“La fiscalía tiene una fuerte intención de que se logren resarcimientos lo más completos, integrales y actualizados posibles”, comentó a La Voz este lunes el fiscal de la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba Gustavo Arocena con referencia al juicio que se está siguiendo a 28 acusados de participar de un call center “tumbero” en la cárcel de Villa María con la comisión de cientos de estafas a particulares mediante engaños telefónicos.
El debate empezó a mediados de febrero y trata la instrucción realizada por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier en contra de acusados que estaban detenidos en el penal villamariense y explotaban “sin control” un centro de operaciones telefónicas que realizaba llamadas para engañar a particulares a fin de que dispongan de sumas de dinero que luego receptaban otros miembros de la asociación ilícita que se movían en libertad, fuera de la cárcel.
Tras varias audiencias y con algunas “negociaciones” informales entre la fiscalía y algunos defensores para negociar la posibilidad de llegar al acuerdo respecto de las penas, surge la idea del acusador de poner énfasis en que los acusados realicen reparaciones integrales o al menos satisfactorias a quienes resultaron estafados.
Para Arocena lo importante en este tramo es “esa recuperación del dinero y, en función de eso, hablar de las penas”.
El propósito del acusador es que quienes pasan por estos juicios ofrezcan reparaciones, si no integrales, satisfactorias a las víctimas, contrariamente a lo que viene sucediendo en algunos procesos en los cuales los damnificados se quedan con las manos vacías, más allá del monto de las penas a los acusados, alto o bajo.
Tras las primeras audiencias, el juicio ingresa en su etapa de definiciones. El debate se reabrirá este miércoles, cuando se espera que comience a definirse la posibilidad de establecer acuerdos a partir de ofrecimientos a las víctimas.
En el banquillo de los acusados se han sentado 28 personas, entre detenidos que supuestamente manejaban el call center intramuros (con anuencia de autoridades penitenciarias) y familiares o allegados que les ayudaban para recibir el dinero recaudado por engaño a las víctimas.
Los principales acusados que llegaron al juicio como presuntos organizadores de la asociación ilícita son quienes eran reclusos al momento de la constitución de la banda: Daniel Alejandro Barroso (37), Mario Leonardo Ariel Heredia (34), Rubén Alejandro Heredia (28), Emanuel Nicolás Ruiz (30), Josué Gabriel Tejeda (29) y Juan Manuel Vázquez (34). En otras palabras, los presuntos “operadores” del call center.
Además de esos seis, se considera que eran necesarios para consumar las estafas telefónicas -por su aporte en la recepción del dinero, su atesoramiento y su distribución al resto de la banda- otros 22 imputados que operaban “desde afuera” de la cárcel.
Los acusados son: Juan Pablo Villarruel (41), Jorge Ruiz (70), Diego Sebastián Almada (48), Sergio Rubén Carranza (54), Matías Exequiel Miguez (29), Leonel Miguez (27), Mirta Yolanda Bazán (38), Silvana Haydée Sarmiento (51), Cristian Alberto Pirani (45), Sandra Yohana Morán (36), María Del Carmen Vázquez (57), Verónica Elizabeth Rodríguez (37), Yanina Dip Romero (35), Cesia Jemima Garro (31), Aldana Álvarez (29), Juan Eduardo Cuevas (22), Mayco Roasenda (33), Julia Centeno (52), Liliana Rojo (34), Tania Judith Rojo (32), Saúl Aníbal Rosales (39) y Micaela Mabel Torres (32).
Los damnificados, a través de llamados de celulares desde la cárcel, son cientos de personas desperdigadas por toda la geografía nacional. A muchos de ellos no ha sido posible ubicarlos.
El debate se realiza en la cámara que se dedica al análisis de Delitos Complejos y el tribunal está integrado por Juan José Rojas Moresi (presidente), Carlos Palacio Laje y Mario Centeno. El escenario es la inmensa sala donde se efectuó el juicio por el asesinato de Blas Correas (entre fines de 2022 y marzo de 2023) que por sus dimensiones sirve para recibir este juicio oral, con tantos acusados y sus respectivas defensas.
Ingenio para el engaño
El principal ardid estafatorio esgrimido por este numeroso grupo era el “cuento” de un préstamo bancario que, para ser beneficiario, debía tramitarse a través de los cajeros automáticos.
En el trámite -mediante la conversación telefónica simultánea a la operación en el cajero- los estafadores robaban los datos de las cuentas bancarias o inducían a la víctima a hacer transferencias hacia cuentas recaudadoras a nombre de allegados a los detenidos.
También se indicaba que debían hacer envíos de dinero -para acceder al préstamo- haciendo depósitos en empresas como Rapi Pago o Western Union, según la causa.
