La Justicia colombiana ofrece una recompensa de 120 mil dólares a quien aporte información que permita esclarecer el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años, perpetrado por supuestos sicarios el martes último en la playa del exclusivo hotel Decameron, ubicado en la península de Barú, a 45 minutos en lancha de Cartagena de Indias, Colombia.
Este miércoles, el jefe de la Policía local, Jorge Vargas, informó de la retribución económica por la colaboración y aseguró que investigadores especializados en el crimen organizado del país trabajan en varias hipótesis con la colaboración de Interpol y de Europol.
El magistrado acribillado y su flamante esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera Quintana, se habían casado el 30 de abril en la iglesia San José, de Asunción, y desde el 4 mayo se encontraban de luna de miel en el paradisíaco destino turístico colombiano.
Aguilera, quien trabaja en Radio Uno (AM 650) de Asunción, había compartido en sus redes sociales la alegría de la pareja al enterarse de que estaban embarazados de su primer hijo.
En relación con el hecho fatídico del martes último, contó que el día había comenzado tranquilo y que con su esposo decidieron ir a disfrutar de la playa y de las buenas condiciones meteorológicas reinantes, luego del desayuno.
Dijo que, de manera inesperada, “dos hombres atacaron a Marcelo; uno de ellos se bajó de una pequeña embarcación o de un jet sky –no recuerda bien– y sin mediar palabra le disparó dos veces a quemarropa”, relató entre sollozos la joven al diario El Tiempo, de Colombia.
Uno de los disparos letales dio en el rostro de la víctima y otro en la espalda, precisó la viuda, quien resultó ilesa en el atentado.
El peritaje forense determinó un tercer disparo que impactó en el cuerpo de la víctima, quien murió de inmediato.
En sede policial, Aguilera completó el testimonio apuntando que los agresores huyeron del lugar por agua en el medio de transporte utilizado para llegar hasta la playa. También aseveró que su esposo no había recibido amenaza alguna, que se sentían seguros en el lugar elegido para el viaje de bodas y que se movilizaban sin custodios ni escoltas.
Golpe de “knock out”
Pecci había ingresado al Ministerio Público Fiscal de Paraguay en 2000 y en la actualidad se desempeñaba en la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado.
En ese organismo intervino en causas resonantes vinculadas con el narcotráfico, con el lavado de dinero y con el financiamiento del terrorismo, entre otras actividades ilegales complejas.
Pero, sin dudas, la más descollante es la conocida como “operativo A Ultranza”, iniciada a finales de febrero de este año.
Para quienes los estrados judiciales paraguayos no tienen demasiados secretos, se trata del operativo más grande contra el crimen organizado en el país guaraní.
La investigación, capitaneada por el fiscal asesinado, lleva registrados un centenar de allanamientos, 43 imputados, siete detenidos y bienes incautados por un valor calculado en 100 millones de dólares.
El accionar judicial –según los especialistas– apunta a desarticular un esquema criminal que se sustenta en el tráfico de cocaína y de otras sustancias prohibidas a puertos de Europa y de África, con el posterior lavado de activos.
Las intervenciones del magistrado acribillado en Colombia tuvieron lugar en San Pedro, en Asunción, en Luque, en Mariano Roque Alonso y en Itauguá, entre otros puntos del país vecino.
Los actos procesales domiciliarios se concretaron en inmuebles lujosos, en depósitos y en establecimientos ganaderos, donde se decomisaron seis mil cabezas de ganado, armas automáticas, camiones, avionetas, máquinas agrícolas y camionetas, entre otros elementos.
Uno de los detenidos por Pecci –y sospechado de ser uno de los principales cabecillas de la organización criminal– es Alberto Koube, vinculado al Grupo Tapiracuai SA. Este holding figura en el registro de proveedores del Estado guaraní.
El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, condenó el “cobarde asesinato” del fiscal, mientras que su homónimo colombiano, Iván Duque, se comunicó con el mandatario guaraní “a fin de contribuir con las investigaciones de este hecho y capturar a los responsables”, según detalló la Cancillería de Colombia.
