La investigación penal contra la presunta organización criminal de origen ruso que operaba en Bariloche dio un nuevo paso. La sede fiscal descentralizada, liderada por el fiscal general Fernando Arrigo junto a los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, formalizó la investigación contra dos mujeres de nacionalidad rusa.
Con esta imputación, el caso de la secta, acusada de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, suma ya 23 imputados.
Formalización y pruebas contra nuevas imputadas
Las dos mujeres formalmente acusadas, identificadas por sus iniciales D.Z. y N.P., habrían actuado en coordinación con otros 21 imputados, de los cuales 19 continúan procesados. La fiscalía sostuvo ante el juez de Garantías Gustavo Zapata que las acusadas participaron en la captación, traslado y acogida de la víctima.
La organización utilizaba como pantalla un supuesto espacio espiritual y de práctica de yoga, valiéndose de la coerción, el engaño y el estado de vulnerabilidad extrema de la joven para la explotación sexual y la reducción a la servidumbre.
Durante la audiencia, el juez Zapata ratificó medidas cautelares ya vigentes sobre D.Z. y N.P., incluyendo la retención de pasaportes y la prohibición de salida del país. Ambas mujeres habían sido demoradas inicialmente tras una denuncia del dueño de una hostería de Neuquén donde se alojaban. En ese momento se les secuestraron computadoras, teléfonos celulares y prendas eróticas.
La fiscalía pudo fortalecer la hipótesis acusatoria gracias al apoyo técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Mediante el análisis del material incautado, los peritos lograron establecer conexiones directas entre D.Z., N.P. y los demás miembros de la organización.
El juez Zapata dispuso que el plazo de investigación se extienda hasta el próximo 3 de abril, con el fin de continuar la recopilación y análisis de pruebas.
Revocada la prisión domiciliaria del líder
En un desarrollo paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la decisión previa del juez Zapata que había concedido la prisión domiciliaria al principal acusado, el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, señalado como el líder de la organización.
El tribunal confirmó la prisión preventiva inicial y ordenó que Rudnev, quien intentó autolesionarse en el cuello con una hoja de afeitar durante su arresto, continúe alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, provincia de Chubut.
El parto que desencadenó el caso
La investigación se originó en una denuncia presentada por personal médico de un hospital de Bariloche. Los profesionales alertaron sobre el estado de sometimiento de una paciente embarazada de nacionalidad rusa, quien presuntamente estaba controlada por sus acompañantes.
La víctima, una joven de 22 años, había sido captada en Rusia y trasladada a Argentina. El 21 de marzo pasado dio a luz en el hospital rionegrino, momento en el cual una de las mujeres intentó modificar la partida de nacimiento para inscribir al bebé como hijo del supuesto líder.
A partir de esa denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada impulsó allanamientos en propiedades alquiladas por la organización. En los procedimientos se hallaron indicios del funcionamiento interno del grupo, como ventanas tapadas, colchones dispuestos en el suelo en amplios espacios, ropa erótica y pelucas.
El análisis de datos de los operativos reveló que los investigados planeaban abandonar el país. Esto motivó detenciones en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche y en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
En una audiencia anterior (abril pasado), el fiscal Arrigo expuso que Rudnev intentó obtener la nacionalidad argentina a través del nacimiento del hijo de la víctima, con el objetivo de tramitar la residencia en Brasil y consolidar la presencia de la organización en ambos países.
Rudnev es identificado como el fundador de una secta surgida en Rusia en la década del ’90. Además, cuenta con una condena previa en su país a 11 años de prisión por abuso sexual, y tiene un pedido de comparendo vigente en Montenegro desde octubre de 2024. Se confirmó que Rudnev y varios de los imputados ingresaron a Argentina en octubre del año pasado, con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones.
