Una compleja causa que demoró años en llegar a la Justicia federal terminó en condena para el extorsionador Luis Augusto Olmedo (70), titular de la cátedra de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quien aprobaba únicamente a los alumnos que concurrían a su academia privada.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba -integrado por Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci- le impuso por unanimidad la condena de ocho años de prisión por el delito de extorsión continuada, más inhabilitación especial por 10 años por abuso de su cargo público.
También hubo penas como coautores del mismo delito para quienes condujeron la academia privada de manera sucesiva: Adrián Oscar Casalis deberá cumplir con cinco años y medio de prisión, en tanto que Augusto Massimino sufrió la condena de cinco años de prisión.
En tanto, la exdecana de la facultad Mirta Mónica Spadiliero de Lutri fue hallada responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber intervenido frente a numerosos avisos de alumnos y docentes, y le fue impuesta una pena de un año y 10 meses de prisión, en suspenso. Además, recibió cuatro años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
Por la condicionalidad de la pena, la mujer que fuera máxima autoridad de Odontología debe fijar residencia y someterse a los dictados del Patronato de Liberados.
Las penas que impuso el tribunal estuvieron prácticamente a la misma altura de lo que solicitó el fiscal General Maximiliano Hairabedian, quien ejerció la acusación junto al fiscal Auxiliar Maximiliano Aramayo. A Olmedo y a los dos “encargados” de la academia les impusieron seis meses menos de lo que pidió el Ministerio Público, en tanto que la pena de la exdecana coincidió con lo requerido por los acusadores.
Nadie fue preso.
De oficio
Puede considerarse un gran logro que un docente de la UNC que durante décadas venía practicando esta maniobra inescrupulosa llegue a la Justicia, sea sometido a juicio y termine condenado.
Acaso el mayor responsable de esto sea el propio Hairabedian quien inició las actuaciones de oficio al haberse “anoticiado” de las quejas de los alumnos. Durante meses, como fiscal instructor, el fiscal federal N° 2 de Córdoba convocó a alumnos y logró que tengan una actitud valiente y se atrevieran a denunciar y prestar su declaración.
Semanas después de iniciadas las actuaciones, Hairabedian les “cayó” encima a los tres máximos responsables, los allanó y los detuvo. Luego llegó la pandemia que, por razones de salud de Olmedo y ante un contagio masivo en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) permitió que al profesor-extorsionador lo beneficiaran con la prisión domiciliaria.
Durante ese período de emergencia sanitaria, Casalis, que no tenía enfermedades de riesgo o patologías de base, adquirió el Covid en esa unidad carcelaria y estuvo al borde de la muerte, con asistencia respiratoria.
Debate oral
Con el aporte de decenas de alumnos que aceptaron a pesar de algunas resistencias contribuir a la investigación que permitió involucrar a los responsables, el expediente fue elevado a juicio por el fiscal Hairabedian. Hubo algunas dilaciones, idas y venidas entre la instrucción y el tribunal de juicio, pero el debate fijó la esperada fecha de audiencia.
El juicio comenzó el 14 de febrero pasado y pasaron 48 testigos durante tres meses de audiencias.
Los testigos ratificaron la acusación y resultaron clave algunos testimonios que comprometieron a Olmedo y a Spadiliero de Lutri, que habrían desoido las quejas que realizaban alumnos y docentes.
Lo más llamativo es lo que ocurrió con otros testigos que quedaron comprometidos por el papel que cumplieron en la época en la que Olmedo estaba al frente de la cátedra de Microbiología.
El actual decano de Odontología es Guillermo De Leonardi, quien dijo desconocer que se cobraba para aprobar en la cátedra de Olmedo.
Lo mismo sucedió con quien anteriormente se desempeñó como decana –mientras De Leonardi era secretario académico- quien también sostuvo no estar al tanto de las maniobras.
Pero hubo testigos del estrato docente que desmintieron a ambos, indicando con detalles precisos en qué momento fueron notificados y que en reuniones de Consejo Superior el tema se hablaba como sobreentendido.
Por esto, a resultas de esta evidencia, el tribunal optó por pedir que sean investigados “por el fiscal federal de turno” De Leonardi y Visvisian cuando eran secretario académico y decana, respectivamente.
Por otra parte, salió a la luz por testimonios del juicio que, además del “negocio” de Olmedo, otros docentes habían tenido prácticas indebidas.
Se ventiló en el debate que había un profesor que recibía constantes quejas porque acosaba a alumnas, como así también otros docentes que exigían a los estudiantes que compraran determinados apuntes en negocios allegados a ellos.
Lo llamativo de este último tramo de la sentencia del TOF1 es que “el fiscal federal de turno” no es otro que Hairabedian, quien por estos días está recibiendo las causas que ingresan.
Será el mismo fiscal que inició de oficio las actuaciones el que ahora, por mandato de un tribunal, deba convocar a una exdecana y al decano de Odontología “en funciones” para ser investigados por omitir acciones que permitieron hechos de corrupción en la alta casa de estudios de la UNC.
