La secuencia no tiene fin. Arrancó antes de la pandemia. Pero a todas luces (y sombras) parece haberse agravado en esta nueva normalidad. Y allí continúa. Sin pausa ni freno, graves episodios se vienen registrando uno tras otro.
Hablamos de hechos de violencia de distinta clase, forma y matriz, pero que vienen cobrándose vidas, pulverizando familias y sacudiendo hogares mientras no dejamos de estremecernos. Lo peor es cuando ese espanto detona bajo el ala estatal.
Hay que bucear y mucho en la historia criminal cordobesa para encontrar un caso de espanto como el que sacudió a Traslasierra, con el alevoso asesinato de un pibe como Santiago Aguilera.
A sus 18 años, lo secuestraron, lo torturaron con púas tumberas y lo mataron a golpes. Luego cargaron su cuerpo y lo tiraron en un camino alejado de Villa Dolores, aprovechando quizá que muchas cámaras no funcionaban. No hubo plomo, ni esposas, ni fuego, pero la saña fue mayúscula y estremece.
La banda homicida, y que todavía goza de impunidad, se dio el lujo de pedir un millonario rescate por Santiago. Para los investigadores, todo fue una venganza, mientras ponen bajo la lupa al círculo de relaciones, contactos y negocios del padre.
Mientras una fiscalía (federal) busca respuestas por Santiago, en otra fiscalía (ya provincial) se trabaja para dilucidar la gran historia de espanto que detonó y que cuesta concebir: las muertes de bebés en el hospital Neonatal de Córdoba capital.
En rigor de verdad, algunos pequeños murieron, otros sobrevivieron. ¿A qué? Las sospechas apuntan a sustancias inoculadas de forma intencional.
Por eso, hay una enfermera presa. Para el fiscal, sería una asesina serial. Para la familia de la chica, una “perejil” en medio de una historia de terror.
En el medio, personal médico y del Ministerio de Salud provincial bajo sospecha de no haber hecho las cosas bien y a tiempo. Como ya pasó con el caso del médico “trucho”, donde también hubo muerte, por cierto.
Volviendo al Neonatal, hay tres exfuncionarias del hospital imputadas, por ahora por presuntamente haber ocultado la verdad.
En otra fiscalía, en tanto, avanza la investigación contra seis policías (que siguen presos) involucrados en el homicidio de un joven esquizofrénico y adicto, como era Jonatan Romo. Tuvo un brote psicótico en La Falda y cayó víctima de asfixia mecánica tras su detención y traslado.
Un caso terrible que, por cierto, se agrega a otros episodios de la misma Policía cordobesa en estos años, también bajo investigación.
Hablando de brotes psicóticos, en otras fiscalías siguen trabajando y resolviendo casos de espanto protagonizados, este año, por pacientes psiquiátricos: un muchacho que robó una camioneta y comenzó a chocar autos hasta matar a un motociclista; una mamá que ultimó a su pequeña con un destornillador; un joven que masacró a su familia con un machete.
En medio de todo, tenemos fiscalías que vienen investigando femicidios, intentos de femicidios, asesinatos de niños, malos tratos contra pequeños y abusos sexuales, demasiados abusos sexuales. A veces, esos abusos son dentro de casa. Otras veces, en dependencias del Estado, como pasó en una residencia de la Senaf en el norte cordobés, o en el Neuropsiquiátrico, como se sospecha ahora.
Sin contar que en otras unidades judiciales cordobesas se avanza sobre gravísimos crímenes y episodios de violencia urbana enmarcados en la maldita noche, la del descontrol, esa donde víctimas y victimarios son jóvenes que saldan diferencias de la peor manera y muchas veces bajo efectos de sustancias.
Córdoba es esa aldea donde la cadena de episodios de espanto no están teniendo freno; más bien lo contrario.
