Hace menos de un año Liliana Montero asumió como ministra de Desarrollo Humano, una cartera que incluyó a la Senaf, derechos humanos, discapacidad e infancia.
En las últimas semanas, distintos casos han puesto el accionar de Senaf bajo la lupa. Primero con el crimen de Aralí, la nena de Brinkmann. Ahora, con un adolescente de 15 años reincidente en distintos delitos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba decidió en una sentencia, el 29 de octubre pasado, que no hay ninguna excepción que permita una medida privativa de la libertad en el caso de menores de edad no punibles. Lo hizo en la sentencia 413, en la que resolvió un planteo en casación de defensores públicos contra el rechazo del Juzgado Penal Juvenil de Cuarta Nominación de un pedido presentado por defensores oficiales de cese de una medida privativa de la libertad contra otro adolescente de 15 años en el Complejo Esperanza.
“A los niños, niñas y adolescentes (NNyA) no punibles por su edad se les aplica un sistema distinto respecto de los punibles, con un enfoque diferenciado, basado en un abordaje multidisciplinario, en el que la libertad es la regla absoluta y no deja margen para el encierro”, dice este fallo que salda la cuestión en el TSJ.
Este es el antecedente más reciente y de mayor peso que cita la jueza Penal Juvenil 3 de Córdoba, Ileana Benedito, para justificar el rechazo que hizo al pedido de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de que se dictara una medida “excepcionalísima” que permitiese alojar a un adolescente multirreincidente en el Complejo Esperanza.
El cruce con Senaf ocurrió luego de que Benedito le pidió que “profundice el abordaje” con dos adolescentes “reiterantes, que han cometido varios hechos presuntamente delictivos” y extremara las medidas para evitar que volviesen a barrio Marqués Anexo, el entorno que no les conviene. A esa indicación el organismo provincial respondió con el pedido de una autorización para alojar a uno de estos chicos, el más conocido, en el Complejo Esperanza.
Benedito lo rechazó. En diálogo con La Voz, la jueza explicó: “Senaf me dice que lo deje preso, pero no hay lugar en el sistema legal para eso”.
La respuesta de la ministra Montero
Este viernes, la ministra Montero dialogó con el periodista Jorge “Petete” Martínez (Mitre Córdoba). En relación al tema de Aralí, expuso que no fue “una decisión de silencio” no salir a hablar antes, sino que fue una “decisión de prudencia” porque es “una situación compleja que involucra a muchos actores”.
En relación al último cruce con la jueza, sostuvo que en lo penal juvenil no hay leyes que le permitan a los jueces y juezas tomar una medida “excepcionalísima”.
En ese marco, adelantó que enviará a la Legislatura de Córdoba un “código de procedimiento penal juvenil que ponga blanco sobre negro”.
“Es decir, señores, en estos casos hay que intervenir de esta manera y con todas las garantías de los tratados internacionales”, sumó. Y añadió: “No me pueden correr por izquierda. Sé de derechos humanos y de las garantías constitucionales de los menores”.
Montero señaló que esa decisión de enviar a la Legislatura fue acordada con el gobernador Martín Llaryora y conversada con el presidente del bloque y otros legisladores.
En relación al joven de 15 años sostuvo que ella vio las imágenes y que no sólo ponía en riesgo la vida de otras personas sino también la propia. “Cuando le pedimos una medida excepcionalísima para alguien es porque entendemos que el resto de las medidas han fracasado”, expuso. Y reforzó: “Esto no quiere decir que los equipos no han trabajado. Las medidas que se han tomado son las que fracasaron”.
Por último, la ministra respaldo su equipo desde que es funcionaria en esa cartera, que en diciembre cumplirá el año.
“El 96% de los que ingresaron, desde que soy ministra, son profesionales. Yo doy cuenta de mis acciones”, reiteró.
