El martes pasado, a través de una gacetilla de prensa, el Gobierno de Córdoba promocionó el “fortalecimiento” de la cobertura de seguridad en las escuelas “mediante la instalación de alarmas inalámbricas conectadas al 911 y supervisadas por la Policía de la Provincia”.
“En la actualidad, el 80 por ciento de las instituciones educativas de esta Capital poseen el nuevo sistema de alarmas y sólo resta la conexión a la Policía, estimándose que en 60 días más el proyecto estará concluido con 100 escuelas en contacto permanente con el Centro de Control Operativo de Jefatura”, se destacó en el comunicado.
Además, se dispuso que los directores de estos establecimientos educativos cuenten con botones antipánico para poder pedir auxilio de inmediato ante cualquier eventualidad delictiva en el ámbito escolar.
El anuncio, sin proponérselo, naturalizó todo lo que está mal. Si hoy alguien ajeno a Córdoba y al país sobrevuela con un dron la principal ciudad de la provincia, observará colegios públicos con gruesos muros (o altos alambrados) externos, ventanas enrejadas de manera grotesca, policías parados en la puerta o en el pasillo principal y toda una serie de elementos que en realidad deberían ser ajenos a la educación.
Mientras aún se debate la catástrofe educativa por la cuarentena, la deserción, la brecha digital y la falta de una conectividad democratizadora, el anuncio oficial habla de alarmas y botones antipánico para los colegios. Urgencias versus emergencias, en medio de un fin de año que ya comienza a vislumbrarse como complicado, con varios frentes simultáneos. Una crisis, en síntesis.
A nivel oficial, en Córdoba es cada vez más arduo mensurar la inseguridad de todos los días. El subjefe de Policía, Ariel Lecler, fue designado para que explicara a los medios el plan de las alarmas escolares. Pero en las entrevistas pronto comenzó a ser consultado por asaltos, robos, miedos vecinales, violencia policial y hasta el llamativo operativo que sufrió un vecino de Río Cuarto que había ido a reclamarle en un acto al gobernador Juan Schiaretti que bajara los impuestos.
Promocionar alarmas en las escuelas no es más que asumir que los delincuentes ya tomaron a estos establecimientos como un blanco fácil. Los colegios, acaso las últimas trincheras para intentar que en algunos barrios la realidad alguna vez se transforme en un horizonte más positivo, quedaron también a merced de los ladrones.
Aires acondicionados, cables, herrajes, computadoras, forman parte de los botines cotidianos. Esto, adentro de las escuelas. Afuera, alumnos, madres y padres tienen que organizarse para intentar no sufrir un asalto en el camino.
Antes de estas nuevas alarmas escolares, fueron los propios vecinos de Córdoba los que a sus impuestos regulares debieron anexar el otro costo de la inseguridad: alarmas privadas y comunitarias, seguros, candados, rejas, alambrados de púas, cercos electrificados, portones automáticos, un guardia privado, un perro bravo.
Si se suman los presupuestos de la Policía (más de 20 mil empleados), del Poder Judicial (casi 8.500), del Servicio Penitenciario (alrededor de 10 mil presos, además de los agentes del Servicio Penitenciario) y de la planta política alrededor del aparato de Seguridad, la cifra es multimillonaria.
Pero en esto no hay proporcionalidad directa: el gasto y la inversión aumentan, pero la inseguridad no disminuye. Acaso porque sus reales raíces no pueden ser atacadas por esta área, sino que son otros los ministerios que deberían arremangarse al mismo tiempo.
Tal vez alguna vez se entienda que la Seguridad no es un campo separado, sino de cuando emerge un todo.
De lo contrario, seguiremos condenados a celebrar una nueva alarma dentro de un colegio.
