En la semana judicial que se está cerrando, provocó una interesante movida en Tribunales 2 la detención de dos empresarios de la noche que están citados a juicio por la muerte de la joven artista visual riotercerense Tania Abrile (38), quien murió en julio de 2016 por una descompensación debida a consumo de éxtasis en una fiesta electrónica en el hoy cerrado estadio Orfeo Superdomo, de la capital provincial.
Los titulares de Buenas Noches Producciones, Héctor Oscar “Tori” Baistrocchi e Iván “Vampy” Aballay, fueron detenidos cautelarmente por orden de los vocales de la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba, con el objeto de garantizar la realización del juicio.
Los jueces pretenden preservar la realización del debate, al haberse enterado de indicios de peligrosidad procesal por parte de ambos imputados, a quienes se les atribuye “facilitación de lugar para el consumo de estupefacientes” y “homicidio culposo”.
En concreto, se informó a este medio que ambos salieron 11 veces del país (ocho Baistrocchi y tres Aballay) sin avisar al tribunal, lo que contradice una de las condiciones que se les había impuesto para esperar en libertad el juicio.
De este modo, la violación de esa medida les significa a los dos activos empresarios que esperarán el juicio detenidos hasta el 1° de noviembre. De todos modos, en los fundamentos de la detención se indica que, además de medios económicos y contactos en el extranjero que les pueden facilitar una fuga, ambos tienen un pronóstico hipotético de condena de “prisión grave y efectiva”.
Ese conjunto de características que los dos reúnen hace presumir un peligro procesal de evasión que evitaría el juicio, en el que también debe responder el jefe de seguridad del evento, por los mismos cargos, y un “médico trucho”, este por homicidio simple (doloso).
Pero surge en la memoria un antecedente inmediato de un caso de similitudes muy estrechas. Al comenzar este año, durante febrero se juzgó la primera muerte en Córdoba en una fiesta electrónica de un joven por consumo de estupefacientes y sin que llegara a recibir una atención médica adecuada.
El antecedente que seguramente movió a los jueces de la Cámara 6ª a detener a Baistrocchi y a Avallay es el del homicidio culposo de Francisco “Pancho” Mignola, quien falleció sin recibir asistencia médica durante una fiesta que se hizo en 2014 en la estancia El Silencio, en una zona aislada del camino a El Cuadrado, en inmediaciones de Salsipuedes. Murió tras hacer convulsiones y ser llevado tardíamente a La Falda, donde ingresó prácticamente sin signos vitales.
El juicio celebrado en la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba desnudó una falencia judicial muy grave. Sólo llegó a juicio y fue condenado Ricardo Mariano Carballo, a tres años de prisión en suspenso, por los mismos cargos del juicio que empieza en noviembre, “facilitación de lugar para el consumo de estupefacientes” y “homicidio culposo”.
La falencia grave que presidió este juicio es que en el banquillo de los acusados se sentó sólo Carballo, mientras César Augusto Lombardi Santa Ana –el otro imputado por similares responsabilidades– no concurrió, fue considerado en ausencia en rebeldía y no pudo ser juzgado
En diciembre, el defensor y el tribunal habían “acordado” que Lombardi Santa Ana regresaría de su viaje por México, lo que no se concretó en febrero. Luego, el acusado cortó comunicación con las autoridades y con su abogado, y pasó a ser un prófugo.
La persecución a los responsables de la muerte de Mignola vencía (prescribía) en marzo próximo. Aún está por verse si el Tribunal Superior “resuelve” esta posibilidad, con alta incertidumbre y con un acusado que sigue sin comparecer. Para los familiares de “Pancho”, por la pena condicional a Carballo y la falta de juzgamiento al otro empresario, no se hizo justicia.
Por eso, está claro que los jueces que harán el juicio en noviembre quisieron “curarse en salud”. Dicho en otros términos, siempre “es mejor prevenir que curar”.
