Entre las investigaciones que debió afrontar la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi, está la supuesta megadefraudación adjudicada a la empresa Derante SA, conducida por miembros de la familia Zalazar, y donde hubo 400 damnificados por cifras multimillonarias en dólares a partir del proyecto de complejos de departamentos en Córdoba que nunca se entregaron, de acuerdo a la acusación.
Desde hace unos días se viene ventilando en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba tan sólo un tramo, con unos 124 damnificados que habrían sido defraudados por un monto equivalente a siete millones de dólares.
La causa analiza hechos que se habrían iniciado en 2006, con una serie de emprendimientos proyectados por el ingeniero civil -principal acusado- Jorge Pablo Zalazar, quien junto a su esposa Gladys Marisa Isabel Cugnini, constituyeron un fideicomiso inmobiliario que recibía fondos de particulares. Ambos están considerados como presuntos organizadores de la asociación ilícita.
También están acusados, como supuestos miembros de la agrupación, la hija de ambos, Delfina del Mar Zalazar, la suegra del titular de la firma, Gladys Olisesky (de 88 años), Carlos Andrés Campetella, Sebastián Fernández Reuter, el arquitecto Hugo Daniel Gabetta, Guillermo Stella y César Lucas Zablosky.
Entre los desarrollos que se proyectaron están los denominados Duarte Quirós, Pasaje Valtodano, Riveras del Suquía y Toulouse, entre otros.
Las víctimas, en su mayoría representadas en este juicio por los abogados querellantes Gustavo Taranto y Carlos Nayi, sufrieron elevados perjuicios en dólares, a un promedio de 40 mil dólares por unidad. Entre los principales perjudicados se cuenta un inversor que “adquirió” 19 departamentos -sin que nunca se los entregaran- por un total de 600 mil dólares, de acuerdo a la acusación.
Las ventas fraudulentas -o los primeros reclamos- habrían comenzado en 2008 y las primeras denuncias fueron tramitadas en su momento por quien era el fiscal de 27ª Nominación, Mariano Antuña. Ya como fiscal de Delitos Complejos, a partir de 2016, Rissi avanzó en la investigación y envió este tramo a juicio.
El engañoso ardid de Derante SA
A pesar de los reclamos, los constructores de las viviendas volvían a devolverles papeles a los clientes para acreditar la propiedad de los inmuebles, según cuentan las actuaciones de esos años.
Las crónicas refieren que también había diversas excusas ante el “no avance de obra”. Además de la confección de planos sin ningún tipo de sujeción a las directivas de los organismos públicos, se les indicaba que esas dependencias clausuraban las obras y que eso impedía iniciarlas.
Siempre según la primera instrucción de Antuña, los Zalazar constituyeron supuestas empresas constructoras y fideicomisos –entre ellos, la firma Derante–, con los que simularon solvencia y capacidad operativa. En la causa consta que se concretaron unas 400 operaciones comerciales de venta de departamentos en los edificios Toulouse 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como así también en las torres Valtodano y Nord Riviére.
En marzo de 2016, el fiscal Antuña detuvo a miembros de la familia Zalazar y fue avanzando sobre otros integrantes de la empresa. En octubre de este año, este fiscal pasó a desempeñarse como fiscal de Cámara y su cargo lo ocupó Rissi, quien amplió y cerró la acusación sobre todos los integrantes de la asociación y años después elevó el expediente a juicio.
El juicio y penas: en qué terminó la megaestafa de la familia Zalazar
Si bien demoró varios años en llegar a juicio, finalmente se presentó en la Cámara 10ª el debate que desarrolló pocas audiencias y, antes de comenzar a ventilar la prueba, se apreció que “levantaron la mano” los acusados. El debate es llevado adelante por el tribunal integrado por Mario Centeno, Juan José Rojas Moresi y Patricia Soria.
La acusación, además de organización ilícita, es por estafas reiteradas.
No se trata de un juicio abreviado, pero sí se registra un acuerdo entre los dos fiscales que acusan en cámara -Fernando López Villagra y Enrique Gavier- con los defensores y también con el acuerdo de los querellantes.
Este martes se escucharán los alegatos, durante los cuales los fiscales pedirán penas efectivas para los principales acusados -los dos organizadores de la asociación ilícita- el matrimonio Zalazar - Cugnini, más otros miembros del agrupamiento ilegal, la hija de ambos y el arquitecto Gabetta. Para los otros cinco acusados, las penas serán de ejecución condicional.
Trascendió en la última audiencia que esas penas serán de siete años y medio de prisión para Jorge Pablo Zalazar, seis años y ocho meses para Cugnini, cuatro años y cuatro meses para Delfina Zalazar y tres años y cuatro meses para Gabetta.
El resto -Campetella, Zablosky, Olisesky, Stella y Fernández Reuter- recibirán de los fiscales el pedido de tres años de prisión en suspenso.
Resarcimientos
Con destino a las víctimas, algunos de los acusados ofrecieron reparación, como el caso de Fernández Reuter que devolvió 1.500 dólares a cada uno de los damnificados que se presentaron en este juicio.
Más allá de las condenas de prisión, existen penas accesorias, como el decomiso de bienes y las multas.
También las víctimas también aspiran a recibir algo de todo lo que perdieron a partir de bienes que se hayan adquirido como producto de los ilícitos -hay autos de alta gama- o de los inmuebles que integran el fideicomiso.
Por otra parte, se prevé que los acusados reciban penas de multa, accesorias y otras cargas judiciales, que en este caso se destinan al Estado provincial.
