La fecha está en una pizarra como borrador, pero todo indica que pasará a los hechos. La palabra dice “marzo”. Allí están puestas las miradas de las autoridades para un programa que será lanzado en la provincia de Córdoba: el plan de desarme civil a cambio de dinero.
El objetivo es que toda aquella persona que desee entregar un arma de fuego (sea corta, larga o tumbera) lo haga ante las autoridades y reciba una suma a cambio.
El plan de desarme forma parte de la nueva ley de seguridad que fue aprobada a fines del año pasado en Córdoba. La iniciativa, diseñada en el seno del Ministerio de Seguridad provincial que conduce Juan Pablo Quinteros, contempla otros planes, entre los que sobresale además el proyecto de que haya guardias municipales y privados que se sumen a la prevención del delito y que porten armas no letales (las pistolas que lanzan postas de gas pimienta).
Volviendo al plan de desarme en Córdoba, en la cartera de Quinteros saben bien que ese proyecto no acabará con las armas que andan en manos de cualquiera en los barrios.
Sabido es que la violencia urbana es la principal causa de muerte violenta intencional en Córdoba y las armas tienen mucho que ver.
De todos modos, aseguran desde el Ministerio que el plan es inducir y atraer a vecinos y vecinas para que dejen de tener armamento en sus domicilios. Esas pistolas y revólveres muchas veces terminan siendo robados por la delincuencia.
El esquema previsto es simple: el vecino o vecina llama, un móvil oficial se acerca y retira el arma, se chequea la numeración (si la tiene borrada, deberá analizarse) a fin de que no haya participado en un hecho delictivo, se hace un empadronamiento, se la traslada a un depósito judicial para luego ser destruida.
A cambio, quien entrega el arma recibirá un monto de dinero a determinar. Se usará una unidad fija, como se hace con las multas de la Caminera, según el plan oficial.
“Sabemos que los delincuentes no van a entregar las armas. Pero es una medida para desarmar a la sociedad civil y en contra de la violencia urbana. Queremos evitar que esas armas caigan en malas manos”, expresó Quinteros en diálogo con la prensa en las últimas horas. “Vivimos en una sociedad con una alta intolerancia y que se va a agravar. El desarme ya ha funcionado anteriormente”, añadió.
Hay un punto central: no todas las armas que hay en hogares han sido heredadas de abuelos o padres.
Muchos vecinos decidieron armarse contra la delincuencia en Córdoba. Esa situación es desaconsejada tanto por la Policía como por la Justicia. “Pensamos e insistimos que la gente no debe armarse. Para eso estamos nosotros, para eso está el Estado”, remarcó Quinteros.
Por lo bajo, en algunos despachos miran hacia Tribunales: “Vos podés invitar a la ciudadanía a que se desarme, pero es necesario que en las fiscalías se inicien investigaciones en serio para dar con quienes venden o alquilan los ‘fierros’. Es central”, señaló una fuente policial.
(Re)Lanzar el plan de desarme
Si bien está previsto en los despachos oficiales de Córdoba que el plan de desarme civil arranque en marzo próximo, se sabe que restan un par de aspectos para concretar: por un lado, promulgar la ley de seguridad y establecer contactos con la Agencia Nacional de Materiales y Controlados (el ex-Renar) y luego terminar de diagramar el engranaje del plan. De todos modos, el plan está aceitado.
No será la primera vez que en Córdoba se lance un programa de desarme. De hecho, la Anmac desarrolló un plan entre 2007 y 2022. En esos 15 años, se retiraron 209.014 armas de las calles del país.
En el verano de 2023, la Anmac ejecutó un plan de desarme en Córdoba. No fue tan positivo: se entregaron apenas 17 armas.
A todo esto, cabe mencionar que de manera anual, por disposición del Tribunal Superior de Justicia, se destruyen cientos de armas (cortas y largas) que fueron oportunamente secuestradas en el marco de causas penales criminales.
Funcionario corrupto
Párrafo aparte: en la Justicia no olvidan que un alto exfuncionario de la Anmac en Córdoba fue condenado por corrupción. Se trata de Carlos Dini, quien en agosto de 2023 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba por delitos de corrupción en su trabajo.
Dini, quien llegó a estar preso en la Cárcel de Bouwer, recibió una condena de 3 años de ejecución condicional en un juicio abreviado.
El caso fue un escándalo años atrás en la sede de la Anmac en Córdoba por manejos turbios en la tramitación de permisos y certificados para la portación de armas. Concretamente: se cobraban coimas para los carnets.
Junto con Dini fue condenada su por entonces secretaria Marina Agüero. Tras ese escándalo, se intervino la Anmac Córdoba.
Violencia armada en las calles
El plan de desarme de Córdoba se basa en la altísima portación y uso de armas de fuego en manos de cualquiera y que queda en evidencia, ya no sólo en los asaltos, sino en disputas callejeras o venganzas que se registran de manera permanente y que terminan en homicidios o bien con personas heridas.
En ese punto, no deja de llamar la atención la alta existencia de armas de grueso calibre en manos de particulares, mayores y menores de edad.
Por caso, entre el viernes y el lunes pasado, la comisaría de barrio Ciudad Evita de Córdoba Capital fue blanco de disparos.
El viernes pasado a la noche, un hombre se bajó de un auto y disparó con una 9 milímetros contra la sede policial y unos autos estacionados.
Escapó con sus cómplices.
Ya el lunes, una moto con tres personas frenó a metros a la comisaría y hubo tiros al aire. Dos de los ocupantes eran una piba de 16 y un chico de 13 años. Fueron demorados y entregados a sus padres. La tercera persona no fue localizada aún.
