César Quinteros y Darío Germán Calderón.
Por otro lado, hubo 17 personas que fueron condenadas por haber sido miembros de esa organización. Como se dijo, eran “la mano de obra” muros afuera.
El delito fue: asociación ilícita.
Recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional.
Estos condenados fueron: Mirta Isabel Gorosito, Johana Edith Martínez, Karen Aldana Álvarez, Sergio Sebastián Ahumada, Roberto Antonio Loza, Rodrigo Adrián Moyano, Jésica Silvana Taborda, Paola Beatriz Córdoba, Ángel Esteban Tapia, Leandro Sebastián Loza, Cielo Janet Alderete, Matías Emanuel Chiquilito, Aníbal César Quinteros, Cynthia de Lourdes Calderón, Romina Soledad Esquivelgloria y Elizabeth Uran.
Muchas de estas personas son novias o familiares de los cabecillas.
El tribunal (compuesto por los jueces Carlos Palacio Laje, Mario Centeno y José Rojas Moresi) les impuso normas de conducta que deberán cumplir : completar la educación primaria o secundaria y hacer trabajos de bien público no remunerados.
Vale señalar que hubo un acusado que llegó a juicio y fue absuelto. Se trata de Mauricio Damián Ceballos, por quien el fiscal de Cámara, Gustavo Dalma, no había pedido pena.
Sin dinero. Un punto que por lo general queda en el haber, en torno a estas organizaciones, es que rara vez se recupera el dinero robado a las víctimas. Se ha secuestrado dinero en algunos operativos, pero no se logra establecer quién fue el damnificado o damnificada.
