El alevoso asesinato de Agustín Ávila, aquel pibe de 16 años que terminó degollado por una patota que lo atacó tras robarle una gorra madrugadas atrás en la ciudad de Jesús María, no deja de destilar espanto, drama y conmoción.
Por su saldo y características, el asesinato de Agustín se convirtió en uno de los peores episodios de violencia urbana en la provincia de Córdoba de los últimos años.
Un chico de sólo 13 años se convirtió en el séptimo joven señalado por la Justicia como parte integrante de la patota que atacó brutalmente a Agustín y a su familia, aquella madrugada del 8 de enero pasado en las inmediaciones del Anfiteatro José Hernández, mientras adentro se desarrollaba el Festival de Doma y Folklore.
Los otros seis restantes acusados tienen entre 14 y 18 años. Todos vivían en la ciudad de Jesús María.
La mayoría de ellos, por su edad, son inimputables. Es decir, no se les puede aplicar pena ni ninguna medida de privación de la libertad.
Tres de ellos sí deben responder ante la ley: un varón de 17 años y dos chicas de 18.
El varón y una de las mujeres, responden por homicidio simple.
La otra adolescente, por robo.
La investigación continúa y, mientras no se descarta que puedan ser señalados judicialmente más adolescentes, se supo que hay al menos dos efectivos policiales que podrían ser imputados de un momento a otro.
¿Por qué? Por no haber actuado a tiempo para evitar el crimen.
Agustín Ávila era un pibe que vivía con su mamá y familia en el barrio Guiñazú, en la franja norte de la ciudad de Córdoba.
La madrugada del 8 de enero pasado encontró al adolescente junto a amigos y familiares de paseo por las calles de Jesús María. Eran las 4.30 de aquel domingo cuando se apostaron expectantes detrás del anfiteatro para esperar a la cantante Soledad Pastorutti y pedirle un autógrafo.
A todo, había una nutrida pandilla que iba y venía por la calle.
Ya habían agredido a una chica.
Gorra, robo y ataque
La patota volvió a pasar y varios integrantes le robaron a Agustín la gorra que llevaba puesta.
Tras ese arrebato, el adolescente y algunos de sus amigos fueron a reclamar la devolución.
Fue entonces que la patota volvió tras sus pasos y atacó ferozmente a Agustín, como así también a varios de los que lo rodeaban. Incluso, su madre fue agredida.
Hubo trompadas, patadas, botellazos y una navaja que apareció de la nada. Con esa arma blanca terminaría asesinado el adolescente.
Fue un puntazo directo al cuello.
Acto seguido, la pandilla escapó corriendo delante de decenas de testigos que no podían creer lo que estaba sucediendo en medio de la fiesta.
Instantes después, una veintena de adolescentes terminarían demorados en la comisaría. Tenían las ropas con sangre. Les tomaron los datos y los dejaron en libertad.
Fue dicho: por su saldo y características, el crimen de Agustín es uno de los episodios más graves de violencia urbana de los últimos años en la provincia de Córdoba.
Hay que retrotraerse a la madrugada de otro 8 de enero, pero de 2005.
Aquella jornada fue asesinado a golpes otro adolescente por una patota. Era Marcos Spedale. Fu en el Cerro de las Rosas, en la Capital.
Los asesinos hoy están en libertad.
Siete acusados
La pesquisa por el crimen de Agustín avanzó tras un arduo trabajo de los investigadores y que se basó en numerosos testimonios y el análisis de celulares y comunicaciones, entre otras medidas probatorias.
Como resultado de la investigación (realizada primero por la fiscal de feria Carolina Elías y luego por su par Fabiana Pochettino) se terminó señalando a siete jóvenes.
Por un lado, se acusó a cuatro varones por el delito homicidio simple (hay dos de 15 años que son inimputables; el tercero tiene 17 y sí debe responder). A su vez, hay una joven de 18 que también está imputada por homicidio simple. Está presa.
Por otro lado, hay dos adolescentes señalados por robo: otra chica de 18 años (presa) y el chico de 13, que fue identificado en las últimas horas.
Salvo este chico (que seguiría con su familia), los otros menores fueron enviados al Complejo Esperanza, que depende de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).
Policías bajo la lupa judicial
Con el asesoramiento del abogado Carlos Nayi, la familia de la víctima va más allá: piden imputar a policías que estaban en la zona y no evitaron el crimen.
En este punto, trascendió que hay dos uniformados que están siendo investigados por la fiscalía y el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad (el nuevo Tribunal de Conducta Policial).
El abogado Nayi reclama, además, que se investigue e impute a personal de emergencia médica que trabajaba esa madrugada dentro del anfiteatro y que, según el querellante, no salió a auxiliar a Agustín mientras agonizaba.
