La fiscal de Casos Complejos de Córdoba Valeria Paula Rissi investiga a la financiera Adhemar Capital SRL, ubicada en el corazón del Cerro de las Rosas, luego de dos denuncias penales contra la firma por presuntas asociación ilícita y estafa.
La compañía, con oficinas comerciales en Catamarca (casa matriz), Tucumán y Córdoba, alcanzó una mayor dimensión pública hace algunos días por la reestructuración de contratos con clientes, lo que generó la preocupación de los inversores que reclaman su dinero.
La situación se tornó escandalosa a mediados de febrero, cuando una serie de ahorristas increparon al CEO corporativo Edgar Adhemar Bacchiani en su casa de Catamarca, de donde debió salir escoltado por policías. “Estos aprietes de hoy no los tolero. Vamos a ver esos que gritan ‘ladrón’ si lo pueden justificar”, dijo en su cuenta de Instragram.
Las sospechas sobre la empresa coinciden, contextualmente, con el megaescándalo que atraviesa la firma Generación Zoe, con varios detenidos en Córdoba –entre ellos, policías de la provincia– y con un pedido de captura internacional que pesa sobre su CEO, Leonardo Cositorto, solicitado por la fiscal de Villa María, Juliana Companys.
Originalmente, Zoe fue denunciada en Buenos Aires y se la investiga por presunto fraude financiero, en lo que se denomina “esquema Ponzi” o “sistema piramidal”. Posteriormente, en Villa María se presentaron varias denuncias que derivaron en los arrestos y la solicitud de detención de Cositorto, quien no ha sido detenido aún.
Denuncias en Córdoba
Enclavada en un moderno edificio, Adhemar Capital tiene sus oficinas desde hace tiempo en Luis de Tejeda 4075, en pleno Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba.
Pero en las últimas horas quedó en la mira de la fiscal Rissi, quien investiga una denuncia. Sin embargo, más allá de presentaciones individuales, la funcionaria de Casos Complejos no ha avanzado con imputaciones.
Paralelamente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) también analiza los movimientos de la compañía.
La segunda denuncia que ingresó este jueves en Tribunales apunta contra el CEO, Adhemar Bacchiani; el apoderado en Córdoba, Augusto García Alaimo, y otras personas por presunta asociación ilícita agravada (artículo 210 del Código Penal), intermediación financiera no autorizada (art. 310) y supuesta estafa (art. 172).
El ahorrista –un militar– afirmó que la empresa requería efectuar una inversión mínima, que era de 500 mil pesos (octubre de 2021), fondos de los que no podía disponer libremente durante seis meses.
Durante ese lapso, la compañía realizaría inversiones en criptomonedas, otorgándole como cliente una rentabilidad del 13 por ciento mensual que se liquidaría cada 30 días en su cuenta bancaria. Luego de los seis meses, podía optar por retirar la inversión o continuar con la misma modalidad por otro período.
“Había un contrato de inversión que promocionaba esta empresa. Se anunciaba que esos fondos eran utilizados por Adhemar Capital SRL para invertirlos en el mercado de criptomonedas, procurando obtener rendimientos importantes”, dijo a La Voz Carlos Nayi, abogado del segundo denunciante.
Una vez pactado el contrato con la modalidad “bancarizada”, que requería acreditar la licitud del origen de los fondos, podía acercar a otras personas a colocar sus inversiones no bancarizadas, que lo harían a través de él, cobrándoles una especie de comisión.
Asimismo, el denunciante señaló que le ofrecieron hacer la inversión en efectivo, con un pago de los rendimientos de forma personal en las oficinas y con un beneficio equivalente al 22 por ciento mensual.
Pero sólo acordó la rentabilidad del 13 por ciento, es decir, el cobro de 65 mil pesos mensuales durante noviembre, diciembre y enero, pero ya no en febrero, lo que encendió las alarmas. “La empresa dejó de pagar los intereses”, señaló el letrado. El ahorrista intentó comunicarse por teléfono con la compañía, aunque no logró ubicar a ninguno de los empleados.
Posteriormente, Adhemar Bacchiani publicó en Instagram la situación de la firma: “Comunicado Adhemar Capital: Informamos que en las próximas horas estaremos enviando corresponsales a la ciudad de Córdoba a fin de normalizar la situación de nuestro clientes. Muchas gracias por su comprensión”.
Luego le siguieron otros: “Adhemar Capital, comunicado Nº 2: Debido al cierre arbitrario que hemos sufrido de nuestras cuentas bancarias oficiales, les hacemos saber a todos nuestros clientes que en el transcurso de los próximos 7 días hábiles, se empezará a regularizar la situación contractual. Gracias por la paciencia, pero más agradecido estamos por vuestro apoyo”.
“Adhemar Capital, comunicado Nº 3: Nuestro equipo técnico contable y administrativo realizará las presentaciones correspondientes en las próximas 48 horas de toda la documentación completa ya disponible a Binance, para poder así conseguir el descongelamiento de los fondos. Gracias por colaborar y entender la situación”, indicó.
Cómo era el contrato
De acuerdo con lo que pudo saber La Voz, la firma establecía un “contrato de mandato de inversión” con el ahorrista, con menos de 15 cláusulas.
En trazos generales, la empresa señalaba operar en el mercado de las criptomonedas con los fondos de los inversores para obtener rendimientos económicos.
La firma declaraba operar en las casas bróker, reguladas por la legislación argentina, y establecía que el ahorrista podía disponer libremente de su capital recién a partir del sexto mes desde la colocación de la inversión inicial.
La rentabilidad pactada –en este caso, convenida en octubre de 2021– era de 13 por ciento sobre los 500 mil invertidos (durante seis meses consecutivos).
Nayi señaló que el artículo 310 del Código Penal (por intermediación financiera no autorizada agravada) castiga con una pena de uno a cuatro años al que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.
“En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público –este es el caso– en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare –este es el caso– con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente”, recordó.
“El Banco Central de ninguna manera ha autorizado a esta empresa a actuar de la forma que hizo. Hay una clara sospecha de ser un esquema Ponzi, similar a Generación Zoe. Hay un mandato de inversión que vincula a la persona que aporta el dinero con esta empresa en Córdoba a través del apoderado Alaime y a su CEO a nivel nacional, Edgar Adhemar Bacchiani”, consideró el letrado.
“Sólo un bloqueo de cuentas”
Bacchiani es asistido en lo penal por los abogados Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, quienes aseguran que la situación no tiene nada que ver con las estafas piramidales, ni siquiera con una estafa.
Sánchez del Bianco le dijo a Universidad 580 que hubo “un bloqueo de cuentas” a raíz de un pedido de origen de los fondos por parte de la firma de criptomonedas Binance, cuyo reporte ya está siendo satisfecho.
Añadió Sánchez del Bianco que en Catamarca ya se reestructuró toda la deuda con el 90 por ciento de los inversionistas y que también lo están realizando con los ahorristas de Córdoba y de Tucumán.
“No se trata de ningún ilícito, cada uno de los inversionistas tiene su dinero asegurado por un contrato suscripto con cada cliente”, aseguró el abogado.
El penalista estimó que en 60 o en 90 días podría solucionarse el desfasaje y aseguró que se pagarán los intereses que haya generado la demora.
