Mientras la investigación en la causa de la “banda de los Bomberos” sigue a todo vapor, el fiscal Guillermo González le tomó declaración indagatoria en la última jornada antes del fin de semana largo al excomisario Gustavo Folli Pedetta, acusado de ser creador y líder de la asociación ilícita.
El pasado viernes, acompañado de su abogado Alejandro Pérez Moreno, el exjefe de Bomberos y exsubjefe de la Policía de la Provincia de Córdoba fue intimado de las acusaciones que se le reprochan y se limitó a negar los hechos que lo involucran en el expediente.
Según fuentes judiciales, Folli Pedetta declaró que en 37 años de servicio no recibió ninguna sanción y que siempre actuó conforme a la ley.
Luego, “por consejo de su abogado”, se abstuvo de declarar y de responder a las preguntas del fiscal.
Acto seguido, fue enviado otra vez a la Cárcel de Bouwer.
Folli también negó las acusaciones en la otra causa que pesa sobre él: violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa, “ADT”. Está acusado por presuntas amenazas, instigación a cometer aborto y abuso de autoridad, esta última por ser ella uniformada.
Tras superar la indagatoria, Folli tiene acceso a la prueba y puede conocer mejor la estrategia a asumir. Siempre existe la posibilidad de que declare, como así también negarse a hacerlo, sin presunción en su contra.
Su expareja fue clave en la profundización de la investigación debido a que se presentó en la fiscalía y aportó datos concretos del giro económico y bienes que tendría Folli en los últimos años.
El mismo viernes Folli regresó a la cárcel de Bouwer, donde está alojado desde el 27 de diciembre. Ahora comienzan a correr los plazos (ordenatorios) para que el fiscal González resuelva su situación procesal. Probablemente, le dicte la prisión preventiva.
Según fuentes del caso, hay abundante prueba que compromete al exjefe policial y que lo ubica en haber sido el supuesto ideólogo y creador de la banda.
Declara Sosa
Por otra parte, íntimamente relacionado con la causa, está el comisario Sergio Sosa, quien sucedió a Folli en el cargo de jefe de Bomberos. Este miércoles será indagado.
Folli y Sosa fueron detenidos el mismo día y están considerados como los superiores de la jerarquía clandestina.
A todo esto, siete acusados de la causa fueron liberados el sábado, tras cumplirse los 60 días de la prisión preventiva “excepcional” que les había dictado el fiscal González.
Salieron de Bouwer con caución personal y bajo condiciones estrictas, como la prohibición de salir del país y la restricción de acercamiento a las oficinas donde se tramitan las habilitaciones de Bomberos.
Ellos son: Julio Zárate, Eduardo Rivadero, Marcos Lúquez, José Gorocito, Mario García, Félix Calama y Roque Olmedo.
Mientras a Sosa y Folli se les asigna el papel de presuntos conductores de la organización, a los demás se los acusa como presuntos integrantes de la organización: Zárate es personal retirado de Bomberos de la Policía; Rivadero, era personal policial dentro de Bomberos; Lúquez reemplazó a Rivadero en la confección de certificados; Gorocito era chofer de la Subjefatura de Policía; Olmedo era mandatario de la firme Cyre SA y tenía conocimientos de higiene y seguridad, mientras que los ingenieros García y Calama habrían falseado la realidad de las “inspecciones”, según la causa.
Si bien estos siete ya fueron indagados como presuntos miembros de la asociación ilícita, se espera que regresen -en libertad- a Tribunales para responder por los cargos “particulares”, es decir, los delitos que habría cometido la banda: extorsión o pedido de coimas. Se entiende que “si se portan bien y cumplen las condiciones” no volverían a la cárcel hasta que se haga el eventual juicio que puede costarles una condena de prisión efectiva.
Por otra parte, el décimo imputado es un inspector municipal que cayó horas después de los primeros siete. Héctor Jayo sería un “cuentapropista” y no necesariamente formaría parte de la banda. Habría exigido dinero al menos al dueño de un negocio para no clausurarle el local, según la fiscalía. Fue imputado por presunta “extorsión” y sigue detenido.
“Hay más todavía”
Algunas fuentes judiciales insisten, como anticipó este diario días atrás, que habrá más imputados y más detenidos. Ahora sería el turno de integrantes de la estructura administrativa de la Municipalidad de Córdoba, por un lado, y de comerciantes o industriales, por el otro.
Con relación a la comuna, desde Tribunales coinciden que se cuenta con la colaboración plena de las máximas autoridades a cargo del intendente Daniel Passerini. Lo mismo se dice de Martín Llaryora cuando conducía el Palacio 6 de Julio. Con esto, es alto el optimismo sobre el avance de la causa para detectar irregularidades y empleados o directivos infieles.
Se espera que en los próximos días o la semana próxima haya novedades de nuevos procedimientos que culminarían con nuevos acusados por cobrar coimas o extorsionar a los titulares de los locales que necesitaban la habilitación.
Las líneas de la investigación son numerosas, se señala sin revelar demasiado cuáles serían. Aparentemente, los “quioscos” de bomberos, policías o municipales serían unos cuantos, no sólo limitados a las habilitaciones de locales comerciales o plantas industriales.
Mientras avanza la investigación que tiene varias líneas y “promete” nuevos imputados y detenidos, a medida que se vayan cerrando expedientes se espera que sean elevados a juicio, por tramos.
