El fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Alberto Gavier, avanzó en la investigación de irregularidades en cárceles provinciales y dictó prisión preventiva a seis de los primeros detenidos durante la segunda mitad de 2023.
La llamada “causa Bouwer” tiene como eje de este grupo a quien era el “segundo” en la línea de mando del Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Lucchese”, de Bouwer, el oficial Sergio Alejandro “Chavo” Guzmán (46). A él se lo señala como el organizador de todas las actividades del grupo.
También eran parte de estas actividades, según Gavier, los abogados penalistas Alfredo Alberto “Cucho” Ciocca (51), Gustavo Héctor Murga Molina (64) y Julio César Páez (47).
Cerrando este sexteto de imputados a quienes se les dicta el encierro cautelar por su supuesto “peligro procesal”, se incluye a los “particulares” Aldo Florencio Campos (66) y Ramón Alberto Salas (62), quienes habrían servido para hacer gestiones, cobros u oficiar de contacto entre Guzmán, detenidos y familiares de estos. También recibían el nombre de “gestores”, “valijeros” o “nexo”.
Este tramo de la investigación forma parte de la megacausa por corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), cuyos procedimientos se desarrollaron a lo largo del segundo semestre de 2023 y que en diciembre culminaron con el desplazamiento de la cúpula de la fuerza de seguridad, en especial, de su jefe máximo durante 15 años, Juan María Bouvier.
Reproches penales
Entre los cargos de la acusación, al dictar la prisión preventiva, Gavier asigna a “Chavo” Guzmán el rol de jefe de “asociación ilícita”, más los delitos de “extorsión reiterada” (dos hechos), “privación ilegítima de la libertad” y “tenencia de arma de fuego” (dos hechos).
A los tres abogados penalistas, Gavier les imputa el cargo de miembros de “asociación ilícita”, pero a Ciocca le agrega “extorsión” y a Páez, “privación ilegítima de la libertad”. A Murga Molina, no le formula ningún otro reproche más que el de la supuesta pertenencia al grupo.
A los “particulares”, también los considera miembros del agrupamiento delictivo, pero a Salas le añade el cargo de extorsión. Campos no suma otro supuesto delito.
Los hechos
Al jefe penitenciario “Chavo” Guzmán se le atribuyen actividades como líder de la organización. Se sostiene que exigía dinero o dádivas a cambio de diversos favores, de concesiones en las restricciones, de permisos, de informes favorables y hasta de progresos en las fases de los reclusos a su cargo.
El expediente sostiene que mientras sacrificaba la seguridad en el presidio, al hacer concesiones a los presos, permitía la conformación de un “cogobierno” en el establecimiento. Ese mando a cargo de “los plumas” (líderes de los pabellones) permitía la conformación de bandas para cometer delitos (en especial, estafas telefónicas) o para continuar las ya existentes, todo a pesar de las sanciones o de las directivas que llegaban desde la Justicia.
Guzmán es imputado por sus acciones como jefe de la cárcel de Cruz del Eje y también como segundo de Bouwer.
Salas era un exempleado del Ministerio de Seguridad señalado como “ñoqui”. Sostienen que se movía con muy buenos contactos entre detenidos y sus familiares. Apuntado como “valijero”, es nombrado como recaudador de esas dádivas o del pago de emolumentos a Guzmán. Ejecutaba las directivas del subdirector de Bouwer –sostienen en la causa– y lo representaba ante quienes este le indicaba, particularmente con los familiares de los reclusos.
También se dice que Salas le “hacía propaganda” a Guzmán, como aquel que iba a favorecer a los internos si sus familiares lo “contrataban”. La acusación dice que llevaba a cabo “acciones convergentes que no se pueden dar unas sin las otras y sin acuerdo previo”.
Campos es el otro “particular” que actuaba como tramitador de Guzmán. Por tener un sobrino detenido, este metalúrgico se inmiscuía entre los presos para ofrecer los “beneficios” que podía gestionar el jefe penitenciario.
La causa asegura que Campos también tomaba contacto con los “abogados consortes” de la asociación para que estos asumieran las defensas, por lo que también es considerado un “proveedor de clientes” a favor de los letrados.
Los abogados
Respecto de los tres abogados, a Ciocca el fiscal le atribuye negociar un pedido de su “amigo” Guzmán con un recluso de Cruz del Eje para darle un certificado de avance en su tratamiento. Pero, como el trámite salió “mal”, hubo que devolver el dinero a los familiares.
Según Gavier, con Julio César Páez, Guzmán tenía “trato directo” para que siguiera sus directivas e hiciera gestiones con familiares de presos. La causa dice que Páez acordaba con el jefe penitenciario cuánto iban a cobrar y luego distribuían el ingreso, a veces con participación de Campos. Guzmán, a su vez, le “proveía” de clientes a este abogado, dicen las actuaciones.
Páez y Guzmán están involucrados en la “privación ilegítima de la libertad” de un recluso que en la UCA (Unidad de Control del Aprehendido) ya tenía orden judicial de ser liberado. Se indica que Guzmán le “avisó” a Páez que el cliente iba a salir, pero el abogado le habría dicho que le iba a sacar dinero a la familia. Las constancias señalan que demoró varias horas en producirse el recupero de la libertad.
Guzmán y Salas también están implicados en el supuesto pedido de dinero para el progreso de otro recluso de Cruz del Eje. El “valijero” era el destinatario de la recompensa pedida: $ 60 mil y un asado para 10 personas. Hay constancias de que ese preso terminó yendo a la granja, adonde había pedido ir y donde las recomendaciones no lo sugerían.
De Murga Molina no hay reproches directos en su contra, más allá de ser supuesto integrante de este grupo. No obstante, se indica que, en su función de abogado, negociaba con familiares y con presos el pago de favores para sus defendidos.
