Mientras sigue la conmoción por el alevoso asesinato del remisero Facundo Pereyra (46), ultimado de un balazo por la espalda en el marco de un asalto ocurrido el fin de semana en la ciudad de Río Cuarto, la Justicia y la Policía consideran el caso esclarecido. Las miradas están puestas en cuatro jóvenes menores de edad. Tres de ellos tienen entre 14 y 15 años y son inimputables, precisamente, por su edad. El restante tiene 16 y está acusado por homicidio en ocasión de robo.
El adolescente fue trasladado al Complejo Esperanza, el establecimiento donde se aloja a jóvenes en conflicto con la ley penal y que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba.
En ese complejo, ubicado en la comuna de Bouwer, hay en la actualidad 21 adolescentes menores de edad alojados por estar imputados por homicidio, por disposición judicial. En su mayoría, mataron mediante el empleo de armas. Todos son varones.
En paralelo, hay otros seis adolescentes alojados en ese complejo por el delito de tentativa de homicidio.
Desde la Senaf se informó a La Voz que en todo el Complejo Esperanza hay en total unos 144 adolescentes alojados allí y que tienen entre 16 y 19 años. Los 21 alojados por homicidio constituyen el 15% del total de la población.
La capacidad total del Complejo Esperanza (que cuenta con distintos módulos en su interior) está calculada en 190 plazas y se realizan obras para readecuar los espacios. Esto permitirá tener 20 lugares en total. De todos modos, esto es dinámico.
El Complejo Esperanza no es una cárcel, aunque tenga alambrado perimetral y cuente con custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba. Los policías no entran.
En el interior, los jóvenes no están en calabozos, aunque sí en celdas con rejas. Allí adentro se desempeñan celadores, docentes, técnicos y psicólogos que trabajan, según se señala de manera oficial, en la resocialización y reinserción de adolescentes.
Resocialización y delito
La institución tiene como objetivo central alojar a esos jóvenes en conflicto con la ley penal, educarlos, enseñarles oficios para resocializarlos de cara a un futuro, siempre bajo control de la Justicia penal juvenil. Algunos, de acuerdo con los avances, pueden acceder a salidas. Otros, en cambio, no acceden a esos beneficios y tienen que permanecer allí alojados para reeducarse.
Sin embargo, según resaltan funcionarios policiales y judiciales, muchos de los jóvenes que caen presos de manera periódica por delitos en las calles ya estuvieron alojados en Complejo Esperanza tiempo antes.
Esto sucedió con el adolescente de 16 que fue detenido ahora por el crimen del remisero de Río Cuarto.
También pasó con el otro adolescente menor involucrado en el asesinato de Sebastián Villarreal, aquel vecino que fue ultimado por motochoros, meses atrás, en barrio Yofre Norte, de Córdoba capital.
No son pocos los casos de juicios penales en Córdoba contra acusados ya mayores de edad en los que se comprueba que, cuando eran menores, tuvieron varias estadías en Complejo Esperanza.
En esos procesos queda en evidencia muchas veces de qué manera los jóvenes no superan las adicciones a las drogas.
En este sentido, no dejan de ser críticas las voces de funcionarios judiciales que se preguntan qué tratamiento reciben allí.
Una de las voces más críticas ha sido y sigue siendo la de Alberto Crucella, quien hizo gran parte de su carrera como juez de Menores en Córdoba. Crucella no deja criticar la política y la ley de tratamiento con menores en conflicto con la ley. Varias veces, la calificó de fracaso.
Robos, el principal delito
Según datos de la Senaf, el robo calificado es la principal causa por la cual los adolescentes terminan recluidos en Complejo Esperanza. Hay 75 internos bajo esa figura penal.
Otros 23 adolescentes están alojados por delitos como amenazas, encubrimiento, tenencia ilegal y comercialización de estupefacientes, lesiones graves o violencia familiar.
La tercera causa es homicidio: ya hay 21 jóvenes menores alojados.
El cuadro se completa con 13 adolescentes alojados por tentativa de robo, seis por abuso sexual y seis por tentativa de homicidio.
Entre todos los internos hay tres que tienen 14 años, uno que tiene 15 y cuatro que cuentan con 19 años. Los rangos de edades más repetidos son los adolescentes de 16 años (37 en total) y de 17 años (81 internos). Hay 18 adolescentes recluidos con 18 años.
Desde la Senaf se indicó que, del total de alojados, 142 son varones y hay dos chicas.
En enero eran cuatro las mujeres en guarda por conflicto con la ley penal. La participación de chicas en el delito continúa siendo muy baja y presenta una tendencia en disminución.
Vale aclarar que los llamados “egresos” (cuando un adolescente recupera la libertad) y los ingresos al complejo son decisiones que exceden a Senaf y que corresponden a la Justicia de Menores, se indicó.
Las fuentes de la Senaf señalan que hay “un comportamiento estacional” en el número de alojados.
En enero había 102 internos, detallaron. Pero en mayo del año pasado había 127, un número que se asemeja más a la cifra actual de detenciones.
No obstante, alarma el dato de que este año hay 17 detenidos más que en el mismo mes del año pasado.
A fin de año, la cifra de detenciones suele descender, explicaron desde Senaf. Es la época en la que se cursa la mayoría de los permisos de salida y los adolescentes “se conectan” con el exterior.
Todo sucede en el marco de “un estricto plan de seguimiento”, según se detalló desde el organismo.
Sin embargo, a comienzos de año, la cifra pareciera estacionarse, analizaron, y a medida que van avanzando los meses se vuelve a elevar la población del Complejo.
Crimen y baja de la edad de imputabilidad
El crimen del remisero de Río Cuarto volvió a actualizar en Córdoba el debate por la baja de la edad de imputabilidad.
Lo mismo ya ha sucedido en oportunidades anteriores con otros casos conmocionantes, como lo fue el crimen del vecino Sebastián Villarreal, meses atrás.
En las últimas horas, la familia del trabajador asesinado en Río Cuarto, en medio del dolor y la conmoción, reclamó que se “baje la edad” de imputabilidad.
En consonancia se expresó también el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. “(Antes) tenía una postura tomada, pero a medida que va pasando el tiempo la estoy empezando a cambiar porque no se puede más, hay que hacer modificaciones al régimen por lo menos para algunos delitos”. Y agregó: “Hay que animarnos a rediscutir. Es increíble la cantidad de hechos que están pasando con menores que matan, que no es su primer ingreso. No se si no habría que empezar a evaluar un régimen en el que, si no es un delito de esta dimensión, tengas un tratamiento y a tu segundo ingreso pases a otro tratamiento”, manifestó.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se expresó varias veces de manera similar.
A su turno, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo semanas atrás: “Los datos claramente indican que cada vez tenemos más menores cometiendo delitos. La pregunta clave que nos debemos contestar es si, bajando la edad de imputabilidad de los menores, solucionamos el tema. Yo tengo una postura muy simple. Tenemos que cambiar la edad de imputabilidad, la bajemos. Pero ¿qué vamos a hacer con esos menores en la cárcel? Esas son las respuestas que no me da nadie”.
