Tres médicos del Hospital Infantil Municipal de Córdoba irán a juicio por la muerte de un niño de cuatro años. El hecho ocurrió en julio de 2018, luego de que los padres llevaran al niño al centro médico por un cuadro de vómitos y diarrea. Luego de revisarlo, los médicos le indicaron volver al domicilio con algunas indicaciones de alarma. El niño murió horas más tarde, tras reingresar al hospital descompensado.
La elevación a juicio fue dispuesta por la fiscal de distrito 3 turno 4, Claudia Palacios, quien entiende que existen elementos de convicción suficientes para sostener la probable comisión de un delito.
La discusión se centra en averiguar quiénes fueron los responsables de enviar al niño a su domicilio cuando no había un diagnóstico certero, sobre todo teniendo en cuenta que había camas de internación disponibles en el hospital.
Los médicos, una residente y los jefes de los servicios de guardia e internación del Hospital Infantil municipal, están imputados por homicidio culposo, un delito que conlleva una pena de tres a seis años de prisión y una inhabilitación de cinco a diez años para el ejercicio de la profesión.
Qué dice la acusación
Según consta en el pedido de elevación a juicio, Juan Cruz, de cuatro años, comenzó el 15 de julio de 2018 a sentirse descompuesto. Ese día fue de visita a la casa de un familiar, pero no tenía apetito. Al día siguiente, estando de compras con su madre en el centro, empezó a tener vómitos, por lo que su madre le dio un medicamento (de esos que indican “venta bajo receta” pero que se adquieren sin receta en cualquier farmacia o quiosco). Luego de tomar el medicamento, Juan Cruz dejó de tener vómitos y se sintió mejor.
Al otro día, por la mañana, su madre notó que tenía los ojos hinchados y continuaba con diarrea y náuseas, por lo que decidieron ir al hospital infantil de Alta Córdoba. El testimonio de la madre relata que, debido a una asamblea de empleados, la demora fue muy grande, y el niño recién fue atendido pasadas las 13.
Luego de la revisión por parte de una profesional de la guardia, se determinó que se podría tratar de un problema en los riñones, por lo que se indicó un examen de orina para descartar un problema renal. Ante el estado de deshidratación del niño, la médica residente que lo atendió en la guardia le recomendó a su madre iniciar los trámites para la internación, y solicitó una cama.
Sin embargo, una junta médica se habría realizado en la sala de emergencias, en aquel momento colapsada de niños afectados por enfermedades respiratorias. Debido a que el examen de orina indicó que no se trataba de un síndrome nefrótico (un trastorno de los riñones resultado del daño en los pequeños vasos sanguíneos que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre), y luego de una consulta telefónica a la nefróloga del hospital, se estimó que el caso no ameritaba una internación y se envió al niño a su casa, con algunas indicaciones de alarma y de que si el cuadro continuaba volviera al hospital.
En su domicilio, el cuadro del nene empeoró y cerca de las 23 sus padres decidieron volver a llevarlo al hospital, al que llegó descompensado. Luego de intentos infructuosos por compensarlo, falleció a la 1.30 de la madrugada. El diagnóstico presuntivo al momento de fallecer indicaba “shock hipovolémico”: una descompensación por deshidratación.
La pericia oficial
La pericia médica oficial forense que consta en el expediente indica que Juan Cruz no debió ser dado de alta tras su primera atención en la guardia y debía permanecer más tiempo en observación debido a que presentaba claros indicios de deshidratación y que el personal médico no contaba con un diagnóstico preciso que permitiera decidir su correcto tratamiento médico.
Milena, mamá de Juan Cruz, sostiene que tras la muerte de su hijo, y aún luego de la imputación de los médicos, el hospital no tomó ningún tipo de medidas hacia los profesionales, que se siguieron desempeñando en sus puestos normalmente.
El abogado Ezequiel Spinka, representante de la familia de Juan Cruz, valoró positivamente el trabajo de la fiscalía, e indicó que la pieza acusatoria pone en valor los derechos y necesidades de las víctimas, los familiares del niño fallecido. Además indicó que, “han sido cuatro años de paciencia y trabajo en conjunto con la fiscalía con el solo objetivo de llegar a esta instancia. La pieza acusatoria por parte de la fiscalía evidencia una resolución sólida y fundada en relación a los hechos denunciados. La pericia es muy clara respecto a la existencia de un caso de mala praxis”.
Los imputados tienen hasta este jueves 3 de noviembre para apelar el pedido de la fiscal. En caso contrario, el juicio se realizaría durante el año 2023.
Respuesta municipal
Desde la Municipalidad de Córdoba se indicó que no se cuenta con sumarios administrativos en los legajos de los imputados y que “a la fecha no hay inhibición de matrícula de ninguno de ellos”.
Dos de los tres, de planta permanente, siguen trabajando en el hospital.
