“Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. Cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional de encarcelamiento: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 PPL cada 100 mil habitantes. Le siguen: Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267″.
El dato surge del último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado este viernes.
La tasa de encarcelamiento en Córdoba está muy por encima de la media nacional y se da en un contexto de mayor prisionización, como consecuencia del endurecimiento punitivo y de una mayor aplicación de penas privativas de la libertad.
“Durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió a raíz de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. Aunque se incrementó la cantidad de plazas carcelarias, esto no logró reducir los niveles de sobrepoblación. A nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2 % de su capacidad. Esto implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100″, detalla el informe nacional.
En Córdoba, a fines de 2024, se contabilizaban 14.736 personas detenidas, con una capacidad de alojamiento establecida en 12.952 plazas. Esto daba una ocupación de 113%. Estos números hoy se quedan cortos, con una población carcelaria estimada en torno a los 17 mil internos. La sobresaturación en las cárceles dio pie a la intervención de dos jueces de ejecución penal provinciaes y a la Justicia federal para dar lugar a habeas corpus colectivos por las malas condiciones de alojamiento. Como parte del paquete de medidas paliativas se anunciaron mejoras de infraestructura y ampliación de pabellones, con una megainversión en el Cemax, una prisión pensada para detenidos de alto perfil, con una capacidad estimada entre 800 y mil camas, que se inaugurará a mediados de año. A su vez, el Ministerio de Justicia y Trabajo provincial invirtió en 500 nuevas tobilleras electrónicas para descomprimir las cárceles en casos en los que la prisión domiciliaria monitoreada es una alternativa viable.
“En 2024, diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó. El CNPT reconoce estos esfuerzos para abordar la sobrepoblación, pero advierte que el problema no debe abordarse de manera exclusiva mediante la ampliación de la red penitenciaria. Esta problemática se vincula con múltiples factores, entre ellos: el uso sistemático de la prisión preventiva, el incremento de personas condenadas a penas cortas, el aumento de la severidad de la legislación penal, la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas a la prisión, la ausencia de mecanismos judiciales y ejecutivos para controlar la sobrepoblación”, remarca el informe.
Las explicaciones oficiales
Para el ministro de Justicia y Trabajo provincial, Julián López, hay una multiplicidad de causas que podrían explicar la tasa de encarcelamiento en Córdoba. “Entiendo que no tiene que ver solo con la aplicación de las preventivas, creo que tiene mucho impacto el criterio que Córdoba viene aplicando en los últimos dos años que es el sistema de acumulación de causas, que se puso en marcha a finales del 2023, que es una disposición del Ministerio Público Fiscal para terminar con la puerta giratoria, que hizo que cuando vos tenés más de dos o tres ingresos, por más que sean delitos menores, la gran mayoría empiezan a quedar detenidos o quedan con preventiva, porque se acumulan las causas que antes eran causas de tentativas, de hurtos por escalamiento, tentativas de robos, con las que recuperaban la libertad”.
Para López, también inciden en la prisonización las fuertes políticas contra la violencia de género y el narcomenudeo, con fiscalías especializadas y una fuerte asignación de recursos.
“En narcomenudeo se duplicaron las fiscalías y creció el número de integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Hay provincias que no tienen la adhesión a la desfederalización y Santa Fe recién la tiene hace pocod meses con lo cual todavía no debe tener impacto”, graficó López.
El informe es crítico de la ola punitivista que parece atravesar el país y de la que Córdoba no es ajena.
“Desde el CNPT subrayamos que las reformas legislativas de carácter regresivo, caracterizadas por la elevación de las escalas penales, la imposición de penas privativas de la libertad sin posibilidad de ejecución condicional, la creación de nuevos tipos penales y la ampliación del uso de la prisión preventiva han generado una inflación penal que se traduce en un aumento sostenido del encarcelamiento”, dice el informe.
“El aumento del encarcelamiento se relaciona con reformas legislativas de carácter regresivo, el uso excesivo de la prisión preventiva, la simplificación del debate político y social sobre la inseguridad, la presión de los medios de comunicación y las prácticas de las/os operadores judiciales”, remarcan.
