Un empresario ganadero cordobés deberá resarcir con dos millones de pesos a un empleado al que sometía a extenuantes jornadas laborales de lunes a lunes, sin francos, baño ni luz durante varios años, en la localidad de Coronel Moldes.
El imputado Hugo Omar Kuseman, de 82 años y jubilado, solicitó la suspensión del juicio, al que fue elevado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, al sellar un acuerdo con la víctima y el fiscal general Maximiliano Hairabedian.
El juez del Tribunal Oral Federal N° 1 Julián Falcucci homologó el convenio, por lo que Kuseman deberá abonar los $ 2 millones en dos cuotas iguales y consecutivas hasta el último día de mayo.
La causa
El empresario ganadero –dueño de un establecimiento dedicado a la cría de ganado bovino en Coronel Moldes– fue imputado por haber recibido, acogido y explotado laboralmente a un hombre.
“Kuseman, abusado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, la explotó laboralmente, constatándose dicho accionar a través del pago de salarios insuficientes, haciéndole cumplir jornadas laborales sumamente extensas de lunes a lunes, sin gozar de francos que le permitieran el descanso, en condiciones de habitabilidad deplorables, no tenía baño instalado ni electricidad”, señaló la acusación.
La víctima huyó y su hermana notificó de la explotación a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
El trabajador se encontraba impedido de cortar su vínculo laboral, ya que no disponía de dinero suficiente. Cuando debía visitar a su esposa enferma, sus nietos menores de edad (13 y 17 años) debían cubrirlo en su trabajo.
Para la fiscalía, eso demostraba que sus salidas del establecimiento estaban “restringidas”, lo cual denotaba “una situación de debilidad de la víctima frente” a Kuseman, a quien “difícilmente podría oponerse”.
Trata laboral
El empresario fue imputado por trata laboral. El fiscal Hairabedian entendió que con el resarcimiento ofrecido (los $ 2 millones, que se sumarán a los $ 500 mil, ya pactados en 2020 en el marco de la reparación en sede laboral) se solucionaba el pleito.
De esta forma, se pronunció a favor de lo solicitado por el imputado, con lo que acreditado el pago de los $ 2 millones, correspondería el sobreseimiento por extinción de la acción penal.
El juez Falcucci homologó el acuerdo de las partes: “Encuentro razonable encuadrar este caso en el instituto de conciliación, dadas las dificultades que merece una eventual apreciación de la entidad del daño ocasionado a la víctima a los fines de entenderlo reparado en su integridad”.
“Asistimos a un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación). Con el foco puesto en la víctima del delito, se abre a la par la posibilidad de una mejor situación procesal del imputado –quien de otro modo debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena– y se favorece la dinámica de la praxis judicial”, evaluó.
El magistrado resaltó que “la justicia restaurativa parte de la concepción acerca de la cual resolver el problema de la delincuencia es un proceso enfocado en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”.
