Dos meses se van a cumplir del salvaje asesinato de Santiago Aguilera, el pibe de 18 años que fue secuestrado y torturado de manera salvaje en las afueras de la ciudad de Villa Dolores, en Traslasierra.
El joven, hijo de un comerciante dueño de un corralón, fue hallado asesinado en un camino rural. Lo habían matado a golpes. Nada de armas de fuego.
A dos meses, el grueso de la banda que estuvo detrás de semejante hecho criminal no ha sido atrapado.
De todos modos, hay un detenido.
Se trata de un amigo de Santiago y, a la vez, empleado del padre de aquél. Está acusado por secuestro extorsivo seguido de muerte, pero su supuesto rol –según los investigadores- sería menor.
Además de ser una herida abierta, el crimen de Santiago es el mayor enigma que tiene este año la Policía de Córdoba por develar.
Si bien hubo un secuestro detrás de todo, allí mismo están las dudas: ¿fue un secuestro a secas o se trató de una venganza criminal en la que, además, se pidió dinero?
No hay certezas de ningún tipo.
En ese marco, hubo un temblor: un portazo retumbó fuerte y llegó desde Tribunales federales de Córdoba.
El juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, declaró días atrás su incompetencia en esta compleja causa, al entender –entre otras cosas– que no se trata de un típico caso de secuestro extorsivo.
El magistrado sostiene que el caso no es de competencia federal, sino de la Justicia provincial.
Sin embargo, el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, quien investiga esta causa desde el primer día, se opuso a esa resolución judicial.
En la Justicia federal, el fiscal investiga, pero quien avala las resoluciones, procesa y manda a juicio, entre otras medidas, es el juez o jueza.
Senestrari acudió ante la Cámara Federal de Apelaciones, de Córdoba para que resuelva bajo qué órbita judicial quedará este enigma.
“No nos podemos cambiar de caballo a mitad del río...”, se escuchó decir desde la fiscalía de Senestrari.
Secuestro en Traslasierra
El pasado 16 de agosto, a la noche, Santiago Aguilera salió de su casa en el paraje Chuchiras, a pocos kilómetros de Villa Dolores.
Iba a tomar algo con un amigo. No llegó y tampoco volvió a su casa.
A la mañana siguiente, su padre Carlos Aguilera, dueño de un corralón para la construcción, recibió un mensaje extorsivo por WhatsApp.
Desde el teléfono de Santiago, alguien le informaba el secuestro y que debía pagar 10 millones de pesos, y no alertar a la Policía.
En el mensaje se consignó que iba a existir otra comunicación, pero eso nunca ocurrió.
Enterada la Policía de lo sucedido, por tratarse de un secuestro extorsivo, se dio parte a la Justicia federal.
El fiscal Senestrari (por estar de turno) viajó a Traslasierra y, tras algunas averiguaciones, ordenó la detención de Walter Gil (23) en Villa Dolores. Según voceros, este joven habría sido uno de las últimas personas que tuvo contactos con Santiago.
Tortura en una casa y crimen
Dada la falta de noticias del muchacho, Senestrari obtuvo y habilitó una recompensa por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para quien aporte datos de la causa.
Nadie llamó ni para aportar información ni para reclamar el dinero.
El 21 de agosto siguiente (cinco días después de la desaparición) un baqueano halló de casualidad el cadáver de Santiago. Había sido tirado en un camino a pocos kilómetros de Villa Dolores.
Santiago había sido asesinado con feroces golpes de machete el día anterior, según los forenses.
Como si el espanto no fuera suficiente, los peritos determinaron que el muchacho había sido víctima de torturas mientras estuvo cautivo presumiblemente en una casa.
Feroces torturas.
Y llegó el portazo judicial
Días atrás, el fiscal Senestrari pidió el procesamiento de Walter Gil, el detenido de la causa Aguilera.
El juez Sánchez Freytes, sin embargo, rechazó esa medida (aunque dispuso que siga preso) y fue más allá: resolvió apartarse de la causa al entender que no era de competencia federal sino que debía ser investigado como un homicidio por la Justicia provincial.
Entre los argumentos esgrimidos, según trascendió, Sánchez Freytes sostuvo que se trataba de un hecho aislado, que no estaba claro el trasfondo de todo en ese homicidio, que tampoco estaba claro que se trate de una banda dedicada a cometer secuestros, que la víctima no estuvo cautiva de manera prolongada como los casos extorsivos y que no se sabe si había un grupo detrás de todo.
Por su parte, Senestrari se opuso y apeló la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Entre sus razonamientos, el fiscal remarcó que era apresurado tomar esa decisión sobre todo porque la causa está en plena investigación inicial y resta obtener pistas concretas para dar con los autores del hecho.
Por otro lado, discrepó sobre si se trata o no de una banda especializada y expuso que la víctima permaneció cuatro días cautiva en una vivienda hasta que fue asesinada.
En la fiscalía federal entienden y enfatizan que no es oportuno cambiar de jurisdicción en medio de una causa sin avances concretos.
Causa abierta
Por otro lado, desde Tribunales Federales se indicó que la causa no está paralizada ni frenada.
“Si bien el Juzgado Federal entiende que existe una incompetencia de jurisdicción, se firman resoluciones urgentes sobre la causa. No se desentendieron por completo”, expresaron fuentes con acceso a la pesquisa.
Se han hecho dos copias del expediente. Una sigue en manos del fiscal y otra partió a la Cámara Federal para que sus miembros se interioricen.
Si la Justicia federal resuelve que el caso de Santiago Aguilera debe pasar a jurisdicción provincial, la causa tendría que ser girada a la fiscalía de instrucción de Villa Dolores, donde se desempeñan Lucrecia Zambrana y María Eugenia Ferreira.
Según pudo saber La Voz, ambas fiscalas provinciales estuvieron ya en contacto con Senestrari apenas ocurrió todo y ofrecieron ayuda.
Senestrari trabaja con su equipo y pesquisas policiales de la Departamental San Javier y de la Dirección de Investigaciones Criminales de Córdoba. Colabora Policía Judicial.
“Nunca se dejó de investigar. Es un caso complejo y con un trabajo pesquisa ‘hormiga’. Se están tomando testimonios y no se puede decir nada”, comentó otra fuente de caso.
Bronca y reclamo
Mientras tanto, crece la bronca y el reclamo de justicia en Traslasierra. Sobre todo de la familia Aguilera. El padre se siente investigado y ve que no hay avances concretos sobre el caso.
