Todo indica que pronto se juntarán en la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dos tramos de una misma causa investigada por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier: la presunta “asociación ilícita” y las supuestas “estafas” por el anunciado lanzamiento de una criptomoneda que nunca se creó, One Coin o Zeven Coin.
El 23 de junio pasado, la Cámara de Acusación de Córdoba rechazó la apelación que habían planteado los defensores de dos acusados, con lo que la elevación a juicio de 14 personas por 20 estafas fue confirmada y deberá reunirse en debate oral y público con el tramo que analiza la presunta asociación ilícita.
Gavier acusó a 14 personas, a quienes considera integrantes de la presunta asociación ilícita.
En ese grupo están incluidos como “coorganizadores” el licenciado en hotelería Eduardo Alejandro Taylor (55), Ariel Eduardo Morassut (47), el periodista Edgar Nicolás Moreno (55), la martillera Mónica Gabriela Blasco (59), Mariana Noel López (44), el venezolano Manuel Vicente Peralta Guevara (65), Andrés Matías “Gato” López (42, hermano de Mariana), Ricardo Beretta (55), Adolfo Gustavo “Cachorro” Amuchástegui (73) y Daniel “Pupi” Cornaglia (45). Además, están señalados como “miembros” Nancy Graciela Díaz (67), Adolfo Rodrigo Domínguez (36), Aldo Javier Leguizamón (57) y Hernán Gabriel Pizarro (55).
Mientras la supuesta asociación ilícita ya esperaba el juicio, el 27 de diciembre pasado, la jueza de Control N° 4, Anahí Hampartzounian, había confirmado la elevación a juicio del expediente de las presuntas estafas, lo cual fue apelado por los defensores de Díaz y Pizarro.
La semana pasada, los tres vocales de la Cámara de Acusación -Patricia Farías (autora del primer voto), Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar- desestimaron esos recursos y confirmaron que la causa debe ser juzgada por una cámara del crimen.
Como el expediente de la asociación ilícita ya está para ser ventilado en juicio en la Cámara 10ª, se espera que ahora ambos tramos de la investigación de Gavier se reúnan en un mismo plenario.
A los presuntos responsables de esta maniobra se les adjudica, según la instrucción, “la puesta en marcha de un sistema piramidal de recaudación de fondos para insertar en el mercado local, desde la ciudad de Córdoba y hacia diferentes jurisdicciones del país, una aparente criptomoneda denominada One Coin, la cual habría de adquirir reconocimiento público –según el falso discurso– en enero de 2019″.
En marzo de 2018 se habría conformado la asociación ilícita -según el expediente- a cargo de Taylor, Moreno, Blasco, Mariana López, Peralta Guevara, Andrés López, Beretta, Amuchástegui, Morassut, Cornaglia, el español José Gordo, Nancy Díaz y otras personas.
Con el propósito de “cometer estafas”, se plegaron al “plan fraudulento de alcance internacional liderado por Ruja Ignatova y Konstatine Ignatov Plamenov” del sistema piramidal para recaudar fondos con el cuento de las criptomonedas.
Luego de que cayeran numerosas personas en el presunto engaño, la primera denuncia penal fue presentada el 30 de junio de 2020 por el particular Mario Saposnicof, con el patrocinio de los abogados Pedro Despouy Santoro y el fallecido Omar Capdevila. Luego se plegaron numerosas personas que denunciaron haber sido víctimas de la misma maniobra.
En diciembre de 2023, nueve acusados obtuvieron la posibilidad de la libertad bajo fianza, para lo cual debían abonar una caución real (fianza) de 250 mil dólares cada uno.
Condenados en instrucción
Por otra parte, ya hubo dos acusados que “levantaron la mano” durante la instrucción y negociaron condenas en juicios abreviados iniciales, a comienzos de 2022.
El Juzgado de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba -a cargo de Manuel Ayán- condenó al empresario Adolfo Rodrigo Domínguez a la pena de tres años y medio de prisión, y al médico cirujano formoseño radicado en Villa María Aldo Javier Leguizamón, a cuatro años y tres meses de prisión.
Como sucede en los juicios abreviados -en este caso, de carácter “inicial”-, los acusados reconocieron de manera libre y voluntaria su participación dolosa en el delito.
Según el juez Ayán, admitieron “haber tomado parte de la organización criminal que se dedicaba a ofrecer una supuesta criptomoneda”.
A la hora de analizar el monto de la pena por imponer, el magistrado consideró agravante, entre otras cosas, que los damnificados en este fraude sean “incalculables” y que haya víctimas en Argentina, Uruguay y Panamá.
