Tres clientes de un conocido banco nacional con sucursales en la provincia de Córdoba demandaron a este por daños y perjuicios tras haber sido engañados por delincuentes. Alegan que los indujeron a error y que se apoderaron de más de $ 17 millones que reclaman que les sean devueltos, en otro caso de phishing.
Las demandas fueron presentadas en los juzgados de San Francisco y de Villa María y se suman a numerosos reclamos que tuvieron su pico durante la pandemia de Covid-19, ya que las operaciones bancarias presenciales estaban vedadas y se imponían las digitales.
Ese fue el “caldo de cultivo” para innumerables operatorias ilegales de ciberdelincuentes que fueron, con los años, perfeccionando las maniobras y el speech o relato para aumentar los montos defraudatorios.
Estafas y demandas
Caso 1: una mujer (38) de la localidad de Hernando denunció que fue estafada el 19 de marzo pasado, cuando el pueblo celebró una fiesta, por lo que no hubo actividad bancaria.
Dijo que un hombre la llamó por WhatsApp de parte de una empresa de comercio electrónico y le preguntó si había autorizado una compra a otra mujer. Le dijo que no conocía a esa persona y que no había autorizado la transacción.
El falso representante le dijo que la estafadora estaba realizando compras con su usuario, había hackeado la cuenta y estaba usando sus tarjetas del banco para solicitar un préstamo de $ 7,5 millones.
Le solicitó que ingresara a la aplicación del banco y seleccionara ese importe “para poder cancelarlo”. Fue allí cuando le pidió realizar el reconocimiento facial y le explicó que, cuanto más rápido cancelara el préstamo e hiciera el reconocimiento, mejor sería para frenar las operaciones de la impostora (que nunca existió).
Ante el temor de que vaciaran su cuenta, la damnificada realizó el reconocimiento y se percató de que el préstamo ya había sido confirmado. El ciberdelincuente le respondió que el préstamo otorgado seguía en la cuenta porque ella se demoró en hacer el reconocimiento y la “estafadora” lo confirmó.
Para “tranquilizarla”, le solicitó transferir el dinero de la cuenta a otra no bancarizada, ya que la “estafadora” le había hackeado todas sus cuentas bancarias. Le dijo que transfiriera el monto a una billetera virtual y, de allí, a varios CBU para que el dinero “retornara” al banco y no le “tomaran” el préstamo. Así, debía transferir $ 4.999.999 a un CBU y $ 2,5 millones a otro.
En ese momento, la comunicaron con otra persona, que se presentó como gestor de cuentas del banco y le solicitó que confirmara todos sus datos (su contraseña de la app, su número de tarjeta de débito, sus últimos movimientos, usuario y contraseñas de la billetera virtual).
La denunciante dijo que efectivamente conocían todos sus datos, a pesar de no habérselos proporcionado voluntariamente.
Mientras eso ocurría, le pidieron que cancelara en la empresa de comercio electrónico la compra de un televisor realizado con otra tarjeta de otro banco. La denunciante denunció esta última operación ante el segundo banco y la estafa del televisor no alcanzó a consumarse.
Luego de las transferencias, los estafadores le dijeron que le llegaría por SMS un código de la cancelación del préstamo del banco. Le llegó un código que decía “prietoteamomiamor”. Fue allí cuando cayó que había sido estafada. Llamó a su banco en Hernando y le pidieron que realizara la denuncia en la Policía.
Al día siguiente, llevó al banco la constancia de la denuncia, pero manifestó que, a pesar de los reiterados pedidos, la empleada se demoró una semana en cargar un formulario de reclamo. El banco rechazó la presentación: le explicó que las sumas del préstamo fueron transferidas a su billetera virtual.
Sin embargo, la mujer alegó que el dinero fue transferido luego a cuentas de terceros. Dijo que debe afrontar cuotas mensuales de entre $ 600 mil y $ 700 mil (del préstamo) porque el banco no adoptó las medidas de seguridad para prevenir que accedieran a sus sistemas y se activara el crédito sin su verificación personal o telefónica.
Por esa razón, lo consideró un “facilitador” de la maniobra y reclamó al Juzgado Federal de Villa María que ordenara al banco la anulación del préstamo y la devolución de lo debitado y lo condenara a indemnizarla con $ 4 millones por daños y perjuicios.
Casos 2 y 3: un comerciante (69) de San Francisco denunció que lo estafaron por $ 7.201.576 debido a transferencias realizadas en abril pasado desde su cuenta bancaria sin su consentimiento. Reclamó que el banco (el mismo que en el caso anterior) fuera condenado a pagarle $ 5 millones por daños.
El denunciante relató que con su esposa tienen un comercio de venta de comida y que, en ese ámbito, trabajan usualmente con una empresa de pagos electrónicos. Contó que recibió una llamada de presuntos empleados de esa compañía para “corroborar” si había modificado su número telefónico.
Le realizaron preguntas relacionadas con la línea y le dijeron que siguiera las indicaciones para que le otorgaran un resumen de cuenta de las operaciones a fin de rendirlas al contador.
Siguió las instrucciones hasta que le solicitaron simular un préstamo. Ingresó a su homebanking y advirtió que el préstamo ya había sido realizado y que se habían hecho varias transferencias (sin su control) por $ 7.201.576.
Tras la denuncia en la Justicia, reclamó al banco saber cuál era el perjuicio en sus cuentas y demás datos que, adujo, no le brindaron nunca. Pidió que el juez ordenara al banco que le reintegrasen los $ 7.201.576 y que condenara a la entidad a indemnizarlo con $ 5 millones.
Por su parte, su esposa (67) también denunció haber sido estafada por $ 2.689.998, por lo que la Justicia federal abrió un segundo expediente.
La mujer señaló que, el mismo día en que su marido fue estafado, los ciberdelincuentes obtuvieron también sus datos bancarios, ya que su esposo maneja habitualmente las cuentas.
Así, dijo que transfirieron –sin su consentimiento– el dinero de su cuenta bancaria a tres cuentas de la misma entidad. Al igual que su esposo, demandó al banco para que le reintegrara el monto de la estafa y a la Justicia para que lo condenara a pagarle $ 3 millones por daños y perjuicios.
