Hay una característica aprendida y ejercida por muchas autoridades desde hace décadas en Córdoba. Esa capacidad queda más que a la vista ante el gran problema en barrios y ciudades: la inseguridad.
Basta que haya una secuencia de graves episodios o de escándalos para que el Gobierno lance un plan (o desempolve uno viejo y le dé retoques) contra el delito.
En 2004, esa forma de actuar fue obscena.
Bastó que las marchas callejeras para que se atrapase a un violador serial estallara en los medios y en la Casa de Gobierno, para que las autoridades lanzaran su plan: ADN para policías, y una recompensa. Todo fue un golpe de efecto. Nada sirvió.
Marcelo Sajen fue cercado por un trabajo judicial serio y se pegó un tiro.
Desde entonces, e incluso antes, el esquema se repitió muchas veces: ante cada problema de seguridad, un plan oficial que se lanza. El mismo problema de seguridad, otro plan lanzado.
En otras oportunidades, se contraataca un problema con un anuncio, sobre todo ante escándalos. ¿Hay un caso serio? Se lanza una “purga policial” o un “nuevo protocolo”.
En cierta manera, ello demuestra reacción oficial ante un problema. Para eso está el Estado: dar respuestas. Ahora, ¿son respuestas?
El punto es, y tantas veces pasó, que en muchas oportunidades fueron respuestas efectistas. Dicho por los vecinos: son espejitos de colores.
Días atrás, en medio de una crisis penitenciaria que no cesa (y ante habeas corpus judiciales por la superpoblación de presos) se anunció una nueva cárcel. En rigor de verdad, se relanzó el anuncio de un nuevo módulo que ya se construye y se está terminando. Se le dio un ostentoso nombre: “Cemax”.
Ahora, ante una inseguridad que mete miedo y se extiende en barrios, con graves casos con víctimas, sobreabundancia de armas, drogas y violencia por drogas y reclamo de vecinos por inoperancias, se lanza un plan de territorialidad. Todo en medio de causas contra policías, FPA y guardiacárceles.
Un plan lanzado en medio de interrogantes barriales sobre la utilidad y continuidad de las guardias urbanas, cuyo jefe dio un portazo, o del programa “Ojos en alerta”, cuyos ideólogos niegan que sea un patrullaje VIP en algunas zonas.
Si volvemos al anunciado plan de territorialidad, a nivel judicial ya funciona hace rato.
Las fiscalías de Capital trabajan en zonas asignadas. Esto se afianzará, dicen. Cada fiscal tendrá un comisario y un CAP, remarcan.
También se dijo que habrá fiscalías de flagrancia móviles: eso ya se anunció hace tiempo. Y será clave, porque resolverá gran parte de las detenciones diarias.
En lo policial, se anunció que se multiplicarán distritos policiales.
Es una gran marcha atrás, porque es un esquema que ya había sido dejado de lado años atrás por deficiente y porque redunda en más jefes y jefes de jefes.
Además, cuando se lo desechó fue porque Capital y zonas cercanas habían quedado tan atomizadas que las patrullas no alcanzaban y los policías tampoco, los vecinos no sabían adonde acudir y había comisarios que decían que no iban a tal zona porque no era su jurisdicción, entre otras complicaciones.
Sin contar que había decenas de “caciques” policiales y pocos “indios”.
Por ello se dispuso tener menos distritos policiales, como es hasta ahora. Pero ahora dicen que tampoco eso funciona y se volverá atrás.
En el nuevo plan se señala: “Cada vecino conocerá a su comisario”. Una promesa que acumula décadas y gobiernos.
Y se va más allá: se dice que cada vecino conocerá a su fiscal. Pero el fiscal seguirá estando en Tribunales II.
La inseguridad es dinámica. Es cierto. Y los planes tienen que ser dinámicos. También cierto.
Sin embargo, en los barrios sigue el pedido de que el móvil llegue y patrulle con policías que no tengan el celular en la mano; que en la unidad judicial atiendan rápido y bien; que el robo (chico o grande) se esclarezca y que el ladrón, cuando caiga, no salga libre por la puerta giratoria.
¿Y en el interior cordobés? Por ahora, los vecinos leen qué pasará en la Capital.
