Tal como lo viene sosteniendo en sus últimos fallos, en los que envía recomendaciones al área de Seguridad del Ejecutivo provincial, la Cámara 8ª del Crimen destacó la necesidad de que la Policía como fuerza de seguridad debe formar buenos cuadros y también realizar un control y un seguimiento permanente sobre el estado psicofísico de los uniformados.
Al dar a conocer los fundamentos de la sentencia por el crimen de Valentino Blas Correas y la maniobra de su encubrimiento, los vocales criticaron la falta de profesionalismo de los policías, no sólo de los cuadros inferiores sino también de los jefes que deben servir de ejemplo en una fuerza verticalista. También se criticó a los funcionarios policiales que en el debate demostraron desconocimiento o “falta de memoria” a la hora de precisar el control que tenían sobre el accionar de la tropa.
A lo largo de más de 2.100 páginas, los vocales Marcelo Jaime (presidente), Juan Manuel Ugarte (autor del voto de la mayoría) y Mario Centeno dieron a conocer este viernes los fundamentos de la sentencia del jurado popular que el pasado 31 de marzo condenó a prisión perpetua a los cabos 1° Lucas Damián Gómez y Cristian Javier Alarcón y estableció penas de prisión a otros nueve uniformados que participaron en las maniobras de encubrimiento del asesinato por gatillo fácil. Se develó que todo el tribunal técnico votó en el mismo sentido de la mayoría y que algunas discrepancias fueron de algunos jurados populares.
En los primeros minutos del 6 de agosto de 2020, Valentino Blas Correas (17) murió de un balazo policial en el interior del Fiat Argo en el que viajaba junto a otros cuatro amigos que se salvaron de los disparos de Gómez y Alarcón. Tras el crimen, al menos otros nueve policías intentaron encubrir el crimen, plantando un arma por donde pasó el vehículo y coordinando una serie de maniobras ilícitas.
En un apartado especial de los fundamentos se destacó la “violencia institucional” a la que se vieron sometidas las víctimas que viajaban en el Fiat Argo, como así también sus familiares. “Repárese que los autores de los delitos aquí juzgados eran todos funcionarios policiales en actividad, adscriptos a la Policía de la Provincia de Córdoba, quienes hicieron uso arbitrario de la fuerza pública que les fue conferida”, indica la sentencia.
En el largo escrito de esta sentencia, además de las críticas formuladas a ciertas prácticas, se destaca el valor de la fuerza policial, de la tarea realizada por investigadores en este caso.
También se destaca “en primer lugar la prolija investigación llevada a cabo por el fiscal instructor (José Mana), clara dirección del proceso que se vio reflejada en la muy eficiente labor de los dependientes de la Policía Judicial”.
Sobre el crimen en sí, el vocal Ugarte (con adhesión de sus pares) escribe: “Ninguna duda cabe en cuanto a la materialidad del accionar de los acusados Gómez y Alarcón”. “Evidentemente al momento de los hechos no estaban aptos para desarrollar una función como la de agentes policiales que deban portar armas de fuego. Demostraron un total desprecio por la vida humana”, continúa.
Sobre la responsabilidad compartida en el crimen, señalan: “Ambos tuvieron el mismo y exacto accionar, con resultado letal el de Gómez. En cuanto a Alarcón, no era un experto tirador que pueda alegar haber efectuado disparos intimidatorios. A más de no haber estado autorizado legalmente a hacerlos, los que realizó, alcanzaron al vehículo muy cerca de sus ocupantes. Y a más, también acababa de ser reprobado en un examen de tiro”.
Respecto del encubrimiento, se indica en varios párrafos que “no fue casualidad (...) sino que era parte de la causalidad que estaban llevando a cabo: esperar, para procurar justificar lo injustificable”. Se sostiene que esos policías actuaron al unísono y demostraron que se trataba de un procedimiento aceitado.
Así lo indican al referirse también que no fue casualidad a la falta de comunicación de los hechos a los padres de la víctima fatal, porque estaban acomodando los hechos y les restaba ver las cámaras para concretar el encubrimiento.
Una fuerte crítica se realizó al no irradiar los acontecimientos por la frecuencia policial y hacerlo por la “frecuencia baja” para así poder coordinar las acciones encubridoras. La costumbre de ese canal privado es criticada severamente por el tribunal y se sugiere su prohibición, ni siquiera su regulación.
Confesión clave
Se añade que los que se movían para encubrir sabían que eran policiales las balas que impactaron en el Argo y que primero debían ver las cámaras para entregar el procedimiento, cuando tuvieran todo controlado.
Pero les salió mal que una de las partícipes de la escena del tiroteo se les “daría vuelta”. La suboficial Wanda Esquivel esa misma madrugada confesó que había plantado el arma y que se había montado un operativo de simulación para exculpar a los homicidas e inculpar a los jóvenes del Argo.
En numerosos pasajes de la fundamentación de los cargos contra los encubridores se aclara que de no ser por la colaboración de Esquivel, no se habrían descubierto varias maniobras y la participación de policías, particularmente jefes.
“Sin su inmediata y valiente colaboración no hubiera sido posible el pronto esclarecimiento de lo ocurrido; y con ello, que no siguieran sufriendo las jóvenes víctimas y sus familias el escarnio de haberse sugerido que podrían haber esgrimido un revólver ante un retén policial”. Para ser más claro, el tribunal añade: “Es evidente también que Esquivel confesó toda la maniobra encubridora porque quiso así hacerlo, no porque de igual modo la autoridad hubiera descubierto su proceder”.
Tras describir las dos reuniones de jefes para armar el encubrimiento, la sentencia asegura: “Todo lo cual fue posible componer y reconstruir a partir de la confesión de Esquivel”.
A esto se le sumó el entrecruzamiento de comunicaciones y las filmaciones de cámaras que confirmaron la participación de jefes en la maniobra.
Se indica que no les interesaba “preservar la prueba; sí, fabricarla; y para eso se juntaron: y lo hicieron en un lugar donde era evidente que no estaba la prueba; pero sí próximo al punto donde aparecería la que sí les interesaba. También sostienen que “incumplieron hasta entonces con su obligación funcional de irradiar lo realmente sucedido”. Al final, vuelve a reconocerse: “Merced a lo confesado por Esquivel, se pudo rearmar el rompecabezas”.
