Tras el escándalo protagonizado por el expresidente de la Juventud del PRO de Villa María Matías Emanuel Iturria (31), imputado por alteración dolosa de registros impositivos al engañar a indigentes y a la mujer que trabajaba como personal de casa de familia en su domicilio, el Tribunal Oral Federal N° 1 hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a cambio de la reparación del daño a los damnificados.
Vulnerabilidad y delitos
El contador quedó envuelto en la utilización de personas con alto grado de vulnerabilidad para la obtención de claves fiscales y la emisión de facturas a sus nombres, con el fin de disimular su real situación fiscal o la de otros contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
En uno de los casos, en febrero de 2018, habría modificado de forma dolosa el registro informático del fisco nacional relativo al denunciante para disimular su real situación fiscal.
La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, pudo establecer que consumó la maniobra al utilizar la clave fiscal del damnificado para actualizar su domicilio y darle de baja del Monotributo. Pero no habría sido la única finalidad, sino que lo habría dado de alta en los impuestos IVA, Ganancias y Bienes Personales. Seis días después, Iturria habría cambiado sus actividades económicas.
La fiscal consideró que modificó el registro relativo a las obligaciones tributarias del damnificado porque, una vez que fueron identificadas las IP a través de las que se perpetraron las maniobras, la empresa prestataria del servicio de internet indicó que el usuario de ellas fue Iturria.
El informe de Nosis (compañía que brinda información de antecedentes comerciales) y el enviado por la Afip a la fiscalía permitieron comprobar la denuncia, ya que se observaron las modificaciones mencionadas por el denunciante respecto de su domicilio, actividades y empresas con las que se lo involucró, y la existencia de facturas emitidas a su nombre, que desconoció ante la Justicia.
De este modo, Iturria fue imputado por alteración dolosa de registros. Pero su rol no se agotó en una sola causa. También quedó bajo la lupa por hechos similares en otros dos expedientes federales. Para la fiscal, las “idénticas” maniobras que se le endilgan le permitieron inferir que trazó “un modus operandi ilícito en su profesión”.
La causa que quizás causó mayor impacto fue la que nació tiempo antes, en 2016, en contra del dueño de un frigorífico, Tomás Lingua (31), de la localidad de Villa Nueva, e Iturria. En agosto de 2016, Lingua habría abusado de las incapacidades de un hombre alcohólico y en situación de calle. A cambio de $ 2 mil, acompañó al indigente hasta la Afip de Villa María para que sacara su clave fiscal.
Le habría hecho firmar los documentos para la inscripción tributaria. Sin embargo, Lingua habría entregado la clave a Iturria para modificar los registros y así disimular la real situación fiscal de otros contribuyentes. Habría llevado a cabo los cambios ante la web de la Afip a través de tres direcciones de IP.
Debido a las maniobras, el indigente, incluso, dejó de percibir los fondos de la Asignación por Hijo por un valor de $ 73.648 (tiene ocho hijos a su cargo y es viudo).
Quizás la situación que causó mayor conmoción en la Justicia federal local fue la de otro hombre, identificado como Julio Alfredo Sánchez (49), en situación de calle. También alcohólico, habría sido llevado por Lingua, el mismo día que el indigente anterior, ante la Afip tras entregarle unos $ 800.
Lingua habría repetido la modalidad: gestionar la clave fiscal para que Iturria y un tercer sospechoso presuntamente alteraran los datos del segundo indigente con el fin de disimular la situación de otros contribuyentes.
Ambos habrían dado de alta a la víctima ante Ganancias, IVA y Bienes Personales para el rubro reparación y mantenimiento de maquinarias en general y en actividades especializadas de construcción, y habrían emitido 20 facturas a nombre del hombre.
La particularidad es que el damnificado sufrió un perjuicio patrimonial, equivalente al monto que habría dejado de percibir la Asignación por Hijo, y vio agravada más aún su situación económica.
La sufrida vida de Sánchez terminó en tragedia cuando lo encontraron asesinado en una fosa de un viejo molino, por lo que fue detenido un joven de 14 años, en una causa instruida de forma paralela por la Justicia provincial y sin ninguna conexión con el caso federal, como reflejaron El Diario y La Voz.
Por su parte, la tercera causa por la que Iturria fue procesado arrojó sospechas sobre su figura y la de un comerciante santafesino. La exempleada doméstica de Iturria lo denunció por irregularidades, luego de que su nueva empleadora le realizó la liquidación del sueldo desde la web de la Afip, en noviembre de 2018. Surgió que su Cuit estaba “limitado”, por lo que en el fisco le aconsejaron que presentara una denuncia.
La mujer dijo que dos años antes –en 2016– había tramitado ella misma la inscripción por pedido de Iturria, para quien trabajaba por entonces. Contó que el contador le entregó todas las constancias emitidas por la Afip, luego de gestionar la inscripción, y que era el único que conocía su clave fiscal, porque ella no la recordaba.
Declaró que nunca realizó ninguna modificación ni gestión en el fisco, con lo que Iturria y el comerciante fueron imputados por alteración dolosa de los registros. El contador habría actualizado los domicilios y las actividades económicas de la mujer por servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario y de publicidad, reparación y mantenimiento de equipos, todos rubros ajenos al de ella. Y habría generado el alta en impuestos sobre Bienes Personales, Ganancias e IVA.
“Probation” y pago
El fiscal Maximiliano Aramayo Sánchez acompañó el pedido efectuado por los defensores de Iturria y de Lingua tanto de reparación integral como de suspensión del juicio a prueba (probation). De esta forma, el juez del Tribunal Oral N° 1, Jaime Díaz Gavier, hizo lugar a la probation en favor de Iturria por un año.
El contador deberá abonar a uno de los damnificados $ 650 mil (en tres cuotas mensuales) y $ 150 mil en un solo pago a otra víctima. Asimismo, en caso de no poder localizar a su exempleada doméstica y a los hijos del damnificado difunto Sánchez en tres meses, la restante suma de $ 712 mil pesos se repartirá entre quienes recibirán los $ 650 mil y los $ 150 mil, respectivamente.
Iturria deberá, además, realizar tareas comunitarias no remuneradas de apoyo escolar o similar a niños en condiciones de carencia, durante cuatro horas mensuales y por el lapso de tres meses.
Por su parte, Lingua deberá abonar $ 435 mil a la misma víctima que recibirá los $ 650 mil. De no localizar a los hijos de Sánchez, los restantes $ 315 mil irán, nuevamente, para el primer damnificado.
