Finalmente, el fiscal Pablo Jávega emitió un dictamen en contra de la prescripción del caso Nora Dalmasso (51), la mujer asesinada en Río Cuarto el 26 de noviembre de 2006.
En diciembre de 2024, Jávega determinó que corresponde a Roberto Marcos Bárzola el ADN hallado en el cinto con que estrangularon a Nora Dalmasso y en partes íntimas de la mujer.
El hombre, parquetista y lustrador de pisos que admitió haber estado frente al lugar del hecho el día del crimen, quedó imputado por abuso sexual seguido de muerte.
Enseguida, sus defensores plantearon una excepción por falta de acción con reserva del caso federal. Argumentaron que han pasado más de 18 años desde la fecha del crimen, lo que supera el plazo de 15 años previsto para la persecución penal en delitos con pena de prisión perpetua. Remarcaron que la normativa vigente regula a la prescripción como “un límite al poder punitivo del Estado”.
Destacaron que Bárzola no cometió ningún delito en los últimos años, no tuvo una condena que hubiera operado como causal de interrupción de la prescripción. Señalaron que no se trata de un hecho imprescriptible o de “lesa humanidad”.
Alegaron además que el Estado es el responsable de llevar adelante las actuaciones con celeridad, y que Bárzola no puede ser perseguido más allá de lo razonable, por garantías contempladas tanto en la Constitución Nacional como en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
Otra visión
Por su parte, los querellantes –familiares de Nora Dalmasso– consideran que la prueba genética contra Bárzola es irrefutable y no admiten que el caso quede impune por prescripción.
Tanto Facundo Macarrón y su abogada, Maríangeles Mussolini, como Valentina y Marcelo Macarrón, representados por el letrado Gustavo Liebau, reclamaron desestimar la prescripción planteada por la defensa y la continuidad de la acción penal.
Entre otros argumentos, plantean el tiempo que “perdió” la investigación al perseguir a Facundo y Marcelo Macarrón. El hijo de la víctima estuvo imputado cinco años y el viudo hasta llegó a juicio como supuesto autor de crimen por encargo, imputación de la que fue absuelto recién en el 2022.
En ese juicio, Nora Dalmasso fue reconocida como víctima de violencia de género. Los hijos de Nora Dalmasso también denunciaron a los primeros fiscales de la causa. Sostienen que “durante 16 años, etapa tras etapa, imputación tras imputación, el Ministerio Público Fiscal incumplió con su obligación de investigar responsable y diligentemente un crimen monstruoso contra la integridad sexual y la vida de una mujer”.
Entre otras razones, expresan que las pruebas que incriminan a Roberto Marcos Bárzola fueron obtenidas en el 2007, 2008 y 2012, pero “las irregularidades cometidas en la investigación resultaron un obstáculo para cumplir con los tiempos establecidos”. Hallaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia.
“No se puede aplicar la prescripción de manera que consagre la impunidad, particularmente cuando las demoras procesales no son atribuibles a las víctimas o a las partes que buscan justicia sino a circunstancias que escapan a su control” (caso Mazzeo).
Consideran que hubo errores porque se “ensañaron” con la familia.
En sus presentaciones los querellantes enfatizan que “el derecho a la prescripción no es absoluto y debe equilibrarse con el derecho de las víctimas de obtener justicia y reparación, especialmente en casos de delitos graves, como de violencia de género”.
Maríangeles Mussolini subraya que “el derecho a la vida (”que no sólo afecta a la víctima sino también al orden social y jurídico”) debe priorizarse antes que el derecho al debido proceso”.
Especificó numerosos momentos de inacción oficial en la causa que deberían considerarse como lapsos de suspensión en el cómputo de la prescripción.
También Liebau cuestiona la aplicación de la prescripción en el particular contexto de esta resonante causa, consideró que vulneraría la Constitución y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Remarcó que las propias víctimas (indirectas), Facundo y Marcelo Macarrón, fueron imputadas y perseguidas, “mermándoles absolutamente la posibilidad de coadyuvar como querellantes en el ejercicio persecutorio”.
Cita que la Constitución “no consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación, dependiendo esa racionalidad de su adecuación al fin perseguido”. “El error de la investigación, ensañada con las víctimas indirectas significó un obstáculo para la acción penal se dirigiera en contra de quien hoy se revela como presunto autor”, enfatiza la querella.
La posición del fiscal Jávega contra la prescripción
Ante los planteos divergentes, el fiscal que imputó a Bárzola produjo un dictamen y remitió la causa al juez de Control Diego Ortiz.
Jávega decidió apoyar la posición de los querellantes y pedir al juez que desestime el planteo de la defensa y ratifique la vigencia de la acción penal.
“Se entiende que hay diversos pasajes del plazo tomado como de cómputo de vigencia de acción que, por afectar directamente las facultades legales de quienes podían ejercitar los derechos de la víctima, debe repararse en tal situación como una causal de suspensión del plazo de prescripción”, expresó el fiscal a este diario.
Consideró la cantidad de oportunidades en que los integrantes de la familia Macarrón pidieron ser querellantes y las veces que se vio interrumpida su defensa de los intereses de la víctima porque ellos mismos fueron perseguidos durante años. El fiscal interpretó que esta circunstancia excepcional puede encontrar respuesta como una causal de suspensión como “cuestión previa” (artículo 67, primer párrafo del Código Penal), porque la imposibilidad de obrar proviene de un obstáculo de orden legal.
Además, contempló que la causa Dalmasso, desde su génesis, generó inquietud e interés general y que, con el paso del tiempo, el cuadro de probanzas no se ha perdido sino que se ha consolidado.
Con todo, consideró que no se verifican los fundamentos del instituto de prescripción y que sería inaplicable a este caso concreto.
La expectativa de la resonante causa está centrada ahora en qué decidirá ahora el juez de Control.
