Como parte de la investigación que viene realizando hace meses y se desató la semana pasada con la detención de quien era jefe de la Policía Caminera Maximiliano Ochoa Roldán más otros uniformados y civiles, el fiscal de Distrito 1, Turno 2 de Córdoba, Guillermo González, lanzó este viernes una serie de allanamientos con un fin específico: intervenir estudios jurídicos que tuvieron alguna relación con la banda de “los simuladores”.
La idea, según trascendió de fuentes pertenecientes a Tribunales 2, era que el operativo judicial no fuera con vistas a concretar necesariamente nuevas detenciones, sino para poner la mira en abogados que estuvieron ligados en diferentes trámites con los detenidos.
Está claro que hay operadores jurídicos que pueden haber tenido relación con “los simuladores” sin necesariamente haber incurrido en alguna actividad delictiva.
No obstante, si eso no ocurriera, el análisis de comunicaciones, de archivos y de documentación puede contribuir a delinear el mapa de los fraudes y de los movimientos de la asociación ilícita.
Si bien se busca nueva prueba que pueda comprometer a Ochoa y a sus pares, también se trata de tener mayor detalle de las actividades de la banda y, eventualmente, encontrar más responsables de esas maniobras.
Los objetivos de este procedimiento múltiple fueron “cuatro o cinco estudios jurídicos” de la ciudad de Córdoba, como así también algunas “casas particulares” de la misma capital, todos con propietarios “civiles”.
Como resultado de estos allanamientos, los efectivos a las órdenes de González se incautaron de interesante prueba, entre celulares, computadoras y documentación que ya está siendo estudiada.
