Por el momento, la Justicia Federal se hizo de prueba, allanó a tres vecinos de Porteña (departamento San Justo, Córdoba) y uno de Vila (provincia de Santa Fe) y les secuestró su “intimidad” de datos para saber si las operaciones con criptomonedas realizadas durante los últimos dos años son algo más que “sospechosas”.
Ni los tres cordobeses ni el santafesino están detenidos. Sólo han sido “conducidos” unas horas hasta sede judicial para ficharlos y averiguar sus antecedentes. Pero luego volvieron a sus cosas, mientras se profundiza la investigación sobre un eventual direccionamiento de fondos a la célula terrorista Hezbollah (Partido de Dios), de origen chií libanés.
Conviene repasar antecedentes y el contexto internacional. Desde mediados de la primera década de este siglo la comunidad internacional montó vigilancia sobre las actividades de lavado de activos que pueden tener relación con el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado.
Argentina se adecuó a esos mandatos y creó la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que realiza patrullaje en busca de operaciones sospechosas. Todo agente relacionado con transacciones que puedan encuadrar en grandes movimientos de dinero (como entidades bancarias o escribanos) es un “sujeto obligado” a indagar el origen de esos fondos y en todo caso informar a la UIF. Se crean así los “ROS” o “reportes de operaciones sospechosas” que buscan detectar transacciones orientadas al financiamiento del terrorismo.
En este caso, la UIF venía realizando ciberpatrullaje y detectó el movimiento de criptoactivos. El chain analisis verificó una transacción de una persona de Porteña, una localidad ubicada al sur del Mar de Ansenuza, en el corazón del departamento San Justo.
El movimiento de criptomonedas era una transacción que en un “cuarto grado” (con tres intermediarios) se vinculaba con una criptobilletera que hizo saltar alertas de terrorismo en el sistema internacional.
El individuo de Porteña tiene acumulado “mucho” movimiento de moneda digital durante los dos últimos años, unos 1.800 millones de pesos, lo que significaría a valores actualizados 1,8 millones de dólares. Esta cifra, a su vez, no se corresponde con el giro comercial que sugiere su perfil económico.
Si bien hay estricto secreto de sumario, ya trascendió por muchos medios que el hombre en cuestión es un colombiano de apellido “Fierro Uribe” y cuya actividad declarada no es otra que la de profesor de inglés en esa localidad. También residentes en Porteña, junto a él se vincula en la investigación a dos mujeres con quien él tiene vínculos familiares.
El cuarto “sospechoso” de realizar operaciones con esta cuenta relacionada con Hezbollah es un residente de Vila, al centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Entre Porteña y esta localidad hay, cruzando el límite provincial, sólo 44 kilómetros.
De la sospecha a los allanamientos
Una vez que detectaron las operaciones sospechosas, se inició una investigación administrativa (prejudicial) en la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Al avanzar en sentido positivo, ya se dio intervención a la Justicia Federal, lo que hizo enviar los antecedentes que comenzó a manejar hace unas semanas la fiscal federal de Villa María (a cargo de la Fiscalía de San Francisco) María Marta Schianni, quien inició el análisis del material con expertos en antiterrorismo de la Policía Federal.
Al insistir en la pesquisa se detectó que, efectivamente, la trazabilidad de los movimientos de criptomonedas indicaba que había fondos que llegaban -en varias etapas- a una billetera digital que estaba en la lista negra (¿o roja?) como financiadora de Hezbollah.
Ya a esa altura, con las comprobaciones realizadas, era necesario intervenir sobre quienes originaban esos movimientos desde la provincia de Córdoba. Era necesario conocer “la intimidad” de ellos, sostienen desde la Justicia Federal. Obviamente, se referían a los dispositivos que tenían en su poder o en sus domicilios: celulares y computadoras.
Por eso, la fiscal Schianni lanzó el pasado jueves una serie de allanamientos en esas dos localidades y se hizo de abundante material que podría constituir prueba valiosa. Los cuatro fueron conducidos a sede judicial para su identificación, pero no están siquiera imputados, no hay un “hecho” descripto ni tampoco encuadre jurídico.
Con ese material secuestrado, y tras “fichar” a los involucrados –que están en libertad– ahora se inicia el análisis de toda esa prueba que determinará si existía un direccionamiento intencionado de monedas digitales a la célula terrorista. También establecerán si la última transacción que hizo saltar las alarmas fue la única y cuál fue su trascendencia.
La transferencia de “cuarto grado” puede ser una maniobra casual de movimientos de activos que terceros involucrados desviaron luego hacia Hezbollah. O cabe la posibilidad de que los porteñenses y el santafesino sean parte de una “jugada de pizarrón” con todas las intenciones de financiar a los terroristas.
Si ocurre esto último, la situación de los cuatro argentinos se complicará definitivamente. En eso está la investigación.
