Varias personas fueron detenidas acusadas de utilizar certificados médicos falsos, en los que se consignaban que estaban embarazadas o enfermas, para evitar el body scanner e introducir elementos prohibidos ocultos durante visitas a internos alojados en el Complejo Carcelario de Bouwer.
Operativos en Córdoba
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Judicial de Delitos Económicos, a partir de una denuncia formulada meses atrás por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
En el marco de la investigación, a cargo del fiscal José Mana, los efectivos realizaron 139 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y localidades del interior provincial, de los cuales 57 fueron dentro del propio Complejo Carcelario de Bouwer y del Establecimiento Penitenciario Nº 9 (ex-UCA).
Durante los procedimientos, se incautaron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, CPU, dos millones de pesos, documentación apócrifa, formularios médicos, recetarios y sellos profesionales.
Dos mujeres fueron detenidas vinculadas a estas maniobras, donde los involucrados presentaban documentación apócrifa que acreditaba embarazos o enfermedades oncológicas inexistentes, lo que les permitía evadir los controles corporales y de ese modo, ingresar teléfonos celulares, drogas y otros elementos no autorizados.
En principio, según informaron fuentes de la fiscalía a cargo de José Mana, no hay profesionales médicos involucrados, puesto que los certificados expedidos serían completamente apócrifos. En los allanamientos realizados extramuros, en las viviendas de las visitas, se encontraron sellos y blocs para certificaciones médicas sin correspondencia con ningún profesional matriculado. Para chequear esta cuestión se dio participación al Consejo de Médicos de Córdoba, que tiene la base de datos oficial de profesionales habilitados en la provincia.
Tampoco hay, por el momento, acusación de connivencia contra empleados de las guardias del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), aunque se sigue investigando y no se descarta.
La Provincia hizo énfasis en que la investigación surgió del propio SPC.
Lo dijo el secretario de Organización Penitenciaria, Ivan Ortega: “Esta investigación fue llevada a cabo por personal del Servicio Penitenciario de nuestra provincia de Córdoba, ante la constatación de que femeninas querían ingresar a los complejos carcelarios, fundamentalmente al de Bouwer y al de Cruz del Eje, munidas de certificados médicos truchos. Allí constatamos firmas falsificadas, usos incongruentes de sellos y membretes. Logramos visibilizar la presunta comercialización de estos tipos de certificados por parte de profesionales que los pedían. Eso ocasionó que, en un expediente de más de mil fojas, el personal penitenciario, munido de todas las pruebas, presentara ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos la denuncia correspondiente y que posibilitara haber llevado a cabo toda esta investigación y el éxito del procedimiento”.
