La Justicia de Córdoba ordenó la prisión preventiva para 10 miembros del Servicio Penitenciario (SPC) por la muerte de César Darío Moreno, de 50 años, quien falleció el 18 de septiembre de 2023 en la cárcel de Bouwer, de la ciudad de Córdoba.
Entre los acusados, se encuentran el exdirector de un módulo carcelario, tres oficiales, cuatro suboficiales y dos médicos (un clínico y una psiquiatra), quienes enfrentan cargos por el delito de tortura seguida de muerte.
La lista de acusados comienza por el alcalde mayor de Bouwer, Pablo Luján. Hay siete guardias: Mariano Santucho, Leonel Vaquel, Nicolás Cebrero, Roberto Molina, Lucas Argüello y Néstor Bazán, quien se encontraba en situación pasiva.
En cuanto a este último operador, el exinterventor del SPC, Gustavo Vidal Lascano, había informado en su momento que separaron de sus funciones al oficial luego de constatar que Bazán había puesto su pie encima del cuerpo de Moreno. A su vez, no trascendió el nombre del séptimo guardia imputado.
La lista cierra con el médico de guardia, Ignacio Eduardo Segovia, quien fue el que recibió a Moreno, y la médica psiquiatra, Ana Laura Grassi.
Y si bien todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en caso de ocurrir esto último, este tipo de delito conlleva una pena de prisión perpetua, según el Código Penal argentino.
La decisión fue tomada este miércoles por el fiscal a cargo de la causa, José Alberto Mana, quien consideró que existen riesgos procesales si los imputados permanecen en libertad.
“La gravedad de los hechos y el rol de los acusados como funcionarios públicos justifican la prisión preventiva, ya que podrían entorpecer la investigación o fugarse”, expuso Mana.
César Darío Moreno, de 50 años y sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de septiembre de 2023 a la salida de una panadería de Nueva Córdoba, zona céntrica de la ciudad de Córdoba, tras un altercado menor en la vía pública.
Moreno padecía un trastorno bipolar y había suspendido su medicación, lo que aparentemente provocó una crisis psiquiátrica que derivó en su detención.
Inicialmente fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 9 (ex-UCA) y posteriormente derivado al Complejo Carcelario Reverendo Francisco Luchesse, conocido comúnmente como la cárcel de Bouwer, por encontrarse ubicado en esta localidad cordobesa.
El 18 de septiembre de 2023, en Bouwer, Moreno protagonizó un altercado con uno de los guardias, a quien golpeó en el rostro, según surge de los expedientes.
De acuerdo con lo investigado por el fiscal, el incidente desató una serie de represalias violentas por parte del personal penitenciario.
Según la investigación, Moreno fue llevado al sector médico del penal, un área sin cámaras de seguridad, donde continuaron las agresiones físicas.
Luego los guardias lo inmovilizaron con medidas de sujeción extremas –atado de muñecas, tobillos, muslos y pecho–, y lo mantuvieron así durante más de 48 horas sin recibir la atención médica adecuada, de acuerdo con lo que surge de los expedientes.
Las autopsias revelaron que Moreno murió debido a un tromboembolismo pulmonar agudo, causado por la inmovilización prolongada y los golpes sufridos durante su custodia.
El rol de los imputados
Los 10 imputados están acusados de tortura seguida de muerte, un delito que implica la aplicación de sufrimiento grave, ya sea físico o psíquico, infligido de manera intencional.
Según la investigación, los médicos permitieron que los abusos continuaran en el sector médico y no brindaron el cuidado necesario para preservar la vida de Moreno.
Los guardias, por su parte, habrían actuado en represalia por el golpe que Moreno propinó a uno de ellos, y tanto oficiales de mayor rango como personal médico habrían sido cómplices, permitiendo la prolongación del sufrimiento de la víctima, todo según lo investigado en el marco de la causa.
Las fajas de sujeción, según surge del expediente, fueron colocadas con extrema rigurosidad, lo que agravó el estado de salud de Moreno, ya que durante más de 48 horas solo recibió cantidades mínimas de agua y alimento.
Durante ese tiempo, según la causa, el preso no recibió asistencia médica adecuada para tratar las lesiones.
El delito de tortura seguida de muerte no solo afecta la integridad física de la víctima, sino que también impacta en la función pública, al ser cometida exclusivamente por funcionarios públicos o personas bajo su autoridad.
Según lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, este delito exige que el sufrimiento infligido sea grave, lo que diferencia a la tortura de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Durante la investigación, la fiscalía ha seguido los lineamientos del Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, que son estándares internacionales para la investigación de casos de tortura y muertes ilícitas en contextos de encierro.
La aplicación de estos protocolos busca que una investigación se realice de manera exhaustiva y transparente, y que el énfasis esté puesto en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Prisión preventiva: razones y riesgos
La prisión preventiva de los imputados fue ordenada debido al riesgo de que, en libertad, puedan entorpecer la investigación o fugarse.
La fiscalía argumentó que, al ser funcionarios públicos con acceso a los mecanismos internos del penal, los acusados tienen el poder de influir sobre testigos y la recolección de pruebas.
Además, destacó que la naturaleza del delito y el grado de impunidad con el que actuaron justifican la necesidad de su encarcelamiento preventivo.
En la fiscalía explicaron que “la vulnerabilidad de la víctima, quien estaba en una crisis psiquiátrica, y el grado de sufrimiento infligido hacen que esta sea una de las acusaciones más graves en el marco del Código Penal”.
Por su parte, la familia de César Moreno habló desde un principio sobre un delito organizado y destacó la condición de “violencia institucional” que se habría ejercido contra la víctima.
Su exesposa, Soledad González, había pedido que el fiscal detuviera a todos los responsables. La mujer aseguró que el padre de su hija es incapaz de dañar a un tercero y comentó que las crisis psiquiátricas de las que venía siendo objeto no habían derivado en una acción violenta.
La muerte de Moreno, ocurrida en un contexto de tortura y aislamiento extremo, pone de relieve las denuncias sobre violencia institucional en Bouwer, un establecimiento que ha sido objeto de múltiples quejas por malos tratos hacia los internos.
Por estos días, se suma una grave crisis institucional que vive la penitenciaría, donde por supuestos hechos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba hubo cuatro nuevas detenciones. Uno de los detenidos era parte de la plana mayor (director de Seguridad) en la actual gestión encabezada por Verónica Funes.
